La historia se resume en pocas líneas. Un empleado de una empresa pública pasa a ser gerente de la misma y aprovecha el cargo para aumentar la retribución de su antiguo puesto en 4.389 euros anuales y se lo sube a nueve compañeros del mismo departamento. Cesa como gerente, pero vuelve a su plaza ¡con más sueldo!

En otras palabras, piensa en una empresa pública con participación del Estado. Por ejemplo, Correos, RTVE, EFE, Tragsa, Loterías, Navantia o Hunosa. Ahora imagina que el Gobierno de turno no coloca a un político o afín al partido al frente de una de estas mercantiles y decide creer que un empleado cualificado de la plantilla de la propia empresa puede ser capaz de hacer tareas de gerencia. Una vez es nombrado gerente consigue gestionar una subida de sueldo para los compañeros del departamento donde antes trabajaba incluido el suyo. Así, cuando cese de gerente, vuelve a su puesto con más dinero en el bolsillo. Pues eso es lo que ha pasado en una empresa pública de la provincia de Valencia y su máximo responsable político ha cortado por lo sano.

Antonio Mas, exgerente de Divalterra.

El “basta” del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar es el punto y final de Divalterra y así lo demostró en su intervención de este martes en la Junta General de la empresa, donde indicaba que desde su “máximo sentido de la responsabilidad personal” y del equipo de gobierno que representa, se sometería a Dilvaterra a “la disolución, liquidación y extinción”, esto es un “cierre ordenado y definitivo de la empresa”. Además, aseguraba que en esa misma Junta General, y como paso previo, se destituiría a los miembros del consejo de administración y se nombraría a los liquidadores de la sociedad.

Antonio Mas ya no es gerente de Divalterra desde hace 13 días. Nos referimos a una empresa pública que tiene “como objetivo principal la promoción, apoyo y participación en actividades económicas, empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia de Valencia”. El grueso de su plantilla son brigadistas forestales. La mercantil arrastraba años de corrupción y titulares en los medios de comunicación por la anterior gestión del PP. Mas era un empleado del Servicio de Información Territorial y cuando el actual presidente de la Diputación llegó al cargo en julio 2018, decidió no colocar a un político o amiguete en el cargo. Preguntó a la plantilla de Dilvaterra y le propusieron a Mas, que en su momento ya fue colocado por Marcos Benavent, el 'Yonki del dinero'.

Ahora se ha cerrado el último capítulo Divalterra con su liquidación tras semanas de ceses, dimisiones y los nuevos procesados del ‘caso Alquería’. La investigación se destapó en 2018 y, esta semana, el juzgado de instrucción número 9 de Valencia ha anunciado el procesamiento del entonces expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y otros 14 cargos del Partido Socialista del País Valencià (PSPV) y Compromís. Rodríguez, que ocupó la presidencia entre 2015 y 2018, está acusado por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos cometidos al haber contratado de forma irregular a siete altos cargos en Divalterra, con un perjuicio de más de 1,1 millones de euros para las arcas públicas.

Divalterra es la empresa heredera de la antigua Imelsa, también investigada por irregularidades en su alta dirección en 2015. Su plantilla es de alrededor de 700 trabajadores públicos -621 pertenecen a brigadas forestales, la principal actividad de la empresa; y los otros 76 se dedican a servicios como el desarrollo local, el turismo, la comunicación o los gabinetes jurídico y económico- vivirán un proceso de reestructuración.

Gaspar buscó para el puesto de gerente a un empleado de la propia ‘casa’, en vez de a un político, haciendo todo lo posible por beneficiar a la empresa donde estaba. Eligió a Antonio Mas, que consiguió arreglarse el sueldo de forma que cobraba más que un conseller -62.506 euros anuales- , pero menos que un ministro -74.858 euros-. Así, en 2019 percibió 70.843 euros como gerente y el jefe de los servicios jurídicos, José Luis Vera, 71.547 euros. En diciembre del año pasado, la institución publicó los datos sobre los sueldos públicos de los altos cargos de las empresas dependientes de la Diputación tras solicitar la Intervención mayor transparencia. Además, se fijó un tope salarial de 72.000 euros. Esta cifra dejaba en evidencia que estos altos cargos cobran más que un conseller de la Generalitat Valenciana.

Subirse el futuro sueldo

Fue el 23 de septiembre de 2019 cuando el Consejo de Administración de Divalterra firmó un acta donde se proponía un incremento del salario anual de más de 4.389 euros para el gerente de la entidad “por reclasificación profesional” y para algunos de sus compañeros -en concreto, los nueve trabajadores que Mas dirigía-. De esta forma, cuando cesara del cargo de gerente y volviera a su departamento, podría beneficiarse de la subida salarial hasta cobrar 50.204 euros.

Acta del Consejo de Administración con la aprobación del incremento salarial.

Este es un ejemplo de los ‘arreglos’ de Mas en los sueldos. Según fuentes de la Diputación, consultadas por este digital, Mas “modificó en su propio beneficio la Relación de Puestos de Trabajo para arreglarse su sueldo”. El documento señala que “el coste empresa anual asociado a este incremento se estima en 67.775 euros”. Pero teniendo en cuenta que se abona desde junio de 2019, el coste es de 39.535 euros.

Antonio Mas Atienza es licenciado en Geografía por la Universidad de Valencia (UV) e ingeniero técnico en Topografía por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). También cursó un título de “Delincuencia económica y prevención de riesgos penales – Compliance” en el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales (UV) en noviembre de 2017.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, tiene asignada una retribución de 71.281 euros brutos anuales, según el Portal de Transparencia del ente provincial. Esto son 14 pagas de 5.091 euros. Sin embargo, en la nómina de septiembre de 2020, que nos facilitó el propio Gaspar en exclusiva, figura un sueldo base de 5.193 euros debido a la subida salarial de principios de año. A esta cifra se le suma la indemnización por kilometraje de 300 euros y los gastos de representación de 480 euros. La retención de IRPF roza el 30% y el sueldo neto se queda en casi 4.000 euros (3.929). Al ser afiliado al PSPV-PSOE, está obligado a donar un porcentaje del salario al partido y pagar la cuota anual.