Este 23 de junio se ha celebrado el Día Mundial del Alertador. Es una jornada dedicada a las personas valientes que denuncian casos de corrupción. Transparency International España (TI-España) se ha unido une a la llamada mundial de apoyo a los alertadores, quienes cumplen un rol fundamental para detectar y prevenir la corrupción y otras malas prácticas. La importancia vital de los alertadores para nuestras sociedades queda ilustrada regularmente por los escándalos de corrupción que esclarecen y descubren, y por el cambio duradero que ayudan a conseguir.

TI-España explica en un comunicado que no cabe duda de que la corrupción cuesta vidas y amenaza la calidad de vida. Pero si las personas que son testigos de irregularidades reportan, pueden ayudar a proteger vidas, las finanzas públicas y el planeta.

Ilustración de TI. España.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, los ciudadanos deciden no denunciar por miedo a sufrir represaliar. Por ello, es necesaria una sólida protección legal y un apoyo eficaz para denunciar con seguridad y así evitar que los alertadores y sus familias sufran ataques personales, profesionales o legales, que perjudican su bienestar mental e incluso físico. La comunidad internacional reconoce cada vez más la función extraordinaria que desempeñan los alertadores en la construcción de sociedades justas y equitativas, pero en muchos lugares sigue siendo necesario tomar medidas urgentes para protegerlos.

El 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión para garantizar que sus residentes puedan denunciar los abusos de forma segura. A menos de seis meses de la fecha límite para que los Estados Miembros traspongan la Directiva, ninguno de los 27 países ha cumplido: 14 Estados miembros aún no han empezado a aplicar la Directiva o han hecho un progreso mínimo; cinco países han hecho un progreso limitado; cuatro han hecho un progreso moderado hacia la transposición: y se puede considerar que cuatro países han hecho progresos sustanciales.

El Ministerio de Justicia del Gobierno de España convocó a todos los ciudadanos, entidades, asociaciones y organismos públicos a participar en la consulta pública y formular alegaciones para la transposición de la Directiva. TI-España ha hecho diversas recomendaciones en consulta pública: sobre si se debe o no ampliar la protección al alertador más allá de los ámbitos previstos en el artículo 2.1 de la Directiva; sobre la admisión de denuncias anónimas o qué ámbitos del sector público deberían integrarse en el ámbito de aplicación de la Directiva, entre otros puntos importantes.

Replesalias

El Barómetro Global de la Corrupción de la Unión Europea 2021 publicado por Transparency International la semana pasada revela que, aproximadamente, la mitad de las personas creen que sufrirán represalias si denuncian casos de corrupción.

Por todo ello, es urgente que los países de la UE traspongan a las legislaciones nacionales de forma eficaz y urgente la Directiva para proteger a los alertadores cumpliendo con las normas más estrictas posibles, en particular, garantizando mecanismos de denuncia que tengan en cuenta las cuestiones de género y las recomendaciones de Transparencia Internacional para una legislación eficaz de protección de los alertadores.

TI-España considera que los alertadores son una de las formas más efectivas de detectar y prevenir acciones que socavan el bien público, por ello, hacen nuevamente un llamamiento especial al Grupo de Trabajo de la Comisión de Codificación y al Congreso e los Diputados para que hay pronto un proyecto para así contar cuanto antes con una ley eficaz que proteja a los alertadores.