Con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía, el evento se ha aplazado para la semana del 21 de junio al 1 de julio.

Semana Santa, Semana Fallera, Semana Fantástica… y de nuevo, la Semana de la Administración Abierta (SAA). Es una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week), que este año se va a celebrar del 16 al 20 de mayo. En el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado se explica que su objetivo principal es acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

La Alianza para el Gobierno Abierto reúne a líderes gubernamentales, defensores de la sociedad civil y ciudadanos en una alianza única, que promueve una gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable, según su página web.

Para esta edición de la Semana se pondrá el foco en eventos de carácter virtual o semipresencial, teniendo en cuenta tanto las circunstancias sanitarias como el gran potencial que tienen estos formatos en la difusión de contenidos innovadores y a gran escala. Desconocemos si los organizadores, además de tener en cuenta la pandemia de la Covid-19, también hay contado con la coyuntura bélica en Ucrania. Con todo, está previsto que se celebren:

• Presentación de planes/programas
• Procesos participativos (lanzamiento de consultas u otros procesos)
• Entrevistas
• Webinars / Seminarios
• Debates / Coloquios
• Presentación de publicaciones, campañas de publicidad, contenidos virtuales (sitio web, aplicaciones, etc.)
• Concursos / Hackathon
• Jornadas de puertas abiertas
  

En España, la SAA está coordinada e impulsada por la Dirección General de Gobernanza Pública, con la colaboración del Foro de Gobierno Abierto. Puedes inscribirte a través de este formulario.

Declaración de Gobierno Abierto

Hasta 78 países respaldaron en septiembre de 2011 la Declaración de Gobierno Abierto. Reproducimos su contenido.

Como miembros de Open Government Partnership, comprometidos con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales aplicables relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno:

Reconocemos que las personas en todo el mundo están exigiendo más apertura en el gobierno. Piden una mayor participación cívica en los asuntos públicos y buscan formas de hacer que sus gobiernos sean más transparentes, receptivos, responsables y efectivos.

Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en sus esfuerzos por promover la apertura en el gobierno, y que cada uno de nosotros busca un enfoque coherente con nuestras prioridades y circunstancias nacionales y las aspiraciones de nuestros ciudadanos.

Aceptamos la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer nuestros compromisos de promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para hacer que el gobierno sea más eficaz y responsable.

Defendemos el valor de la apertura en nuestro compromiso con los ciudadanos para mejorar los servicios, administrar los recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades más seguras. Adoptamos los principios de transparencia y gobierno abierto con miras a lograr una mayor prosperidad, bienestar y dignidad humana en nuestros propios países y en un mundo cada vez más interconectado.

Juntos, declaramos nuestro compromiso de:

Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales.
Los gobiernos recopilan y conservan información en nombre de las personas, y los ciudadanos tienen derecho a buscar información sobre las actividades gubernamentales.

Nos comprometemos a promover un mayor acceso a la información y la divulgación de las actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno.

Nos comprometemos a aumentar nuestros esfuerzos para recopilar y publicar sistemáticamente datos sobre el gasto y el desempeño del gobierno para actividades y servicios públicos esenciales.

Nos comprometemos a proporcionar de manera proactiva información de alto valor, incluidos datos sin procesar, de manera oportuna, en formatos que el público pueda ubicar, comprender y usar fácilmente, y en formatos que faciliten la reutilización.

Nos comprometemos a brindar acceso a recursos efectivos cuando la información o los registros correspondientes se retengan indebidamente, incluso mediante la supervisión efectiva del proceso de recurso.

Reconocemos la importancia de los estándares abiertos para promover el acceso de la sociedad civil a los datos públicos, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información gubernamentales.

Nos comprometemos a buscar comentarios del público para identificar la información de mayor valor para ellos y nos comprometemos a tener en cuenta dichos comentarios en la mayor medida posible.

Apoyar la participación ciudadana.

Valoramos la participación pública de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y formulación de políticas. La participación pública, incluida la plena participación de las mujeres, aumenta la eficacia de los gobiernos, que se benefician del conocimiento, las ideas y la capacidad de supervisión de las personas.

Nos comprometemos a hacer que la formulación de políticas y la toma de decisiones sean más transparentes, creando y utilizando canales para solicitar comentarios públicos y profundizando la participación pública en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades gubernamentales.

Nos comprometemos a proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para operar de manera coherente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, asociación y opinión.

Implementar los más altos estándares de integridad profesional en todas nuestras administraciones.
Un gobierno responsable requiere altos estándares éticos y códigos de conducta para los funcionarios públicos.

Nos comprometemos a contar con políticas, mecanismos y prácticas anticorrupción sólidas, asegurando la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y las compras gubernamentales, y fortaleciendo el estado de derecho.

Nos comprometemos a mantener o establecer un marco legal para hacer pública la información sobre los ingresos y bienes de los funcionarios públicos nacionales de alto rango.

Nos comprometemos a promulgar e implementar reglas que protejan a los denunciantes.

Nos comprometemos a poner a disposición del público información sobre las actividades y la eficacia de nuestros órganos de prevención y aplicación de la ley anticorrupción, así como los procedimientos para recurrir a dichos órganos, respetando la confidencialidad de la información específica de aplicación de la ley.

Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.
Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para compartir información, participación pública y colaboración. Tenemos la intención de aprovechar estas tecnologías para hacer pública más información de manera que permita a las personas comprender lo que hacen sus gobiernos e influir en las decisiones.

Nos comprometemos a desarrollar espacios en línea accesibles y seguros como plataformas para brindar servicios, involucrar al público y compartir información e ideas.

Reconocemos que el acceso equitativo y asequible a la tecnología es un desafío y nos comprometemos a buscar una mayor conectividad en línea y móvil, al mismo tiempo que identificamos y promovemos el uso de mecanismos alternativos para la participación cívica.

Nos comprometemos a involucrar a la sociedad civil y la comunidad empresarial para identificar prácticas efectivas y enfoques innovadores para aprovechar las nuevas tecnologías para empoderar a las personas y promover la transparencia en el gobierno. 

También reconocemos que aumentar el acceso a la tecnología implica apoyar la capacidad de los gobiernos y los ciudadanos para usarla.

Nos comprometemos a apoyar y desarrollar el uso de innovaciones tecnológicas por parte de empleados gubernamentales y ciudadanos por igual. También entendemos que la tecnología es un complemento, no un sustituto, de una información clara, usable y útil.