La invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas de Vladímir Putin ha provocado que medio mundo se interese por un país que lleva décadas intentando romper todas las cadenas que le unían a la Unión Soviética. Su intención, por ahora frustrada, de entrar en la OTAN y las últimas peticiones de su presidente de solicitar su ingreso en la Unión Europea obligan a los observadores internacionales a analizar con lupa las instituciones públicas de esta joven y débil democracia. Los intentos por ofrecer más y mejor información a los ciudadanos sobre sus gobernantes, las finanzas de los partidos políticos, sistemas de declaración electrónica o la creación de varias agencias nacionales marcan la senda de trabajo del Gobierno de Kiev.

La corrupción ha sido considerada durante mucho tiempo como el principal problema de Ucrania y es tema de mucho debate, tanto a nivel nacional como internacional. La página web del Ejecutivo de Volodímir Oleksándrovich Zelenski, señala que Ucrania ocupa el puesto 120 de 180 países, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2018 publicado por Transparencia Internacional. Y aunque la clasificación de Ucrania sigue mejorando cada año, tal estado de cosas aún está lejos de ser aceptable. España ocupó el puesto 34 en 2021. 

Según numerosos informes y encuestas, es la corrupción la que plantea el mayor problema tanto para las empresas extranjeras como para las nacionales. Los altos niveles de soborno y abuso de poder provocan la destrucción del sistema de valores sociales y la desconfianza absoluta en las autoridades públicas, que en última instancia provocan consecuencias económicas negativas, aumentan la desigualdad y ralentizan el crecimiento de los ingresos de los hogares.

Sede del Consejo de Ministros de Ucrania (Wikipedia/ Daniel Haußmann).

En este contexto,  Ucrania ha puesto en marcha una reforma anticorrupción que tiene por objeto, sobre todo, establecer un sistema eficaz de prevención de la corrupción basado en el orden público, la gestión adecuada de los asuntos públicos y los bienes, la integridad escrupulosa y una supervisión civil sólida.

La aplicación de las leyes fundamentales contra la corrupción que establecen una responsabilidad administrativa y penal más severa por el incumplimiento de los requisitos de propiedad y declaración de ingresos ha llevado la prevención y la lucha contra la corrupción a un nivel completamente nuevo. De esta manera, el sistema de declaración electrónica de Ucrania ha ganado reconocimiento nacional e internacional como un fenómeno innovador en términos de tecnología y escala.

Es indiscutible que las declaraciones electrónicas contenidas en el Registro Estatal Unificado de Declaraciones de Personas Autorizadas para Desempeñar las Funciones de los Gobiernos Estatales o Locales (el "registro de declaraciones electrónicas") son una fuente de información tanto para las autoridades anticorrupción competentes como para los activistas de la sociedad civil para detectar la corrupción. Esto corrobora los requisitos de la UE para el correcto funcionamiento del sistema de declaración electrónica y la verificación de las declaraciones.

En total, a finales de 2018 se registraron más de 1.256 millones de usuarios registrados y más de 2.885 millones de documentos electrónicos presentados, incluidos más de 2.457 millones de declaraciones electrónicas, alrededor de 313.000 declaraciones electrónicas modificadas y casi 115.000 informes de cambios materiales en los activos de un declarante.

NAPC

La eficacia de la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción ("NAPC") para verificar las declaraciones de los funcionarios públicos y verificar la presentación oportuna de declaraciones e informes de cambios materiales en los activos de un declarante ha aumentado junto con el enfoque disciplinado de los declarantes.

Desde principios de 2019, NAPC ha comenzado 600 comprobaciones de declaraciones completas con el uso de un sistema de control aritmético y lógico de declaraciones.

La baja integridad de algunos funcionarios públicos, el abuso de autoridad, la falta de actitud crítica de la mayoría de los ucranianos hacia la corrupción menor y la percepción del soborno como un medio eficiente para resolver problemas se encuentran entre los principales factores que contribuyen a la corrupción y agregan complejidad a su erradicación.

