El PSOE propone sancionar a los diputados que mientan en su declaración de bienes y rentas

Durante los últimos años, el creciente interés de los distintos grupos sociales por hacerse un hueco en los procesos de toma de decisiones de la Administración Pública, ha dado lugar a grupos de representación. De ahí que cobren protagonismo los grupos de interés, personas físicas o jurídicas que actúan como representantes o, incluso, actores relevantes en ciertos ámbitos. Si bien es cierto que ha habido un considerable aumento de estas organizaciones, su auge no se ha visto acompañado con una actualización del ordenamiento jurídico estatal. Un caso de éxito de cómo hacer lobby y dedicarse a los asuntos públicos con transparencia es Estrategos.  

A finales de febrero, el PSOE presentó una Proposición No de Ley sobre la regulación de los lobbies y grupos de interés, para su debate en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Dos meses después, los socialistas han dado un paso más en materia de transparencia. En este sentido, Sueldos Públicos ha tenido acceso al texto de la Proposición de Ley de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para incorporar un nuevo título XIV para la regulación de los grupos de interés. Lleva fecha de 22 de abril y está firmada por su portavoz, Adriana Lastra.

Incluyendo un nuevo apartado, el PSOE pretende “poner fin a la laguna normativa en el ámbito parlamentario” y “aportar mayor claridad y orden a la labor de los representantes de estos a través de la imposición de una serie de obligaciones”.

Cuando hablamos de grupos de interés nos referimos a “las organizaciones y personas sea cual sea su forma o estatuto jurídico, las plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva sin personalidad jurídica que realicen la actividad de influencia”.

En el texto destacan los siguientes elementos: el registro de grupos de interés, su huella legislativa, el código de conducta, el régimen de infracciones y su tramitación, entre otros. La propuesta insiste en la constitución de un registro de estas organizaciones, con obligación de registrarse quienes tengan la consideración de “grupo de interés” o los que actúen en su representación. Para saber quiénes se verían implicados, en la proposición explican que se entiende la actividad de influencia como:

“toda comunicación, directa o indirecta, con miembros o empleados públicos del Congreso de los Diputados o de los Grupos Parlamentarios, que pretenda influir en la elaboración, tramitación o aprobación de proyectos y proposiciones legislativas o de otras iniciativas parlamentarias”.

Además, apuntan que la información contenida en el formulario de inscripción será pública. En cuanto a la huella legislativa, en la tramitación de cada iniciativa se llevará a cabo un informe donde queden reflejadas las modificaciones dadas a lo largo del procedimiento. Por su parte, los grupos parlamentarios deberán comunicar las propuestas recibidas por los grupos y entregar los documentos en relación a ellas. Desde la formación socialista recalcan que al registrar una nueva iniciativa, “los parlamentarios deberán comunicar si tiene origen en un grupo de interés”.

Esta norma, con rango de ley, entrará en vigor a los cuatro meses de ser publicada en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. Hablamos de una proposición de ley -y no de un proyecto de ley- por lo que es una iniciativa que consume parte del cupo de los ‘socialistas’ para su tramitación. Esto significa que podrían extenderse los plazos del procedimiento hasta los seis meses, aunque dependen de la voluntad del propio grupo.

En lo que se refiere al código de conducta, estos grupos se regirán por los principios de integridad, respeto a la Constitución y al resto de normas del ordenamiento jurídico, transparencia, veracidad de la información, igualdad entre colectivos y trato adecuado y ejemplar entre parlamentarios y organizaciones. También se incluyen una serie de artículos destinados a las infracciones por parte de los grupos de interés (215-217) y por los diputados y grupos parlamentarios (218-219). 

• El artículo 215 se refiere a la omisión o falsedad en la información inscrita en el registro, difundir información falsa, no declarar el interés al que representan, obtener información propia de procedimientos parlamentarios mediante falsedad o valerse de conflictos de intereses. También hace referencia a difundir información confidencial e incumplir el Código de conducta de los grupos, entre otros.
  
• Por su parte, el artículo 216 trata las sanciones que podrán percibir en caso de incumplimiento del anterior, como son el apercibimiento, la suspensión de su inscripción en el Registro de grupos hasta un máximo de 10 años y la prohibición indefinida de inscribirse en el mismo.
  
•  En cuanto al artículo 217, establece que el procedimiento sancionador podrá iniciarse mediante una solicitud procedente de un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso de los diputados o una de las comisiones de la cámara, o el secretario general de la Cámara. 
  
• Mientras, el artículo 218 habla de los incumplimientos o infracciones por parte de los diputados y grupos parlamentarios. En este caso se sancionará la falsedad en las declaraciones de bienes y actividades o de intereses económicos, o la presentación de declaraciones que omitan información que deba ser consignada en las mismas. Por último, el artículo 219, menciona cuál es el procedimiento sancionador a diputados y grupos parlamentarios.

En febrero ya te contamos que la declaración de bienes y rentas es un documento que carece de validez jurídica y nadie verifica. Sin embargo, Transparency International España puso en marcha Integrity Watch Spain, un proyecto que promueve la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad parlamentaria en España y se encarga, mediante una plataforma online del estudio de las declaraciones de bienes y rentas de los diputados y senadores de la actual legislatura. 

Cabe recordar que el director y fundador de Sueldos Públicos, Carles Torrijos, se registró en el Registro de Grupos de Interés de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), con la finalidad de que todos los políticos de España publicaran una copia de su nómina.