El caso Taula lleva seis años encima de la mesa de los tribunales y, por fin, el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha procesado a casi 100 personas por las infracciones cometidas. La gran mayoría de investigados/ imputados desaparecieron de las primeras filas de la política cuando se dio a conocer la supuesta financiación ilegal del PP de la ciudad bajo el mandato de Rita Barberá como alcaldesa. 

Solo cuatro de estas personas siguen cobrando sueldos públicos. Estos miembros del PP son: el secretario del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, el asesor Cristóbal Grau Muñoz; los asesores Luís Salom Andrés y Cristina Diego Martí; y la asesora del partido en la Diputación de Valencia, Maria Àngels Ramón-Llin. Ahora, la Fiscalía tiene 20 días para solicitar el archivo o la apertura del juicio.

Barberá, en una imagen de archivo.

Toda esta trama del presunto ‘pitufeo’ (blanquear dinero en pequeñas cantidades, dos billetes de 500 euros de procedencia sin justificar, cometido durante las elecciones de 2015) se produjo cuando Barberà gestionaba el presupuesto municipal de la tercera capital de España. La alcaldesa llegó a cobrar 156.000 euros brutos, un total de 102.467 euros en neto el año 2013. En su última etapa de carrera política, Barberà fue senadora por las Cortes Valencianas y tenía un sueldo de 5.300 euros mensuales y unos 1.900 libres de impuestos.

Actualmente, el Ayuntamiento de Valencia cuenta con 46 asesores adscritos a los grupos municipales. Además, cinco trabajan directamente para la Alcaldía. Por su parte, la Diputación de Valencia cuenta con 48 puestos de personal eventual. Si comparamos, el año pasado, el Gobierno de España contaba con un total de 777 asesores, un 27% más de los que tenía Mariano Rajoy durante su último mandato.

El sueldo asignado en 2020 al cargo de secretario del Grupo en el consistorio valenciano es de 69.664 euros anuales. Son 14 pagas de 4.976 euros. Por otra parte, la retribución de los otros dos asesores en el Ayuntamiento, Salom y Diego, es algo menor: cada uno de ellos cobra 60.577 euros. Son 14 pagas de 4.327 euros. Ramón-Llin es la única de las cuatro que no trabaja para el Ayuntamiento de Valencia, sino para la Diputación provincial. El salario correspondiente a su labor en este organismo es de 41.582 euros. Son 14 pagas de 2.970 euros. Hay que tener en cuenta que estos sueldos se han visto afectados en 2021 por el aumento del 0,9%. 

La cantidad total gastada en pagar a los cuatro imputados es de 232.403 euros al año, solo computando las retribuciones públicas. Los costes de las cotizaciones de la Seguridad Social no se han incluido. En diciembre, con la extra de Navidad, sus remuneraciones se duplicarán: entre casi 6.000 euros Ramón-Llin y más de 8.600 Salom y Diego.

Larga trayectoria en el PP

Grau Muñoz, de 50 años, es licenciado en Derecho. Fue concejal en el Ayuntamiento de Tavernes Blanques (1995-1999), a la vez que asesor del Área de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valencia, hasta 2002. Posteriormente pasó a ser delegado de Deportes en la casa consistorial de la capital valenciana. En el mandato de 2011 obtuvo el puesto de diputado delegado de Teatros y Concursos Provinciales de Música. En 2019, pasó a formar parte del Ayuntamiento de Valencia como personal eventual, en el cargo de secretario del Grupo. A nivel orgánico ha sido secretario general de Nuevas Generaciones entre 1994 y 1999, coordinador del PP de la provincia de Valencia y secretario ejecutivo de Organización del PPCV.

Luis Salom Andrés es otro de los asesores investigados que siguen cobrando de las arcas públicas. Su presencia en las redes sociales ha provocado varias polémicas. En 2015, tras publicar este digital un artículo sobre él, se puso en contacto para rectificar y aclarar algunos datos de su currículum. Salom es técnico superior de Administración de Sistemas Informáticos y se afilió al Partido Popular en 2003. Entre 2010 y 2012 trabajó en el área de Juventud del Ayuntamiento de Valencia y entre 2012 y 2015 en la de Empleo e Informática Municipal. En 2015 pasó a formar parte del grupo de personal eventual como asesor.

De la asesora Diego Martí se desconoce gran parte de su currículum, dado que su huella digital es prácticamente nula. Se puede ver en un documento del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de octubre del año 2000 donde se notifica la baja de esta en el ejercicio profesional como procuradora del Tribunal Superior de Justicia. En 2011 se puede encontrar una noticia del periódico Levante-EMV, donde se menciona a Diego entre los asesores cesados en el Ayuntamiento de Valencia. En 2015 aparece en una noticia del concejo como una de las asesoras del Grupo Popular.

Maria Àngels Ramón-Llin se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia (UV). Su trayectoria política dio comienzo en 1982 cuando se afilió a Unió Valenciana, donde obtuvo varios cargos de carácter interno. En las elecciones a las Cortes Valencianas de 1987, Ramón-Llin consiguió un puesto como diputada por su partido. Renovó el cargo en 1991 y 1995, siendo este último año cuando logró ser consejera de Agricultura y Medio Ambiente. Antes de las elecciones autonómicas de 1999 dimitió del cargo para afiliarse al PP y presentarse en las listas. El por entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, la nombró consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta 2003.

La encargada de nombrar estos cargos fue la concejal y diputada de las Cortes, María José Català. Entre ellos no solo se encontraban los mencionados en los anteriores párrafos, sino también otros imputados por diferentes casos de corrupción. Sin embargo, destacó más el nombramiento de su hermana, Sonsoles Català, como una de los once asesores que le correspondían al PP y que sigue a día de hoy en la misma posición. La diputada cobra por ley solo uno de los sueldos que le corresponden, un total de 73.195 euros al año en 14 pagas. La asesora, al igual que Salom y Diego Martí, tiene una retribución anual de 60.577 euros.