Vox se presenta como la alternativa a la derecha tradicional española, una opción política donde cabe desde el trabajador desencantado, extremistas antisistema, autónomos y empresarios y una parte de la población católica de este país. Este hecho se ha podido ver este fin de semana pasado durante el evento realizado por el partido ‘VIVA 21’, un acto de carácter político a la vez que festivo y cultural donde se realizaron representaciones tradicionales de las diferentes comunidades así como nacionales.

Como colofón de los dos días de actividades, el presidente de la formación ultraconservadora, Santiago Abascal, realizó una presentación de la “Agenda España”, un documento opuesto a la Agenda 2030 impulsada por las Naciones Unidas. Entre las propuestas se pueden encontrar todo tipo de temas: desde los salarios dignos, la reindustrialización, la fiscalidad para la prosperidad, la inmigración o la despolitización de la justicia.

Supresión de las duplicidades

En líneas generales, las duplicidades administrativas ocurren cuando varias administraciones públicas realizan servicios públicos muy similares. Vox propone poner fin a este hecho, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos, para terminar de esta forma con el derroche político. Esta idea, que no es nueva y ya la recogían en sus programas electorales UPyD o Ciudadanos, no la promueven únicamente a nivel nacional, sino que se oponen a todas las agencias europeas que se “inmiscuyan en la soberanía nacional excediendo sus competencias”.

Abascal, el pasado domingo en un acto de partido.

Actualmente, Vox cuenta con 52 diputados en el Congreso de los Diputados, tres en el Senado y cuatro eurodiputados en el Parlamento Europeo. Además, tiene representación legislativa en varios territorios de nuestros país con 67 diputados autonómicos y en la administración local conservan hasta 525 actas de concejales y cinco alcaldes repartidos por todo el país. Los sueldos de estos cargos van desde los 8.757 euros brutos mensuales de los eurodiputados, los 3.050 euros de sueldo base de un diputado nacional o unos escasos 200 o 300 euros mensuales en concepto de dietas de asistencia o nada, para la mayoría de los ediles. Un ejemplo es Rocío Monasterio, diputada de la Asamblea de Madrid. Tendría que volver a su trabajo en la empresa privada. No obstante, cabe recordar que en la campaña electoral de la pasada primavera, el programa de Vox recogía la supresión de la mitad de escaños, no la desaparición completa de la cámara autonómica.

Con el planteamiento de Vox de supresión de los parlamentos autonómicos y del Senado, los 67 diputados autonómicos, los tres senadores y decenas de asesores o asistentes parlamentarios y de grupos municipales dejarían de cobrar un sueldo público. La formación, así, también dejaría de obtener unos valiosos ingresos porque los cargos públicos están obligados a donar una parte de su retribución. Por ejemplo, en Podemos el porcentaje oscila entre el 15 y el 35%. En Ciudadanos es el 8%. En ERC va por tramos, según la cantidad, y luego un 14% para las retribuciones más elevadas.

Foco en la reducción del gasto político

El tercer punto de la Agenda habla de los salarios dignos y el empleo. Una de las medidas que se propone es “asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante la reducción drástica del gasto político”. Este término aparece también en la sección número ocho, “Protección social de los españoles”, donde se especifica este concepto como lo que está fundamentalmente relacionado con la ideología de género, el multiculturalismo o la nueva religión climática. Cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez contempla una subida de los sueldos públicos de todos los altos cargos de la Administración General del Estado del 2% para 2022, tal y como te contamos este miércoles.

También hablan de ello en la novena cuestión, “Fiscalidad para la prosperidad”, cuando proponen el cierre de las televisiones autonómicas por ser un desembolso ineficaz, así como la insinuación de la utilización del gobierno autonómico para sus beneficios propagandísticos.

Siguiendo esta línea de actuación, el grupo político plantea en su agenda la desaparición de las policías autonómicas, incorporando estos cuerpos de seguridad a las fuerzas del orden nacionales. Hasta que logren esta unión, formalizarán la equiparación salarial real entre todos los cuerpos tanto nacionales como autonómicos. ¿Sabes lo que cobró un mosso d´esquadra en prácticas en 2019?

Supresión de entes

A pesar de que incluyan un apartado para tratar el tema de la “Igualdad entre españoles”, el partido propone la supresión de organismos ideológicos y todas aquellas subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, etc. En este sentido, Vox ha apoyado públicamente en diversas ocasiones al Sindicato Para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España (SPDSTE), llamado comúnmente como Sindicato Solidaridad, Si se implementaran las medidas de esta Agenda, este tendría que desaparecer por su carácter político.

Estas entidades no serían las únicas que el partido propone hacer desaparecer, sino que se presenta la idea de ilegalizar todas las empresas, ONG's o entidades particulares que colaboren con la inmigración ilegal, así como las ayudas públicas a todas estas asociaciones.

Corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Según el documento publicado por Vox, se suman a una “lucha real” en contra de la corrupción. Su propuesta es la reclamación de la devolución efectiva de todos aquellos fondos de carácter público que se hubieran sustraído ilegalmente. En el ámbito de la transparencia, aseguran el refuerzo de los mecanismos que la fomenten, al igual que las denuncias de prevención de corrupción en la Administración Pública.

En cuanto a la rendición de cuentas, Vox sugiere la prohibición de los indultos relacionados con los delitos de corrupción para evitar que se utilice como herramienta de negociación política.