Conseguir la mayor transparencia posible es un reto que se proponen todos los gobiernos y más todavía cuando se acerca una campaña electoral. Ser claro sobre lo que cobra cada cargo público, cuánto se invierte en gastos de personal, los costes de los viajes, asesores, la agenda con las reuniones detalladas, dietas, vuelos, gasolina, pernoctaciones etc. es una tarea difícil, pero comúnmente usada para llamar la atención de los votantes. Sin embargo, una cosa es lo que se diga sobre el papel y otra es lo que finalmente se lleve a cabo y se pueda consultar de una manera clara, ordenada y con opción de poder tratar esa información y cruzar datos.

Para muchos ayuntamientos es muy complicado conseguir transmitir toda esa información y mantenerla actualizada, ya que no disponen de las herramientas, financiación o personal suficientes. Por eso, por mucho que la Ley de Transparencia obligue a disponer de un Portal al uso en cada página web de entes públicos, poca utilidad acaba teniendo si está vacía o con datos desfasados, como hemos denunciado decenas de veces en este digital.

¿Y si hablamos de la administración regional? Las Cortes de Castilla y León están valorando un Anteproyecto de Ley de Transparencia autonómica debido a que se ha notado un aumento en el número de resoluciones de Transparencia. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha declarado que el PSOE no apoyará la nueva norma si no cambia “radicalmente”. Esto se debe a que la nueva legislación propone unos cambios demasiado exigentes que los Ayuntamientos no pueden abarcar porque sus recursos materiales y humanos son “muy limitados”.

El texto con el que trabaja la Junta prevé pasar de menos de 50 entidades del sector público obligadas a más de 5.000 . Además, pasa de once obligaciones de publicidad activa, adicionales a la ley estatal, a más de 75. “El incremento de las obligaciones no se puede abordar sin ningún tipo de financiación”. El minifundismo municipal propio de una región con decenas de comarcas enmarcadas en la España vaciada dejan el texto con pocas posibilidades de salir adelante.

En 1983 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y, con este, se constituyeron las Cortes como órgano legislativo de la comunidad. Actualmente la presidencia está a cargo del diputado de Ciudadanos, Luis Fuentes Rodríguez. El Pleno está formado por 81 procuradores (no reciben el nombre de diputados) de las nueve provincias que forman la Comunidad, siendo Valladolid la que más representantes tiene (15), y Soria, la que menos (5).

Según indica el área de transparencia del órgano, todos los miembros de la Mesa de las Cortes reciben anualmente una retribución de 73.211 euros brutos, independientemente de su cargo. Es un sueldo público que roza lo que cobra un ministro, 74.858 euros. La Mesa está compuesta por el presidente y una secretaria de Ciudadanos, un vicepresidente y un secretario del Grupo Popular, y otra vicepresidenta y secretario del Grupo Socialista. Además del sueldo base, cada parlamentario de la Mesa percibe una indemnización correspondiente a “gastos” de 1.800 euros mensuales más.

Todos y cada uno de los portavoces y portavoces adjuntos perciben exactamente la misma cifra que los representantes de la Mesa, es decir, 73.211 euros por año trabajado. Al igual que ocurre con el órgano rector de las Cortes, los portavoces reciben 1.800 euros más al mes, y los adjuntos, cobran 1.440 euros mensuales.

Dentro de los diferentes Grupos Parlamentarios, únicamente PP y PSOE tienen dos procuradores cada uno con dedicación exclusiva al cargo. El salario de estos asciende a 59.648 euros al año. Los diputados que no tengan dedicación exclusiva cobran 220 euros por asistencia a cada sesión, y 0,2 euros por kilómetro en compensación por el desplazamiento hasta el Parlamento. Estos datos fueron actualizados por última vez en junio de este año.

Las Cortes cuentan con cuatro grupos políticos diferentes: el Grupo Socialista, el G. Popular, el G. de Ciudadanos y el Grupo Mixto. Cada uno de estos grupos recibe una subvención fija al mes de 3.850 euros, y una variable de 3.660 euros mensuales por cada procurador. El PSOE es el grupo con más miembros en la cámara y recibirá a lo largo de este año 1,5 millones de euros. El órgano gasta en esta ayuda un total de 3,7 millones al año.

Como indica el Boletín Oficial de las Cortes del 24 de febrero, el gasto en personal para 2021 estaba presupuestado en 9,9 millones de euros, y las retribuciones de los altos cargos en 1,9 millones de euros. También se especifica el gasto de 1,4 millones de euros en personal eventual.  

Procurador tras su primer año en política

Luis Fuentes Rodríguez nació en Salamanca el año 1960. Se diplomó en Ciencias Empresariales por la Universidad de Salamanca, posteriormente se especializó en marketing y análisis de mercados. Ha militado en Ciudadanos desde 2014, donde forma parte tanto del Comité Autonómico de Castilla y León, como del Comité Ejecutivo. Trabajó durante 18 años en una empresa de fabricación, distribución y exportación de mobiliario.

Su carrera política comenzó en 2015 cuando accedió al cargo de procurador de las Cortes por Valladolid. Durante la legislatura anterior fue portavoz de su Grupo. Tras las elecciones de 2019, Fuentes fue elegido por mayoría absoluta para ocupar la presidencia de las Cortes.