En noviembre de 2002, el entonces ministro de Justicia del segundo Gobierno de Aznar, José María Michavila, anunció que el Ejecutivo embargaría el salario y todos los ingresos patrimoniales que pudiera recibir el que fuera director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, entre 1986 y 1993. El objetivo era que el abogado del Estado impulsara “decididamente” la intervención de los ingresos salariales y las rentas patrimoniales “hasta alcanzar el montante total y jurídicamente probado que fue robado a todos los españoles”. Entonces, el abogado de Roldán cifró en 6,18 millones de euros (1.029 millones de pesetas) los bienes y cuentas incautadas a él, su esposa y a su testaferro, Jorge Esparza. También reconoció una deuda o multa judicial de seis millones de euros.

El pasado 24 de marzo, Roldán falleció en Zaragoza. Tenía 78 años. Nació en 1943 y con 33 se afilió al PSOE. Fue el primer civil en asumir la dirección de la Benemérita. Se hizo ‘famoso’ por robar dinero de los fondos reservados y hacer fortuna a costa del dinero del contribuyente. El primero en contarlo en 1993 fue Diario 16.

El rotativo demostró el injustificable aumento de patrimonio de Roldán. Una fortuna de cerca de 10 millones de euros, con operaciones fraudulentas que no casaban con un sueldo público de 600.000 pesetas brutas al mes. Otras fuentes mencionan 400.000 pesetas netas (2.400 euros de ahora). Si comparamos, en 1993, el Salario Mínimo Interprofesional en España no llegaba a las 59.000 pesetas. Exactamente, 58.585 pesetas. El entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, anunció su dimisión, aunque el propio Roldán solicitó su cese. Luego viene la historia de la fuga y su captura en el aeropuerto de Bangkok.

Cinco años después, Roldán fue juzgado por la Audiencia Nacional y condenado a 28 años de prisión por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Se endosó 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1.800 millones en comisiones. En su mayoría era dinero público destinado a modernizar las casas cuartel de la Guardia Civil. La multa fue de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al Estado de 578,9 millones. Sin embargo, el procedimiento civil solo ha podido recuperar 1,6 millones de euros con el embargo de sus cuentas y propiedades intervenidas, pero el grueso de su fortuna, más de 1.600 millones de pesetas, sigue en paradero desconocido.

Si Roldán fuera director general de la Guardia Civil ahora sería “cienmileurista” y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le concedería, con toda probabilidad el correspondiente plus de productividad. Este cargo tiene rango de subsecretario de Estado. Según el BOE, estos cobraron 69.755 euros brutos, incluidas dos pagas extraordinarias, en 2021. La diferencia entre esta cifra y la que publica el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado es el complemento de productividad,

Actualmente, el puesto lo ocupa María Gámez. Transparencia afirma que Gámez ingresó 130.099 euros en 2021, incluidos 10 trienios de antigüedad por su condición de funcionaria. En 2020 fueron 122.317 euros, con nueve trienios. Según el BOE, un subsecretario de Estado cobró 69.755 euros el año pasado, incluidas dos pagas extraordinarias. La diferencia entre esta cifra y la que publica Transparencia es la productividad, además de los trienios. Son más de 60.000 euros de plus más la antigüedad.

Si comparamos, el director general de la Policía, también con rango de subsecretario, cobró 124.053 euros el año pasado. Francisco Pardo Piqueras no es funcionario y, por lo tanto, no cobra trienios. Su plus de productividad supera los 55.000 euros.

En enero de 2020, Gámez se convirtió en la primera mujer en dirigir el instituto armado. Con su nombramiento, este digital pronosticó que podría cobrar más de 120.000 euros anuales, pese a que el sueldo de un subsecretario no llega a los 70.000.

Funcionaria desde 1992

María Gámez Gámez nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1969 y es la menor de los 11 hijos del farero de Estepona. Según la página web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y diplomada en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo. Comenzó su carrera entre 1992 y 1994 en la Oficina del Defensor del Pueblo de Sevilla.

Posteriormente, como funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, prestó servicio en la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla entre 1996 y 1997. Ese mismo año se incorporó en la Delegación de Trabajo e Industria de la Junta en Málaga hasta 1998. Un año después, asumió las labores de asesora de Relaciones Laborales en la Delegación de Salud de la Junta en Málaga hasta 2002. Entre 2002 y 2004 fue jefa de Servicio de Planificación de Recursos en la Delegación de Salud de Málaga.

Entre 2004 y 2008 fue delegada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, y entre 2008 y 2010, desempeñó el cargo de delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. También ha sido concejal del Ayuntamiento de Málaga y portavoz del grupo socialista en este mismo consistorio. Asimismo, ha sido vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE, secretaria de Sanidad de la Ejecutiva regional del PSOE de Andalucía y presidenta de la Ejecutiva del PSOE en Málaga. Desde 2016 y hasta su nombramiento como subdelegada del Gobierno, estaba en la Delegación de Cultura de la Junta en Málaga.