El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat de Cataluña, Amand Calderó, ha presentado su dimisión a la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró. Esta percibe un sueldo de más de 115.500 euros brutos anuales. Según el propio secretario, renuncia al cargo “para cambiar de etapa”, ya que en los últimos años ha vivido la aplicación del 155 en Cataluña, el encarcelamiento de los líderes independentistas y la pandemia del Covid-19. Su decisión coincide con el fallecimiento de tres personas reclusas en cárceles catalanas en los últimos diez días. Resulta también curioso que el Govern lo ascendió un mes antes de comenzar el juicio del procés.

Hace apenas unas semanas, en un comunicado publicado en su web, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) pedía la destitución del secretario y de la subdirectora general de Centros, Paula Montero Magalló, por una conversación filtrada en videoconferencia donde hablan de su trabajo y las críticas recibidas: “Si a alguien no le acaba de cuadrar todo esto, que se lo haga pensar porque puede ser que esta no sea su organización y tenga que marchar a otra”. UGT Prisiones ha valorado en sus redes sociales la marcha del secretario y esperan que “algunos de los actuales responsables penitenciarios sigan el mismo camino”. 

Amand Calderó (Youtube).

Según el Departamento de Políticas Digitales de la Generalitat, el sueldo de Calderó es de 91.242 euros brutos anuales, divididos en catorce pagas por su cargo como secretario. La cantidad mensual es de 6.517 euros. En 2019, Calderó tenía una retribución asignada de 89.453 euros brutos y en 2018 percibía 85.769 euros como director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo de Pere Aragonés todavía no ha anunciado quién será el sustituto. 

Estado

Si comparamos con los cargos de la Administración General del Estado, cabe destacar que el año pasado, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, con rango de subsecretario, Ángel Luis Ortiz, ingresó 137.542 euros, incluidos 14 trienios de antigüedad y el famoso complemento de productividad que lo concede la persona que lo nombra, en este caso, el ministro Fernando Grande-Marlaska. Por su parte, el puesto de director general de Ejecución Penal y Reinserción Social fue ocupado por dos personas.

El director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, percibió 49.498 euros, incluidos diez trienios euros, según indica el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Vicente Cuenca llegó al cargo en junio de 2020. Durante la primera parte del año, el director fue Javier Nistal Burón y cobró 48.365 euros, incluidos 12 trienios. 

El titular del departamento, como pasa en estos casos cobra menos que los de escalafones inferiores. Así, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene un sueldo asignado de 74.858 euros en doce pagas, 6.238 euros mensuales. A esta cantidad hay que sumarle los trienios de antigüedad por ser funcionario de carrera. En 2019, por un año completo en el cargo, ingresó 84.443 euros, incluidos diez trienios.

Funcionario y libre designación

Amand Calderó i Montfort nació en Barcelona en 1959. Como indica la biografía oficial de la Generalitat y su propio perfil de Linkedin, estudió Derecho en la Universidad de Barcelona (1978-1984); está diplomado en Desarrollo Directivo por la ESADE (2000-2001) y tiene un máster en Dirección Pública cursado en el mismo centro (2003-2004).

En su trayectoria laboral destaca su trabajo como educador en la Escuela San Felipe Neri de Barcelona (1980-1985). Ejerció la abogacía entre 1985 y1989 y un total de seis cargos públicos desde 1989, donde ganó experiencia en la Consejería de Justicia: técnico superior del Servicio Jurídico de la Secretaría General del Departamento de Bienestar Social (1989); jefe de la Sección de Recursos del Servicio Jurídico de la SG del Departamento de Bienestar Social (1989-1990); jefe del Servicio de Rehabilitación de la DGSPR del Departamento de Justicia (1990-1994); subdirector general de Asuntos Penitenciarios de DGSPR del Departamento de Justicia (1994-2000) y secretario de la Delegación Territorial de la Generalitat en Barcelona (2000-20016). Acumula más de tres décadas en la Administración Pública, ya sea como funcionario o en cargos de libre designación.

También ha participado como ponente en diferentes cursos y jornadas sobre el ámbito penitenciario, así como colaboraciones con el Gobierno de El Salvador representando al Gobierno de Cataluña en seminarios organizados por el Ministerio de Justicia de este país.

En enero de 2016 fue nombrado director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, cargo que ocupó hasta 2019 cuando le ascendieron a secretario de Medidas Penales.