La contratación en el sector público representa entre el 15% y el 20% del PIB de España. Durante la pandemia de la Covid-19 y, de cara a la recuperación económica, se estima que este porcentaje irá en aumento. Entre 2021 y 2023 se prevé una inversión de 72.000 millones de euros según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Pero ¿qué es y cuando se utiliza la contratación en el sector público? Son los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, la energía, transportes y servicios postales, según el BOE. Estos procesos se llevan a cabo cuando un ente perteneciente al ámbito público selecciona a una persona, ya sea física o jurídica, para que realice una labor, obra o prestación de un servicio con la intención de satisfacer una finalidad pública.

La contratación en el sector público es un ámbito bastante complejo. Aquellas personas que dominen la Ley 9/2017 y la normativa que la rodea, aumentarán su plusvalía. Tanto si trabajas en órganos de asesoría o contratación o en un despacho de abogados tratando el Derecho Público, te va a resultar útil saber las particularidades de esta ley. Por eso, el Curso de Contratos del Sector Público puede ser una herramienta fundamental para dominar el procedimiento de las contrataciones con la administración. Además, este curso ofrece la posibilidad de realizar prácticas garantizadas y una formación 100% online, por lo que permite compaginarlo con el ámbito laboral. 

Este curso pertenece al Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF) Business School y, lo imparte la Universidad de Nebrija. A pesar de tratarse de una universidad de prestigio, el precio del curso podría ser becado dependiendo de las condiciones de cada alumno: desempleado, autónomo, etc. También existe la posibilidad de fraccionar el pago en dos plazos.  

Cuenta con la docencia de más de una decena de profesionales especializados en Asesoría Fiscal de Empresas (María Isabel Morales) y Propiedad Intelectual (Ignacio Alba). Además de profesionales del derecho como Manuel Ángel López, de MYL Abogados & Asesores, una de las primeras asesorías en Granada en Compliance, un conjunto de buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar los riesgos operativos y legales.

En los últimos años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones para adaptarse a las exigencias del Derecho europeo. Por eso será importante saber calcular los costes de estas contrataciones, las formas de pago o las consecuencias de la demora en el pago, así como las fases de adjudicación, cumplimiento y extinción de los contratos.

Hay que tener en cuenta que la contratación pública no solo contrata a través de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o entes locales. También se aplica a través de diversas entidades, sociedades u organismos. Estas pueden ser las Mutuas de Accidentes de la Seguridad Social, las fundaciones u organismos en las que “uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad”. Así lo recoge el artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Según la Plataforma de Contratos del Sector Público, en España se firman al año 120.000 contratos públicos sin contar los contratos menores, que no superan los 15.000 euros o los 40.000 en caso de obras. La oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación denuncia irregularidades en el 47% de la contratación menor y, un 52,4% no justifica el precio de salida de los servicios que quiere contratar.

Funcionarios y sueldos

Ante tantas cifras y volumen de dinero público cabe preguntarse si hay suficientes empleados públicos para gestionar tal cantidad de contratos. Pues bien, en nuestro país, el número de funcionarios durante el primer trimestre de 2021 fue de 3.397.400 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta cifra es la más alta desde 2002. También es el país con más funcionarios de Europa. No obstante, la materia de contratación pública mantiene una escasez de profesionales bastante llamativa.

¿Y están bien pagados? Los empleados del sector privado percibieron un salario medio en 2019 de 23.683 euros anuales, mientras que los trabajadores pertenecientes al sector público recibían 36.837 euros, según datos de la Agencia Tributaria, citados por Vozpopuli. En 2020 los empleados públicos percibieron un aumento de un 2%. Para 2021, se esperaba un aumento del 0,9% según los Presupuestos Generales del Estado.