El 19 de enero, 13 candidatos al puesto de presidente y adjunto al presidente de la Agencia de Protección de Datos tenían una entrevista de selección de media hora de duración. Entre las 11:30 y las 14:55 horas, una pausa, y entre las 15:40 y las 19:40 horas. La convocatoria, con los nombres y apellidos de cada uno, se publicó cinco días antes en la página web del Ministerio de Justicia en el marco del “Proceso selectivo para la designación de la Presidencia y de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos” que comenzó a mediados de noviembre. Unos meses antes, el 2 de junio, el BOE publicó el Estatuto de la Agencia que dice:

La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en el artículo 109 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente». Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

Pero también dice que “ni el personal ni los miembros de los órganos de la Agencia Española de Protección de Datos podrán aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. El presidente “no recibirá instrucciones de autoridad alguna”.

Lista de los candidatos a los dos puestos.

Tanto el presidente como el adjunto tendrán la consideración de alto cargo. El primero, con rango de subsecretario de Estado y el segundo, con rango de director general. Son dos trabajos con una dedicación exclusiva y serán incompatibles con el ejercicio de cualquier actividad pública o privada, retribuida o no.

Según datos de la página web de la Agencia, la hasta ahora directora del ente, Mar España Martí, cobró 96.750 euros brutos en 2020 y no percibió indemnización alguna tras abandonar el puesto el año pasado. Fue nombrada en julio de 2015. En este sentido, los datos del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado reflejan decenas de ejemplos de directores generales y subsecretarios de Estado que pueden cobrar entre 80.000 y más de 90.000 euros brutos anuales sumando los trienios de antigüedad, en el caso de que sean funcionarios, y el famoso complemento de productividad.

Alerta de Access Info

La organización que vela por la rendición de cuentas y la calidad del sistema democrático, Access Info, ha pedido al Gobierno español que garantice un proceso transparente y basado en los méritos para la selección de estos dos puestos. En un comunicado señalan que la preocupación sobre este proceso ha surgido después de que salieran a la luz alegaciones de que los dos principales partidos políticos (PSOE y PP) habían llegado a un acuerdo sobre quiénes obtendrían los cargos (un candidato del PSOE, en el gobierno, para el puesto de presidente/a y un candidato del PP, en la oposición, para el puesto de adjunto.

Esto ha provocado la advertencia del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Wojciech Wiewiórowski, que declaró al diario El País que “ la UE no descarta intervenir en caso de que finalmente salgan elegidos los candidatos acordados por el PSOE y PP”. Añadió que “la influencia política en las autoridades de protección de datos ha aumentado en algunos países en los últimos años. Y eso suele ser extremadamente peligroso”.

Hasta ahora, el proceso se ha realizado siguiendo las normas establecidas en la legislación española que establece claramente una selección basada en los méritos por parte de un comité de expertos tras una convocatoria abierta. Este comité se creó en noviembre de 2021. Access Info insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que garantice la transparencia del informe que se presentará al Congreso, y solicita que las audiencias celebradas por la Comisión de Justicia del Congreso sean abiertas, así como que los candidatos sean seleccionados por sus méritos.

La directora ejecutiva de Access Info, Helen Darbishire, afirma que “dada la preocupación que pesa sobre este proceso, es especialmente importante que haya plena transparencia en torno a los próximos pasos”. Y añade que “es imperativo que el público español pueda confiar en que las personas que supervisan la protección de sus datos personales sean los candidatos mejor cualificados y que hayan sido elegidos por sus méritos y no estén en deuda con ningún partido político”.

Convocatoria

El Estatuto de la Agencia indica que dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido éste, se publicará en el BOE la convocatoria pública de personas candidatas mediante orden de la persona titular del Ministerio de Justicia.

En la orden se regularán las bases de la convocatoria. En ella se especificarán los requisitos a evaluar de las personas candidatas, que permitan acreditar que se trata de personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos, sobre la base del mérito, la capacidad, la competencia y la idoneidad, entre los que se pueden recoger las capacidades legales de la persona candidata, la experiencia profesional, la capacidad de desarrollar el trabajo o los conocimientos técnicos, en particular referidos al ámbito de protección de datos. La idoneidad de las personas candidatas exigirá que su independencia, conducta intachable e integridad deben estar fuera de toda duda.

Una vez convocado el procedimiento, se constituirá un comité de selección con la finalidad de examinar las candidaturas y proponer la persona candidata más idónea. La clave, y de ahí un posible vicio del proceso, es que este comité que evalúa las candidaturas está formado por cargos de libre designación en su mayoría, con una vinculación más o menos evidente con el gobierno de turno. Es decir, un secretario de Estado, un subsecretario, un magistrado (a propuesta del Ministerio de Justicia); un cargo anterior de la Agencia, también a propuesta de Justicia y un miembro de la Abogacía del Estado (que lo coloca el Gobierno), no pasarían el primer filtro de independencia. El comité estará compuesto por estos cargos:

• La persona titular de la Secretaría de Estado de Justicia, que ostentará la Presidencia.
• La persona titular de la Subsecretaría del Ministerio para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
• Un Magistrado o una Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a propuesta del Ministerio de Justicia.
• Un o una jurista de reconocida competencia, con al menos diez años de actividad profesional en materia de protección de datos, a propuesta del Ministerio de Justicia.
• La persona titular de un organismo de protección de datos autonómico o una de las personas que hayan ocupado el puesto de la Dirección o Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos con anterioridad al saliente, a propuesta del Ministerio de Justicia.
• La Secretaría corresponderá a un miembro de la Abogacía del Estado, designado por la persona titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.