Las oficinas antifraude de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares reclaman su papel de protectores de los denunciantes por corrupción ante la ausencia de un ente a nivel nacional
Este jueves, reunión en el Parlamento de Andalucía en Sevilla, sede provisional
Las agencias y oficinas autonómicas contra la corrupción de España se han reunido este jueves en Sevilla en un encuentro organizado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y que ha tenido lugar en la sede de la institución autonómica, situada provisionalmente en el Parlamento de Andalucía.
El encuentro ha reunido a los máximos responsables de las autoridades: Ricardo Vicente Puyol, director la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción; Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña; Joan Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF); y Belén Méndez, directora en funciones en la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción en las Illes Balears.
En un comunicado, AVAF ha recordado que, con ocasión del anteproyecto de ley, que incorpora al derecho interno la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, en la reunión se ha abordado la necesidad de un anclaje normativo que recoja el papel de protección de las personas alertadoras que desempeñan dichas autoridades independientes y que las reconozca claramente como canal externo de denuncia.
Foto oficial del encuentro facilitada por la Oficina.
El objetivo de esta demanda es que las funciones que vienen ejerciendo, de acuerdo con sus leyes reguladoras, queden adecuadamente refrendadas en su ámbito competencial en el citado anteproyecto de ley. Se ha advertido, asimismo, de la necesidad de que el texto proyectado no suponga una regresión de los derechos ya reconocidos.
El pasado 16 de marzo, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía, Ricardo Vicente Puyol Sánchez, explicó en el Parlamento de Andalucía que ya se habían registrado 20 denuncias sobre corrupción. También comunicó que varias personas “han empezado a solicitar protección”. Además, reclamó a los grupos parlamentarios que “nos pongamos las pilas”, para agilizar los trámites de la aprobación del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de este organismo.
Puyol tiene fijado un sueldo público de 86.777 euros brutos en 2022, según la Ley de Presupuestos autonómica. Es una cantidad similar a la que percibe el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pero un 25,3% más que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que percibe 69.243 euros.
Puyol Sánchez conservará su sueldo como magistrado, aun cuando su posición dentro de la estructura institucional de Andalucía se ha asimilado a la de un viceconsejero, según informó Europa Press.
Sin agencia a nivel nacional
Como ya informamos en enero de 2021, España sigue sin disponer de una autoridad nacional de lucha contra el fraude y la corrupción. Y lo peor de todo es que no parece que el asunto esté en la agenda política para los próximos meses. La pandemia de la Covid-19 lo ‘arrasó’ todo y la transparencia y las personas que denuncian prácticas opacas y abusivas en la Administración Pública y no tienen protección son sus víctimas.
Fuentes de la AVAF consultadas por Sueldos Públicos señalaban entonces que “es necesario que España cuente con una autoridad nacional de lucha contra el fraude y la corrupción. En estos momentos, únicamente están funcionando a nivel autonómico la Oficina Antifraude de Catalunya, la Oficina de prevención y lucha contra la Corrupción de Baleares y la Agencia Valenciana Antifraude”. En ese momento, todavía no estaba en marcha la de Andalucía.
Estas mismas fuentes explicaban que la propuesta, todavía embrionaria, no recogía detalle alguno sobre dónde estaría la sede de esta autoridad, agencia u oficina de carácter nacional. No se ha desarrollado cuál sería el organigrama ni el nombre del cargo del máximo responsable. Tampoco si debería ser elegido por el Congreso de los Diputados y qué retribución tendría asignada, según el rango. Por ejemplo, si el puesto equivale al de un secretario de Estado, un subsecretario o un director general.
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