Andalucía es la comunidad autónoma con más casos de corrupción de todo el país, según un informe del portal Casos Aislados. Con el fin de mejorar en transparencia, buenas prácticas y rendición de cuentas, el gobierno autonómico que preside el ‘popular’ Juan Manuel Moreno Bonilla, presentó en marzo un proyecto de ley donde se incluía la creación de la Oficina contra el Fraude. Su puesta en marcha era uno de los compromisos que hicieron el Partido Popular y Ciudadanos en el pacto de Gobierno. La primera votación en el Parlamento regional se llevó a cabo a finales de septiembre, donde el PSOE y algunos diputados de Adelante Andalucía se abstuvieron, impidiendo así su constitución. A mitad de octubre, se consiguió la mayoría absoluta necesaria.

Este organismo será independiente del Ejecutivo de Bonilla, ya que estará adscrito al Parlamento de Andalucía. Para dirigir esta nuevo ente público, Ciudadanos propuso al magistrado Ricardo Puyol, que ha sido el único candidato. Puyol fue juez en Marbella entre 2007 y 2011, cuando la ciudad se enfrentaba a una consecución de casos de corrupción, como los del “caso Malaya”. La oposición tilda de cacicada esta elección y de convertir a la Oficina en un ente teledirigido y sin independencia.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado 22 de octubre que el cargo que ocupará Puyol tiene rango de viceconsejero de la Junta. Así, la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2021 indica que la asignación de un viceconsejero es de 60.618 euros brutos al año en 12 pagas, más 2.009 euros en concepto de paga extraordinaria los meses de junio y diciembre. Esto suma un total de 64.638 euros al año, más los trienios por antigüedad, en caso de ser funcionario.

Sin embargo, el juez mantendrá su sueldo como magistrado de la Audiencia de Granada en vez del correspondiente a las funciones de director general. Este hecho se debe a que el juez no puede percibir retribuciones inferiores a las que le tocaban en su Administración de origen. La Junta subsanará este hecho a través de un complemento personal con el importe de la diferencia retributiva.

Por lo tanto, el salario que recibirá Puyol Sánchez es de 86.774 euros anuales, según Europa Press, que cita fuentes del Parlamento. Al mes son 6.189 euros por ser magistrado, en los que se incluyen el sueldo, los trienios y el complemento de destino. Además, el BOJA del 22 de octubre indica que recibirá “una cantidad fija mensual de 500 euros brutos al mes” por la indemnización de vivienda o alojamiento, ya que su domicilio habitual se encuentra a más de 60 kilómetros de Sevilla. 

Si comparamos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobra 12 pagas de 7.070 euros este año, aunque percibirá unos 1.700 euros más el año que viene. En total, 86.552 euros y 14 pagas de 935 euros libres de impuestos como diputado por Madrid. Resulta, por otra parte curioso, que la indemnización de Puyol sea una cantidad “bruta” porque en el Congreso de los Diputados y en el Senado esa partida para sufragar gastos de vivienda o alojamiento está exenta de tributación.

En el acuerdo de creación de la Oficina, según la Mesa del Parlamento, también se informa de tres nuevos puestos de trabajo al servicio de este organismo. La cobertura de estas posiciones será mediante comisión de servicios entre funcionarios de carrera de la Junta con una duración máxima de un año hasta que se aprueben los contratos definitivos. Las retribuciones de esta nueva plantilla se asignarán en función de la normativa reguladora de personal al servicio de la Cámara. Asimismo, se modifica el Presupuesto del Parlamento para este año a través de la aprobación de un crédito extraordinario. Hablamos de un asesor técnico jurídico, nivel, 28, con un complemento específico de 23.942 euros; un asesor técnico, nivel 26, y un complemento específico de 18.578 euros; y un secretario de Direrción de la Oficina, nivel 22, con 16.442 euros anuales de complemento.

El sueldo del juez es un 25% superior al del propio presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, 69.243 euros en 2021. En otras comunidades existen oficinas u organismos similares. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que cuenta con la Agencia Valenciana Antifraude. Y Cataluña, con la Oficina Antifraude de Cataluña. El ente valenciano paga 66.435 euros anuales a su director, Joan Antoni Llinares Gómez. El director de la entidad catalana, Miguel Ángel Gimeno Jubero, tiene una retribución de 146.669 euros, son casi 60.000 euros más que Puyol (59.895).

Asociación Profesional de la Magistratura

Ricardo Puyol Sánchez se licenció en Derecho en 1997. Ha trabajado como juez titular en diferentes localidades de Almería, como Roquetas de Mar; y en Palma de Mallorca. También ha sido magistrado-juez titular en Marbella y Málaga. Durante otra etapa fue magistrado de la Audiencia Provincial de Granada del Orden Penal-Sección II Especializada en Violencia sobre la Mujer.

A nivel institucional, entre 2009 y 2014 fue vocal electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tras dejar ese cargo, empezó a trabajar como vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) hasta enero de 2017.