Muchas veces, las personas de a pie se preguntan por qué los políticos no hacen nada para frenar la corrupción. Surgen muchos interrogantes como ¿qué pueden hacer ellos, si son los mismos políticos los que pervierten la labor política? ¿Qué medidas debería contener una la ley para reducir los delitos de malversación de fondos públicos? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para frenar esto?

La Generalitat de Cataluña se ha puesto manos a la obra con un proyecto participativo para promover la integridad de la administración y el sector público. La Secretaría de Gobierno está en proceso de crear una aplicación móvil sobre las consecuencias socioeconómicas de la corrupción. Entre los objetivos principales de esta herramienta se encuentran la sensibilización sobre la importancia de contribuir de manera individual al impulso del bien común, la toma de conciencia de que las malas conductas en el ámbito cotidiano pueden impactar negativamente en la sociedad, como el caso Pujol, la fuga de Carles Puigdemont o las decenas de asuntos turbios del PP y del PSOE.

Hemiciclo del Parlament, con Artur Mas de presidente de la Generalitat.

Para que esta aplicación digital o app se adapte a la ciudadanía, la Secretaría ha organizado una serie de debates en diferentes zonas de la comunidad. Las ciudades elegidas para este proceso son Cerdanyola del Vallès (al sur de Sabadell), Móra d’Ebre (Tarragona) y Girona.  En estas sesiones participarán una selección de vecinos de cada ciudad, de entre 20 y 100 años, independientemente de su género, situación laboral, etc.

El primer debate fue en Cerdanyola del Vallès el pasado 23 de septiembre. El segundo debate tendrá lugar el 30 de septiembre en Girona. La semana siguiente, el 7 de octubre, se realizará la última sesión en Móra d’Ebre. El horario de los tres será de 17:30 a 19:30 horas.

¿Qué y cómo se realizará este proceso participativo?

El proceso tiene cuatro partes. La primera es una introducción donde cualquier persona podrá realizar aportaciones vía online. Esta fase estuvo abierta desde el 12 de julio hasta el 16 de septiembre. La segunda fase será la de participación de grupos territoriales, donde aportarán sus pensamientos los ciudadanos corrientes. La tercera parte será la participación de las entidades, personas expertas y trabajadores de la administración pública que se encargarán de tratar los temas que hayan surgido en las secciones anteriores. Por último, la cuarta fase será el desarrollo de la aplicación, que dará comienzo en noviembre.

La Secretaría ha organizado tres talleres/debates con la intención de recoger la opinión de los ciudadanos. El tema principal de estas sesiones será el análisis de los comportamientos individuales incorrectos, que desembocan en un mal uso de los servicios públicos. Además, se tratarán las repercusiones que tienen estas acciones en la sociedad en su conjunto y cómo mejorarlas.

Cada taller durará dos horas en las que se dará la bienvenida a los asistentes, habrá una rueda de presentación de los participantes y, seguidamente, dará inicio el debate. Se recogerán todas las intervenciones para poder crear un informe con todos los datos recopilados. Este informe pasará a la segunda parte del proceso, donde los expertos analizarán los resultados y crearán otro documento de respuesta.

¿Quién está detrás de todo esto?

El programa de apoyo a la implementación de la Estrategia contra la corrupción y de fortalecimiento de la integridad pública es la unidad promotora de todo este proyecto. Este programa se encuentra bajo el mando del Secretariado de Gobierno. Además del Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto. El secretario general de Gobierno, desde mayo de este año es Xavier Bernadí Gil. Otras fuentes señalan que es director general de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia. No obstante, su nombre no aparece en la relación de cargos y sueldos publicada en el Portal de Transparencia autonómico.

Con todo, por el primer cargo de secretario general percibiría 91.242 euros brutos anuales. En cambio, por el de director general, 87.456 euros. En los dos casos, una retribución superior a la del presidente del Gobierno de España, que ingres 84.845 euros en 12 pagas de 7.070 euros. Por su parte, la consejera de Acción Exterior es Victoria Alsina Burgués. Esta asumió el cargo en mayo de este año. Su sueldo es de 115.517 euros anuales, según las tablas retributivas de la página web de la Generalitat de Cataluña.

En el ámbito económico, el programa está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER de Cataluña  2014/2020. La Unión Europea presupuestó todo el Programa Operativo con 2.578 millones de euros, repartidos entre diferentes áreas de financiación. Las tres prioridades del Programa eran el Conocimiento e innovación (40,9% de los fondos), la Mejora de la competitividad de las pymes (37,9% de los fondos), y Economía verde (21,2% de los fondos).