El ámbito interno de la sanidad pública tiene contradicciones por todos lados. Un claro ejemplo es el de las mutualidades de los trabajadores públicos. Decenas de veces, la “marea blanca”, es decir, el conjunto de colectivos que defiende la sanidad pública y universal ha salido a la calle para defender sus ideas. Sin embargo, la provisión sanitaria de la Seguridad Social indica que ocho de cada diez funcionarios reciben asistencia de consultas privadas, aproximadamente 1,3 millones de personas, un 82% del funcionariado total. A esta cifra hay que sumarle 700.000 personas que se encuentran como beneficiarias (pareja, hijos o personas a cargo sin ingresos).

Con este contexto, Unidas Podemos ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en la que solicita que los nuevos mutualistas pasen a formar parte de la sanidad pública. El partido considera que no es compatible defender la sanidad pública con la atención diferenciada a millones de personas, tal y como adelantó Redacción Médica.

La Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es el organismo público adscrito encargado de gestionar las prestaciones de asistencia sanitaria y social a los funcionarios. Esta entidad, a pesar de tener denominación de organismo autónomo, depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. MUFACE se creó en los años 70 para garantizar las desigualdades entre las mutualidades de los diferentes tipos de trabajadores del Estado.

Existen 52 direcciones provinciales para atender al colectivo, y cuenta con cerca de 850 personas. Para 2021, MUFACE aprobó un anteproyecto de presupuesto de 1.813 millones de euros, un 4,21% más que el año anterior. La entidad trabaja con cuatro empresas privadas: SegurCaixa, Adeslas, DKV, e Igualatorio Cantabria. Los funcionarios que lo deseen tienen que escoger entre estas cuatro.

La dirección de la organización le corresponde a la directora general, Myriam Pallarés, desde principios de 2020. El sueldo asignado por 11 meses y dos días de trabajo fue de 88.879 euros brutos, según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. En este caso hay que tener en cuenta los trienios por antigüedad, que ya están incluidos. 

Esta retribución se divide en un salario base (14.363 euros), un complemento de destino (15.126 euros), y un complemento específico (26.170 euros). Además, se incluyen dos pagas extraordinarias de 822 euros cada una y la parte proporcional del complemento de destino. La suma total de estas cantidades indicadas en el BOE ronda los 58.000 euros anuales, por lo que cerca de los 30.000 euros restantes equivalen a los trienios y al complemento de productividad.

Entre las funciones de Pallarés, se pueden encontrar la planificación y regulación de las prestaciones, así como la elaboración de los presupuestos, o la gestión de los bienes y derechos patrimoniales.

MUFACE está adscrita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La responsable de este es Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y miembro del PSOE. Un ministro percibirá este año 74.858 euros si conserva el cargo durante los 12 meses completos.

Administradora Civil desde hace 19 años

Myriam Pallarés Cortón nació en 1975. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente realizó el Programa ejecutivo en Administración Pública (ESADE). Recibió la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Desde 2002 forma parte del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es funcionaria, aunque Transparencia no indica que perciba trienios.

En el ámbito laboral, cuenta con experiencia profesional docente en el Máster de Derecho y Deporte, del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Ha formado parte de diferentes órganos colegiados como el Consejo Rector de la Agencia Estatal Antidopaje, ha sido secretaria de la Comisión de Control y Seguimiento de la lucha contra el dopaje.

Ha trabajado para el Consejo Superior de Deportes en el cargo de subdirectora general adjunta de Deporte y Salud. Además, ha ocupado el cargo de coordinadora de Patrimonio en la Subdirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. Desde enero de 2017 trabajaba en la Secretaría General de MUFACE. En julio de 2019, a través de una vacante, obtuvo un puesto en la Dirección General de la Mutualidad.

Según el BOE, Pallarés tiene 42.146 euros en depósitos de cuenta corriente o ahorro, 1.016 euros en acciones y participaciones en el capital social, 5.581 euros en seguros de vida y plan de pensiones; y 10.640 euros en otros tipos de bienes. En cuanto a su pasivo, la directora dispone, en el momento de presenta el documento, 18.096 euros en deudas.

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