Equiparar la calidad de la gestión pública con el volumen de gasto empleado es una visión tan reduccionista como errónea. Lo que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar si la gestión pública es adecuada son sus niveles de eficiencia y eficacia. (...)

La importancia del empleo público, tanto en términos de coste sobre el total del gasto público (más de la mitad del gasto público corresponde a sueldos y salarios) como en términos de porcentaje sobre el empleo total (17,4% del empleo total en 2021), hace necesaria la búsqueda de su eficiencia y el aumento de su productividad, lo que redundará en un mejor servicio a los ciudadanos y una mejora de la productividad global de la economía.

¿Crees que España gasta el dinero público de manera eficiente? Es más, ¿te has parado a pensar lo que cuesta un empleado público y lo que soporta un trabajador del sector privado para sostener el coste de un funcionario o personal eventual?

Pues bien, este lunes, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha publicado el informe  “Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España” que contiene el Índice IEE de Eficiencia del gasto público. Este señala que España no obtiene una posición favorable en lo que se refiere a eficiencia del gasto público en un contexto internacional. 

El IEE es una asociación que se fundó en 1979 “por un grupo de destacados empresarios españoles para promover, realizar y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y sociales, en especial las que afectan a España con objeto de impulsar a la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos”. Para otros es el “laboratorio de ideas” de la patronal CEOE.

Según este estudio, nuestro país obtiene una puntuación de 74,4 y se sitúa en la posición 29 de 37 países analizados, en la zona media baja de la tabla, claramente por debajo de la media de la UE (que obtiene una puntuación de 98,6) y también alejado de la media 100 de la OCDE. En un comunicado, el Instituto explica que España ha mostrado un deterioro, según el Índice IEE, de unos diez puntos desde el año 2019, lo que denota una pérdida relativa de eficiencia en comparación con otros países de la OCDE. Ante este escenario, es evidente que España tiene un amplio margen por delante para tratar de mejorar la eficiencia de su gasto público, lo que redundaría en beneficio, no solo de la Administración Pública, sino de toda la sociedad española en general.

Estos resultados cualitativos se pueden transformar en cuantitativos y se estima que España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE. Ello supondría un ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros, aunque podría ser mayor en la actualidad, ya que los datos que utilizamos son de 2019 y se ha producido un deterioro de la eficiencia del gasto público en España en los años recientes. De esta forma, con este ahorro de gasto público derivado de igualar nuestros niveles de eficiencia de gasto público a los del promedio de la OCDE, podría lograrse la necesaria consolidación fiscal sin recurrir a subidas de impuestos.

Coste de los empleados públicos

El informe, un documento de 158 páginas, dedica un apartado al empleo público, los sueldos y salarios. Destacamos algunos pasajes: 

El coste de cada empleado público a las arcas de la Administración ha experimentado un progresivo crecimiento. Se ha pasado de los 40.000 euros anuales en 2005, como media, a los 58.000 de 2020. La cifra del gasto en 2001, año en que comenzó el proceso de transferencias del Estado a las autonomías, era de 60.011 millones; ahora supera los 140.000 millones; es decir, en 20 años se ha más que duplicado. La contrastación de estas cifras con las europeas muestra que España tiene un volumen de empleo público inferior al del promedio de los países desarrollados. Ahora bien, el gasto dedicado a remunerar estos puestos de trabajo es superior a la media de la eurozona. Por añadidura, un empleado público es un 54% más caro que uno privado.

Una de las razones es que con la crisis se abarató la mano de obra privada, cosa que nunca puede suceder con la pública. Gasto neto de los empleados públicos: el Coste Neto de los empleados públicos en el último año disponible, que es 2019, sería de 108.205 millones de euros, el resultado de detraer del gasto en empleados públicos por parte de la Administración pública, que es 134.463 millones de euros, lo que contribuyen los empleados públicos mediante impuestos al mantenimiento del sistema, que son 26.258 millones de euros.

Fuente IEE.

Así pues, como término medio, los empleados públicos costaron, en 2019, a cada persona que estaba trabajando, 5.470 euros/año, y si contamos solo los asalariados del sector privado 8.046 euros/año. Por último, es clave reseñar la participación residual en el gasto público total de las funciones clásicas del Estado —defensa, justicia, asuntos exteriores y seguridad— que son bienes públicos puros y, en consecuencia, productivos en tanto que son imprescindibles para el mantenimiento del orden social y de un entorno de estabilidad necesario para el desarrollo de la actividad productiva. En España, esas actividades suponen una porción irrelevante y, en buena medida, decreciente del PIB. El Estado español, en eso sí, a similitud de la mayoría de los Estados industrializados occidentales, se ha transformado en un gigantesco mecanismo de transferencia de rentas que extrae cada vez más recursos de sus sectores productivos.

El personal al servicio de las Administraciones públicas necesario para desempeñar las funciones básicas del Estado es, según el Boletín Estadístico, de 291.030 empleados públicos. Sin embargo, el total del personal que trabaja para la Administración pública es casi 10 veces el anterior.

Cada persona que trabaja en el sector privado se tiene que hacer cargo, como media, de 19.109 euros anuales para pagar a pensionistas, desempleados y empleados públicos. En el capítulo de pensionistas el coste atribuible a cada trabajador del sector privado es el más alto, con 830 euros por mes; después el de los desempleados, 92 euros por mes; y, por último, el de los empleados públicos, que nos cuestan, cada mes, 670 euros a cada trabajador del sector privado. La conclusión es que la España pública cuesta, como media, 1.595 euros al mes a cada trabajador del sector privado español. Es una hipoteca de un buen piso para cada asalariado, con la diferencia de que la hipoteca dura unos años determinados, mientras que estos cargos permanecen durante toda la vida laboral.

La España que vivió del Estado en 2020 se distribuye de la siguiente manera: casi 8,9 millones de pensionistas con pensión; 2,9 millones de parados con prestación (sin contar los ERTE) y cerca de 3.3 millones empleados públicos. De esas variables, solo tiene un potencial bajista el número de desempleados, ya que la demografía, junto con el vigente modelo de reparto, se traducirá, de manera inevitable, en un incremento de la cuantía de jubilados y la contratación en las Administraciones ha vuelto a su proceso expansivo al iniciarse la recuperación. Esto significa que, ceteris paribus, la grieta entre esas dos Españas no sufrirá alteraciones sustanciales en el futuro, al menos, en el horizonte temporal del corto y del medio plazo; panorama desalentador.