Como cada principio de mes, hemos vuelto a conocer los datos de las listas del paro y de afiliados a la Seguridad Social. Llevamos ocho meses consecutivos de descensos y vamos camino de rozar los 19,7 millones de cotizantes, algo histórico en nuestro país desde que se contabilizan estas cifras. Pero ¿qué sueldo público cobran los responsables políticos de estas áreas?

El organismo oficial de control es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. Este sistema desarrolla las medidas y acciones necesarias para garantizar el empleo. Así lo explica su propio portal web. Sin embargo, dentro de este sistema existe una serie de responsables con sueldos públicos encargados del funcionamiento y la regularización del paro.

Así, la titular de la cartera en el Gobierno de Pedro Sánchez es la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Desde mitad de julio tiene un sueldo asignado de 6.645 euros mensuales, según el BOE. Antes cobraba 6.238 euros, solo como ministra, al igual que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En 2022, Díaz percibirá 81.341 euros en 12 pagas de 6.778 euros si conserva el cargo durante todo el año, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado. En 2020 ingresó 72.368 euros por 11 meses y medio en el puesto. Además, es diputada por Pontevedra desde enero de 2016 y tiene derecho a ingresa la indemnización libre de impuestos de 14 pagas anuales de 1.959 euros.

Dentro de su departamento ministerial, la subsecretaría de Trabajo y Economía Social, Gemma del Rey, cobró una retribución anual de 104.659 euros en 2020 por desempeñar las funciones de apoyo y asesoramiento técnico al titular del Departamento en la elaboración y aprobación de las medidas de actuación. A su vez, la directora del Gabinete de Díaz, María Amparo Ballester, que con rango de directora general mientras era minstra, ingresó 92.081 el año pasado. (El director de Gabinete del presidente tiene rango de secretario de Estado; el director de Gabinete de la vicepresidenta, rango de subsecretario; y el de los ministros, de director general).

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, percibió una retribución de 115.543 euros brutos en 2020 por estar 11 meses y medio en el cargo, sin que haya cobrado trienios de antigüedad, según se desprende de la información disponible en Transparencia. No obstante, su reseña biográfica sí indica que es profesor universitario en un centro público. Una parte de esa cantidad se debe al famoso y opaco complemento de productividad. Un suplemento destinado a “retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa del funcionario” que concede quien lo nombra.

La directora general de Trabajo, Verónica Martínez, cobró 83.175 euros en los que se incluyen cuatro trienios. Siguiendo la misma línea, Maravillas Espín, su directora general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y Responsabilidad Social obtuvo una retribución de 83.697 euros; por último, la secretaria general técnica, Blanca Cano, recibió 66.872 euros. Ambas incluyen cinco trienios.

Sobre los organismos públicos adscritos del ministerio, el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez Ardoy, encargado del Sistema Nacional de Empleo ingresó 93.245 euros el año pasado. Donde entre sus competencias destaca su función de “garantizar la información sobre el mercado de trabajo con el fin de conseguir la inserción y permanencia en el mercado laboral de la ciudadanía''.  Y el director a cargo del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, percibió un total de 65.626 euros, incluidos cinco trienios. Así lo describe el portal web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Premio extraordinario de doctorado

Joaquín Pérez Rey es doctor en Derecho y premio extraordinario de doctorado. Ejerció como profesor titular de Derecho del Trabajo y director de Departamento en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, ha investigado en varias universidades europeas y participó en congresos nacionales e internacionales. 

A lo largo de su carrera profesional, ha formado parte de un grupo de expertos para analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y cuenta con más de siete libros de su propia autoría relacionados con su campo de especialización. Entre sus actividades destaca como miembro del Centro Europeo Latinoamericano para el Diálogo Social y su colaboración con la Asociación Española del Derecho del Trabajador, Salud y Seguridad Social.