En los últimos años se han realizado esfuerzos holísticos para aplicar el sistema de planificación de la política local de lucha contra la corrupción (programas de lucha contra la corrupción) sobre la base de los resultados de la evaluación del riesgo de corrupción. El NAPC aprobó la metodología de evaluación del riesgo de corrupción como autoridad designada responsable de la formulación y aplicación de la política nacional de lucha contra la corrupción y la aplicación de las medidas preventivas pertinentes.

En 2018, el 97% de todas las autoridades públicas establecieron comités de evaluación del riesgo de corrupción con la participación activa del público y los expertos, mientras que NAPC recibió 129 programas anticorrupción, de los cuales 115 fueron aprobados sujetos a comentarios y propuestas. Todos los programas de lucha contra la corrupción se publican en el sitio web del NAPC. El público y los expertos contribuyen a su desarrollo proporcionando propuestas de contenido.

Otras funciones preventivas de NAPC son monitorear y controlar el cumplimiento de las leyes que rigen la conducta ética, prevenir y resolver conflictos de intereses que afecten a las personas autorizadas para desempeñar las funciones de los gobiernos estatales o locales y las personas equivalentes a ellos, y supervisar el cumplimiento de las restricciones anticorrupción.

En el año 2018 se elaboraron y remitieron a los tribunales 471 denuncias de infracciones administrativas en relación con el incumplimiento de los requisitos legales aplicables sobre la base de la información recibida de personas físicas y jurídicas en comparación con 159 en 2017.

ARMA

La Agencia Nacional de Búsqueda, Rastreo y Gestión de Activos Derivados de la Corrupción y Otros Delitos (ARMA) fue creada para abordar el tema del descubrimiento ineficaz de activos derivados de la delincuencia y la corrupción. La creación y operación de ARMA fue uno de los requisitos clave del Plan de Acción de Liberalización de Visados como parte del diálogo entre Ucrania y la UE sin visado.

En 2018 se hizo un esfuerzo para completar la creación de la capacidad funcional de ARMA para realizar sus funciones de búsqueda, rastreo y gestión de activos. Por ejemplo, la oficina central de ARMA contaba con personal y se establecieron seis administraciones regionales.

Los diferentes tipos de bienes incautados (propiedades, vehículos, derechos patrimoniales) se transfirieron a los administradores para su gestión y los rendimientos alcanzados a un nivel adecuado para su mantenimiento hasta su posterior confiscación o restitución a sus propietarios. Durante los últimos años ARMA incrementó sustancialmente los ingresos para el Presupuesto Estatal de Ucrania de la gestión de activos incautados.

Finanzas de los partidos

En octubre de 2015, un año después de que Rusia se anexionara Ucrania y comenzara la guerra en la región del Donbás, la Rada Suprema de Ucrania adoptó la Ley de Ucrania sobre la modificación de ciertos actos legislativos de Ucrania sobre la prevención de la corrupción política, que introduce la financiación pública de los partidos a partir del 1 de julio de 2016 en proporción a su apoyo electoral.

Esta decisión dio impulso a las tendencias positivas en las actividades y la financiación de los partidos políticos, ya que ahora pueden rechazar el dinero de los oligarcas y evitar tener que buscar patrocinadores poderosos. Así, comenzaron a construir sus redes regionales que realmente trabajan con el electorado. Surgen perspectivas para el desarrollo de nuevos proyectos políticos, se han introducido sanciones por violaciones de las leyes sobre la financiación de los partidos políticos.

Tras el análisis de los estados de propiedad, ingresos, gastos y pasivos financieros de los partidos políticos, NAPC elaboró 401 registros de infracciones administrativas por violaciones de corrupción política en 2018 (en comparación con 264 en 2017)*.

*Este texto es, en su mayoría, un versión parcial y editada de la información publicada en la página web del Gobierno de Rusia.