La Fundación Civio, una organización de la sociedad civil que colabora con las instituciones para facilitar el acceso a la información pública, ha publicado un decálogo* de medidas de transparencia y, ante las próximas elecciones generales, ha solicitado a todas las formaciones políticas que incorporen en sus programas electorales medidas concretas para mejorar el acceso a la información. Propuestas que, según sus promotores, no conllevarían un impacto significativo para una gestión pública más transparente.

Este decálogo de Civio para los partidos incluye propuestas destinadas a mejorar la transparencia del gasto público y evitar su mal uso. Así, para poder identificar con precisión las desviaciones presupuestarias, Civio recomienda que Hacienda haga pública la ejecución presupuestaria con el mismo nivel de detalle que los Presupuestos Generales del Estado. Respecto a la contratación pública, y dado que España no cuenta con un organismo de control especializado, esta organización propone la creación de uno dentro de la CNMC que analice de forma global y metódica los contratos públicos. Otra medida consiste en reglamentar que los organismos públicos tengan la obligación de dar a conocer entre qué

medios reparten sus campañas de publicidad institucional, si priman criterios de eficiencia u otros intereses. Algo que, mediante ley, solo se regula actualmente en Cataluña.

“Desde luego, no creemos que estas propuestas sean la solución definitiva para acabar con la opacidad, con la corrupción o con la mala gestión de lo público, puesto que faltan muchas más”, señala Eva Belmonte, periodista y responsable de proyectos de la organización. “Pero sí creemos que traerían avances significativos, y que desde nuestra organización podemos ayudar a llevarlas a cabo, dado que surgen de nuestra labor diaria en proyectos como ElBOE nuestro de cada día, Tuderechoasaber.es o Dónde van mis impuestos”.

Civio reclama también compromisos en la vigilancia del buen funcionamiento institucional. Para limitar las injerencias del poder ejecutivo sobre el judicial, propone que, en materia de indultos, los informes de juez y del fiscal sean vinculantes, y que el Gobierno deba dar siempre a conocer las motivaciones y denegaciones de indultos de forma argumentada. Además, junto con la apertura gratuita del registro mercantil, la organización considera que se debería conocer qué solicitudes de compatibilidad de altos cargos son denegadas (desde enero de 2015 solo se conocen las admitidas), y las razones para ambos casos. 

Para mejorar la transparencia pública en la toma de decisiones, Civio propone tanto medidas de alcance general (haciendo públicas las agendas de trabajo completas de todos los altos cargos públicos y representantes en las Cortes, y contando con mecanismos de trazabilidad legislativa), como con avances en ámbitos concretos (publicando los precios acordados entre la administración y los laboratorios farmacéuticos en la compra defármacos necesarios para el sistema público de salud).

Los responsables de la fundación han compartido este conjunto de propuestas con las diferentes formaciones políticas, y evaluarán qué siglas apuestan por incorporarlas en firme a sus compromisos políticos y su grado de cumplimiento.

*Enlace al decálogo de Civio.