Estos últimos días, la figura del defensor del pueblo está siendo noticia debido a la proposición no de ley presentada por Vox en el Parlamento de Andalucía. Los ultraconservadores han pedido al Gobierno regional suprimir estos cargos autonómicos con el objetivo de ahorrar hasta “18 millones de euros” que consideran “un gasto superfluo”. Además, el pasado mes de diciembre, el PSOE, PP y Ciudadanos ‘colocaron’ a los tres adjuntos que trabajarían con el defensor del pueblo andaluz. Esto es, garantizaron a Juana Pérez Oller -elegida por el PSOE-, Jaime Raynaud -PP- y Virginia Salmerón -Ciudadanos- trabajo durante cinco años y un salario bruto de 60.159 euros anuales, según la tabla salarial del defensor del pueblo actualizada por última vez en 2016.

A nivel nacional, el defensor del pueblo es el encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado, con una mayoría de tres quintos y su mandato dura cinco años. Además, no recibe órdenes ni instrucciones de ningún superior y tiene total independencia e imparcialidad para llevar a cabo sus funciones con la mayor independencia También goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.

En España hay un puesto como defensor del pueblo que está vacante actualmente y tiene una retribución de 128.341 euros. Sin embargo, como adjunto primero del defensor, y “defensor en funciones” se encuentre Francisco Fernández Marugán, que ingresa 119.659 euros. Además, hay hasta nueve defensores autonómicos en Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Comunidad Foral de Navarra, Aragón y las Islas Canarias, aunque de este último no hemos podido encontrar información. La suma de los nueve sueldos públicos de todos ellos es de unos 641.000 euros anuales (641.104), sin contar el coste de las cotizaciones sociales.

Cataluña – Rafael Ribó

El síndic de greuges de Cataluña es Rafael Ribó desde julio de 2010, siendo este su segundo mandato -el primero fue desde 2004 a 2009-. Percibe una retribución de 129.373 euros brutos anuales, según datos de 2021 (siguen prorrogados los sueldos de 2020. El documento actualizado lleva fecha de 8 de abril de este año, según la sección de Transparencia de la página web del órgano. El cargo de adjunto general,cobra 113.103 euros al año; el adjunto de niños o infancia, 103.190 euros; equipo directivo, 94.044 euros; el personal asesor de apoyo, 75.593 euros; personal asesor, 68.102 euros; personal técnico; 44.090 euros; personal administrativo; 36.978 euros; personal auxiliar administrativo, 32.341 euros, y personal auxiliar de apoyo ingresa 29.541 euros anuales. Si comparamos, el presidente del Gobierno cobra 84.845 euros anuales, un conseller de la Generalitat, unos 115.500 euros, y el president de la Generalitat, cerca de 153.000.

Ribó es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad de Barcelona, además de ser doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la misma universidad. También ha cursado un máster en ciencia política por la New School for Social Research de Nueva York. Es docente desde 1970 y ha trabajado en la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra, entre otras. Es miembro de la Asamblea de Cataluña y ha sido diputado en el Parlamento catalán (1980-2001), diputado en el Congreso (1993-1995) y presidente de Iniciativa per Catalunya (1987-2000). Actualmente preside la Junta Directiva Europea del Ombudsman.

Comunidad Valenciana – Ángel Luna

Ángel Luna González es el quinto síndic de greuges de la Comunidad Valenciana e ingresa 95.824 euros anuales, según informa Newtral. Nació en Madrid en 1952 es político y español militante del PSOE. Ha sido alcalde de Alicante (1991-1995) y portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas (2007-2011).

Andalucía – Jesús Maeztu

El defensor del pueblo es Jesús Maeztu, que ingresa 63.428 euros, según datos de su Portal de Transparencia de 2016. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada nació en Medina Sidonia (Cádiz) en 1943.

Es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla y Medalla de Andalucía en 2010. Maeztu ya desempeñó el cargo de defensor del pueblo andaluz, en funciones, en sustitución de su entonces titular, Manuel Conde-Pumpido (1995-1996). Fue designado para su segundo mandato por el Pleno del Parlamento de Andalucía en septiembre de 2019, tras la finalización de su primer mandato, que se había iniciado en junio de 2013.

Castilla y León – Tomás Quintana

Tomás Quintana es el denominado procurador del común de Castilla y León y por ello percibe un sueldo de 82.381 euros. Esto es la suma de 74.857 euros de retribución y otros 7.523 en concepto de antigüedad en su condición de funcionario público, según datos de 2021.

Tomás Quintana López es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León desde 1993. En ella, ha desempeñado los cargos académicos de secretario general, vicerrector, decano de la Facultad de Derecho, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y presidente de la Junta Electoral de la Universidad. Fue elegido procurador del común por el Pleno el 10 de octubre de 2018.

