El juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca ha citado a declarar a la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, por una querella por detención ilegal. Esta querella la presentó la madre de uno de los estudiantes confinados tras los positivos por Covid-19 en los viajes de fin de curso a la isla. En total se presentaron tres querellas por el confinamiento de los jóvenes.

La Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos generales de las Islas Baleares, recoge que los altos cargos disponen de hasta 12.000 euros en concepto de gastos de arrendamiento y desplazamiento interinsular. También disponen de una cuantía fija adicional de 6.000 euros que, sin necesidad de justificación, indemnizará los gastos de suministros a la vivienda durante el alojamiento temporal por trabajo. En el caso de que tengan su domicilio habitual en la isla de Mallorca, tendrían que comunicarlo a la Secretaría General de la consejería y perderían el derecho a percibir la indemnización de arrendamiento.

Font accedió al cargo de directora general en julio de 2019. Según el Portal de Transparencia del Gobierno autonómico, la retribución anual de Font es de 56.317 euros brutos. En la misma web se especifica que esta cuantía no tiene en cuenta la fecha de inicio, es decir, es la cantidad fija por un año de trabajo. Tampoco se incluyen los trienios de la persona que ocupe el cargo. Según la declaración de la renta de Font, ingresó 62.236 euros en 2020. Además, empezó a ser funcionaria de carrera en 1995 y acumula ocho trienios de antigüedad. En 2020 Font declaró un bien inmueble valorado en 47.345 euros. También tiene una deducción económica por familia numerosa.

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo es Patricia Gómez Picard. Accedió al cargo en julio de 2015 y fue elegida de nuevo en julio de 2019. El sueldo anual es de 60.971 euros. Al igual que ocurre con Font, en los documentos aportados por el Ejecutivo no se incluye la antigüedad ni los gastos por desplazamiento, transporte, manutención ni estancia.

Tanto la secretaria general de la Consejería de Salud y Consumo, Guadalupe Pulido Román, como los demás directores generales de la consejería, perciben anualmente 56.3617 euros al año. También, la defensora de los usuarios del Sistema Sanitario Público, Micaela Llull Sarralde, recibe la misma cantidad al año. El director general de Prestaciones y Farmacia, Atanasio García, recibe, además, un complemento de origen de 6.237 euros.

El resto de altos cargos de la Consejería de Salud y Consumo (jefe de Gabinete, responsable de comunicación, interlocutor parlamentario y dos asesores técnicos) cobran 48.753 euros. La jefa de secretaría del gabinete, Miriam Muñoz, tiene el salario más bajo, 30.621 euros anuales.

Enfermera y funcionaria

Maria Antònia Font Oliver nació en Palma de Mallorca en 1966. Se diplomó en Enfermería en la Universidad de las Islas Baleares (UIB) en junio de 1988 y, posteriormente, en 2014, se graduó en Enfermería. Tiene un posgrado en Promoción y Educación para la Salud por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en 2001. Es experta universitaria en Gestión de Servicios de Enfermería por la UNED en 2009. Acumula 24 años como enfermera. Siete de los cuales, como alto cargo en centros sanitarios y lleva dos en puestos políticos.

En el ámbito profesional, fue enfermera asistencial en la Unidad de Cuidados Intensivos desde 1988 hasta 1995. Durante ese periodo de tiempo, desarrolló el cargo de supervisora de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Son Dureta (1992-1994).

Es funcionaria de carrera del Gobierno de las Islas Baleares como enfermera del equipo de Atención Primaria del Centro de Salud de Manacor desde 1995. En 2006 se unió al equipo de Atención Primaria del CS Xaloc. De 2008 a 2012 fue enfermera del Gabinete Técnico de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca (GAP). En 2012 es nombrada directora de la residencia de personas mayores Bartomeu Quetglas del Consejo Insular de Mallorca, hasta el año 2015.

En 2015 la nombraron directora de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. En julio de 2019 asumió el cargo de directora general de Salud Pública de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares.

Ha compatibilizado el trabajo asistencial con la actividad docente e investigadora en la UIB. Fue nombrada presidenta de la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria de las Islas Baleares (ABIC), miembro de la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria de Atención Primaria (FAECAP), siendo secretaria durante dos años.