La transparencia es la herramienta por la que las personas pueden participar de manera más sencilla en el proceso de toma de decisiones dentro de un sistema democrático, pedir cuentas a los gobernantes y consultar miles de datos de manera accesible (no siempre), libre y gratuita sobre la gestión del dinero público. Por ejemplo, gracias a los Portales de Transparencia, Suedos Públicos puede localizar, con cierta facilidad, (no siempre) la información que luego nos sirve para elaborar nuestros artículos. Eso sí, los datos carecen de contexto con frecuencia, están desfasada o son incorrectos en ocasiones y a menudo están 'escondidos' y nadie se pone al teléfono ni contesta a las preguntas por correo electrónico. No es un sistema perfecto, pero los avances son apreciables. 

A pesar de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró el 28 de septiembre el Día Internacional del Derecho a Saber, el acceso a la información de las administraciones públicas en España únicamente está declarado como un derecho, pero no fundamental. Esto ocurre también en otros países europeos como Alemania. Por el contrario, países como Portugal, Perú o Ecuador lo consideran como fundamental y necesario. En 2017, la ONU  mencionaba a la jornada como Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.

Cartel del CTBG de 2015.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Que se declare “fundamental” un derecho significa que se expresen reconocidos en el ordenamiento jurídico. En el caso español, que se asuma como tal supone que se dote de una “triple protección” (artículo 53 de la Constitución Española): amparo ante los tribunales ordinarios, amparo ante el Tribunal Constitucional y, lo más esencial, la invocabilidad ante los Tribunales de Justicia.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha celebrado esta jornada con diferentes actos abiertos como la III Edición de los Premios Infantiles de Transparencia. Estos galardones son un concurso de dibujo dividido en dos categorías, el ganador de cada una ha recibido una tableta electrónica. Además, como se puede ver en la agenda del Consejo de Transparencia, han sido partícipes el presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, y el subdirector general del organismo público, Javier Amorós. ¿De qué sirve esto si la Ley de Transparencia no ayuda a los ciudadanos a acceder debidamente a la información?

Hace ocho años, el Gobierno español aprobó la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIP). El objetivo de esta normativa, según el BOE, es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, así como regular el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias de su incumplimiento.

A pesar de esto, la organización Transparencia Internacional (TI) en España puso a prueba el funcionamiento de la ley en 2015. Como cuentan ellos en su propia página web, en cuestión de un año hubo un viraje en la política sanitaria sobre la vacuna de la varicela y solicitaron la información correspondiente de los informes que justificaban tal decisión. Apenas dos meses después, recibieron la notificación que les negaba el acceso a los documentos solicitados. El motivo por el que les fue vetado el acceso fue porque el informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) era “interno”. Desde la TI presentaron una reclamación al Consejo de Transparencia de la que aun esperan respuesta.

Supuestos de limitación

El artículo 14 de la Ley de Transparencia indica una serie de supuestos en los que este derecho se puede limitar siempre y que esta acción suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales, la política económica, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, y la protección de medio ambiente.

También existen los casos de acceso parcial, redactados en el artículo 16 de la misma ley. Estos se llevan a cabo en las ocasiones que los límites no afecten a la totalidad de la información. La normativa dicta que se concederá el acceso a la documentación que corresponda. 

El acceso a la información a nivel internacional

La UNESCO declaró en 2015 que el 28 de septiembre sería el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Cuatro años después, en 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la misma fecha para el Día Internacional del Derecho a Saber. Desde entonces, cada año la ONU enfoca este día con un tema de actualidad. Para 2021 el lema era “Derecho a Saber: Reconstruir mejor con el acceso a la información”. Durante los días 28 y 29 de septiembre se habrán llevado a cabo un total de seis mesas redondas sobre cómo una legislación correctamente elaborada en este ámbito y su aplicación rigurosa promueve el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos.

Ni la página web de La Moncloa, ni la del Congreso de los Diputados ni la del Senado han mencionado acto alguno sobre esta jornada.