El Gobierno de Pedro Sánchez se ha sacado de la chistera este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que ‘resucita’ una agencia estatal para mejorar, en teoría, la transparencia y la rendición de cuentas en la Administración General del Estado. Se trata de evaluar las políticas públicas, es decir, analizar, de verdad, de manera sistemática, si el dinero público invertido en tal obra, proyecto, ayuda o subvención se emplea de manera correcta, se cumplen con los objetivos propuestos, si no hay desviación de fondos o demoras en los plazos de ejecución y si sirve para mejorar la vida del ciudadano y de la sociedad, en general.

No es nada nuevo. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creo la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) en 2006, pero Mariano Rajoy decidió suprimirla once años después y con un coste de 40 millones para el contribuyente. La falta de personal y de medios siempre fue una constante durante la existencia del ente.

Pedro Sánchez, en una rueda de prensa (La Moncloa).

En principio fue un proyecto del entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para mejorar la coordinación entre los diferentes niveles administrativos y luchar contra el despilfarro. En 2007 tuvo un presupuesto de 4,9 millones de euros, pero más de la mitad, 2,7 eran gastos de personal. En julio de 2017, el que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprobó un decreto de “disolución” y reubicación de los empleados en la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública. El sitio web existe (www.aeval.es), pero no está operativo. Sin embargo, se pueden consultar todos los contenidos y documentos publicados mientras tuvo actividad.

En 2014, con los comienzos de la recuperación económica tras la Gran Recesión, los recortes en AEVAL continuaron. El presupuesto se quedó en 3,9 millones y la plantilla pasó de 75 a 47 empleados, tal y como te contamos en este artículo.

Anteproyecto de Ley

La creación de esta Agencia viene recogida en el Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. La norma, según el comunicado remitido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige María Jesús Montero, servirá para fortalecer, sistematizar y dar estabilidad y calidad al proceso de análisis de las diversas políticas puestas en marcha por el Estado central.

“La evaluación de las políticas públicas está consolidada como una herramienta de mejora y de aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer eventuales correcciones y, en última instancia, para rendir cuentas a la ciudadanía”.

Esta ley, que el Ejecutivo pretende tramitar por la vía de urgencia, tiene como objetivo implantar y fortalecer una organización básica para poder llevar a cabo ese análisis en el ámbito de la Administración General del Estado, dotándolo de estabilidad, calidad en su desempeño y universalidad en su ejercicio.

Los principales elementos que contempla la nueva norma son el establecimiento de un mecanismo de planificación estable de evaluación para toda la Administración General del Estado, para lo cual se diseñará un sistema de indicadores comunes. Además, se pretende reforzar la evaluación 'ex ante', previo a la aprobación de las políticas públicas, y se quiere emplear los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas.

Se pretende fomentar, asimismo, una cultura evaluadora en el conjunto de la Administración, propiciando un cambio en los paradigmas al integrar la evaluación de políticas públicas como herramienta de mejora, rendición de cuentas y transparencia. En este sentido, no se parte de cero, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) cuenta con una dilatada experiencia en la evaluación 'ex post' de revisión del gasto público. Por tanto, lo que el Gobierno pretende con esta ley es ampliar este enfoque y dar un carácter transversal a la evaluación de políticas públicas.

Además, la nueva ley contempla, como hemos mencionado la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar y supervisar el sistema público de evaluación. De esta forma, con este nuevo enfoque transversal la evaluación de políticas públicas tendrá como objetivos finales:

• Optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, sugiriendo recomendaciones a su diseño e implementación, y mejorar la planificación y los instrumentos de la acción pública.
• Impulsar la innovación en la actuación del sector público, facilitando el contraste de ideas, promoviendo la creatividad y el máximo provecho de los recursos para colaborar en una gestión pública moderna, participativa, abierta y útil para solucionar o mejorar los problemas y retos sociales.
• Colaborar para que el sector público estatal sea eficaz en la asignación y utilización de los recursos, así como en el uso de los principios de buena gestión económico-financiera y sostenibilidad presupuestaria de las finanzas.
• Permitir, con sistemas de recogida, valoración y difusión de la información, el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad.
• Contribuir a mejorar la situación de los retos de la sociedad, tales como la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial, la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, entre otros.

Indicadores comunes

Para lograr esos objetivos, la ley contempla la creación de un sistema de indicadores comunes para acometer dichos procesos de seguimiento de las políticas, aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública.

Asimismo, la norma permitirá diseñar una estructura organizativa para la gobernanza de la práctica evaluadora, así como definir los procesos, sistema de recogida de datos e indicadores y la planificación básica en materia evaluadora en la Administración General del Estado. En ese sentido, con carácter general, la evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar. Además, la ley contempla el diseño de planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos.

Tipos de evaluación

Esta norma también establece cómo se llevará a cabo la evaluación de las políticas públicas a nivel estatal. De esta forma, se establecen dos instrumentos:

El Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal y que será aprobado por parte del Consejo de Ministros tras su elaboración por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Mediante este plan cuatrienal se evaluarán las políticas públicas que se consideran relevantes y estratégicas desde el punto de vista social y económico.

El Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada ministerio. Este tendrá una periodicidad bienal y contempla tanto la obligación de evaluación 'ex ante' y 'ex post' de las políticas de relevancia para cada departamento; y la obligación de efectuar una evaluación intermedia en las políticas que duren cuatro años o más. Este plan departamental será aprobado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, tras su presentación a la Comisión Superior de Evaluación.

La nueva Agencia

La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas será un organismo público encargado de supervisar, coordinar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales.

Esta agencia dispondrá de un servicio web común para todos los departamentos, diseñado específicamente teniendo en cuenta las peculiaridades de la planificación pública, que permita realizar el seguimiento de los indicadores de los proyectos, hitos y avances.

También está previsto el diseño de un portal temático sobre evaluación, en el que se incluirá el portal de comunicación institucional, y que se constituirá como nodo digital de la red de expertos, y de renovación y refuerzo de los procedimientos y sistemas tradicionales de coordinación e intercambio de datos, así como de transparencia. (Podrían reciclar, reutilizar u optimizar la web de AEVAL y reducir costes).

Otros organismos

Con la idea de constituir una estructura que consolide el marco institucional de la evaluación de políticas públicas, además, se pondrán en marcha unidades de coordinación departamentales encargadas de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de evaluación de políticas públicas de cada Ministerio.

Para fomentar la coordinación entre las diferentes carteras del Gobierno se creará la Comisión Superior de Evaluación, un órgano colegiado interministerial de cooperación y participación en la Administración General del Estado. Asimismo, se propiciará la participación de la sociedad civil mediante la creación de un Consejo General de Evaluación, donde entidades, organizaciones y asociaciones ayudarán al fomento de la cultura evaluadora.