País Vasco – Manuel Lezertua

Manuel Lezertua percibe 94.334 euros como ararteko, según la plantilla presupuestaria para 2021 de la Defensoría del Pueblo. “Araterko” es la denominación del País Vasco para el defensor del pueblo- y este la ocupa desde junio de 2015. Lezertua nació en Bilbao el 6 de febrero de 1957. Su mandato finalizó el pasado mes de febrero, pero el Parlamento Vasco lo ha reelegido para dos años más.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y ha cursado un máster en Leyes en el King's College (Universidad de Londres). Es funcionario internacional Profesor invitado del Instituto Internacional de Derecho Humanos, Universidad Robert Schumann, Estrasburgo (1988-2014); miembro del Tribunal del Diploma Europeo de Derechos Humanos. También ha trabajado como profesor asociado e invitado de universidades como la de Navarra y la de Deusto.

Galicia – Dolores Fernández

María Dolores Fernández es la valedora de Galicia y por su trabajo ingresa un sueldo de 96.722 euros. Esto es un sueldo de 74.801 euros, 10.960 euros de gastos de representación y otros 10.960 de gastos de libre disposición.

María Dolores Fernández Galiño nació en 1963 y es licenciada en Derecho y diplomada en Práctica Jurídica por la Universidad de Santiago de Compostela (1985-1986). En 1989 aprobó las oposiciones de ingreso en la Carrera Judicial y las de ingreso en la Carrera Fiscal, donde se encuentra en excedencia. En 1992 pasó a ser magistrada con destino en el Juzgado del Social 2 de Pontevedra. (1992-2001) y desde entonces, está destinada en la sección 2ª de la Audiencia Provincial de La Coruña.

Comunidad Foral de Navarra – Francisco Javier Enériz

Francisco Javier Enériz Olaechea es el defensor del pueblo de Navarra y recibe 70.040 euros por el puesto que ocupa. Según datos de 2021, los descuentos sobre su salario (IRPF y cotizaciones sociales) ascienden a 24.028 euros. Por lo tanto, percibe una retribución neta de 46.012 euros. Además, desde el Portal de Transparencia indican que no dispone de conductor o escolta y tampoco de vehículo oficial asignado. Sin embargo, indican que “puede solicitar al parque móvil del Gobierno de Navarra la prestación de un servicio para un desplazamiento oficial concreto a un acto institucional determinado”.

Nació en 1959 en Pamplona y es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de San Sebastián. Ha cursado el programa de Dirección General del IESE (1991) y es funcionario por oposición del Gobierno de Navarra desde 1986. Además, ha ejercido como profesor asociado de Derecho en la Universidad Pública de Navarra, donde es profesor colaborador honorífico. Es titular de la institución del defensor del pueblo de Navarra desde marzo de 2007 y, desde 2013, desempeña sus funciones interinamente mientras que el Parlamento de Navarra procede a una nueva designación.

Aragón – Ángel Dolado

El cargo de justicia de Aragón lo ocupa Ángel Dolado, que ingresa 76.473 euros. Tal y como indica el ejercicio de 2020, no percibe dietas de manutención y transporte, pero sí 11.377 euros en concepto de trienios y 669,81 euros como retribución en especie (seguro de vida y accidentes). En cuanto a los descuentos practicados (IRPF y cotizaciones sociales) ascienden a 29.810 euros, por lo que el importe líquido que recibe es de 58.040 euros.

Ángel Dolado Pérez nació en Soria en 1962. Es licenciado en Derecho y en 1990 aprobó las oposiciones a secretario judicial, fiscal y juez. En 1998 se incorporó a los juzgados de Zaragoza, siendo el responsable de juicios como el del accidente del Yak 42, el caso AVA Asesores o los heridos del barco Kempinski en el Nilo. En 2008 fue elegido juez decano de Zaragoza. El 19 de abril de 2018 fue elegido como 70º justicia de Aragón, sin ningún voto en contra en las Cortes de Aragón.

Islas Canarias – Rafael Yanes Mesa

El cargo se llama diputado del común. Actualmente ocupa el puesto Rafael Yanes Mesa. La sede está en la isla de La Palma. Según datos del Portal de Transparencia de la institución, mencionados con enlace (sin datos) por eldiario.es en 2018, Yanes cobra 61.902 euros anuales. Hay tres adjuntos, que perciben entre 60.704 y 61.460 euros. Pero quien cobra más es la jefa de Administración. Es funcionaria y su remuneración es de 72.411 euros anuales. En cambio, la jefa de Habilitación y Nóminas ingresa 42.383 euros.

Yanes nació en Güímar (Tenerife) en 1953. Es político, escritor y profesor. Doctor en Periodismo por la Universidad de La Laguna y diplomado en Magisterio. Es autor de numerosos artículos sobre los géneros periodísticos y ha escrito varios libros de Ciencias de la Información y creación literaria. Empezó a cobrar sueldos públicos en política como cargo público electo en 1987: concejal en su pueblo (hasta 1995 y luego entre 1999 y 2001 y 2013-2015); consejero del Cabildo Insular de Tenerife (2003-2007); alcalde de Güímar (2007-2013); y viceconsejero de Empleo y Emprendeduría del Gobierno de Canarias (2015-2016).