España ha hecho avances en materia de lucha contra la corrupción, pero parece que son insuficientes y muy generales. Es decir, seguimos sin atajar los problemas concretos. Recientemente, la Comisión Europea ha publicado el Informe anual sobre el mecanismo de revisión del Estado de Derecho 2021. En un comunicado, del que se hizo eco la Oficina Antifrau de Catalunya (la única junto con la Agència Valenciana Antifrau que representan al Estado a nivel europeo), se señala que, en nuestro país, la lucha contra la corrupción sigue una línea de acción, pero carece de una estrategia anticorrupción específica. 

El documento argumenta que "aunque el Gobierno ha desarrollado varias iniciativas para reforzar la integridad del sector público, no hay una política integral para prevenir y reducir la corrupción." Y recuerda que el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) ha recomendado el desarrollo de una estrategia que reúna las medidas preventivas para detectar y reducir las áreas de riesgo de los conflictos de interés, junto con un plan de acción para su aplicación.

Sobre la protección de los alertadores, de la que hemos dado cuenta en varias informaciones en Sueldos Públicos, el informe concluye que el marco de protección de los denunciantes se encuentra en preparación. Y reconoce que España no tiene un marco de protección de los denunciantes adecuado, aunque hay cierta regulación sectorial. También reconoce que se ha creado una comisión para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937.

En el informe se destaca la falta de recursos para hacer frente a los casos de corrupción de alto nivel. Y añade "la corrupción política de alto nivel, el fraude relacionado con funcionarios públicos y los delitos económicos representan los riesgos principales de corrupción grave en España. Las partes interesadas han reiterado que la falta de una financiación adecuada sigue obstaculizando la gestión eficaz de los casos de corrupción de alto nivel".

Por otro lado, también destaca varias actuaciones pendientes incluidas en el IV Plan de Gobierno Abierto como, por ejemplo, la regulación de los grupos de interés o la reforma del marco de integridad para consolidar las normas en materia de conflictos de intereses y las incompatibilidades en la Administración Pública.

Pandemia, justicia y medios

El Informe de 2021 examina lo acontecido desde el pasado mes de septiembre, profundizando en la evaluación de los problemas detectados en el informe anterior y teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19. Además, subraya la fortaleza de los sistemas nacionales durante la pandemia de COVID-19. Esta pandemia también puso de manifiesto la importancia de la capacidad de mantener un sistema de controles y equilibrios que respete el Estado de Derecho, según menciona el comunicado.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado: "el Informe sobre el Estado de Derecho es un instrumento preventivo útil que ha estimulado el necesario debate entre los Estados miembros y otros agentes. La segunda edición muestra que los Estados miembros pueden avanzar en cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho".

También se analiza la situación del sistema judicial, la libertad y pluralismo de los medios de comunicación y contrapoderes institucionales. En particular, el informe remarca que continúa la falta de renovación de Consejo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo en las Cortes para renovar una serie de órganos constitucionales.

Y destaca también que el Gobierno está tomando medidas para abordar las cuestiones de acceso a la información, pero que persisten algunos desafíos relativos a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación.