La declaración de bienes y rentas de diputados y senadores: ese documento cuyo contenido nadie verifica
El Congreso de los Diputados y el Senado no sancionan la no presentación del formulario debidamente cumplimentado
¿Te imaginas poder identificar, clasificar, visualizar, comparar y filtrar la información sobre las declaraciones de bienes y rentas de los diputados y senadores de la legislatura actual? Transparencia Internacional España (TI-España) ha presentado el proyecto Integrity Watch Spain, que parte del proyecto europeo Integrity Watch: online tools for the fight against political corruption in Europe (Vigilancia de la Integridad: herramientas digitales para la lucha contra la corrupción política en Europa).
Su principal objetivo es fortalecer la integridad y transparencia del Congreso de los Diputados y Senado y contribuir al acceso de datos públicos. En este contexto, el estudio se ha centrado en las declaraciones de bienes y rentas de los diputados y senadores de la Legislatura XIV, la actual. TI-España ofrece, mediante esta investigación, una plataforma online con una base de datos ordenada, sistematizada y de acceso público con toda la información de las declaraciones de bienes y rentas de diputados y senadores de la presente legislatura, así como los datos básicos de cada parlamentario.
Esto permite identificar, clasificar, visualizar, comparar y filtrar la información para facilitar el acceso y la interoperabilidad de esta información pública. Por otra parte, se brinda un análisis cuantitativo y cualitativo de la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de diputados y senadores de la XIV Legislatura, así como una recopilación de la normativa aplicable.
Declaración de bienes y rentas de Pedro Sánchez.
Los resultados de dicha investigación han sido plasmados en el Informe Nacional sobre los resultados del proyecto y recomendaciones finales de Transparency International España. A partir del diagnóstico de la situación, del análisis de los datos e información recabada, se ha elaborado una serie de recomendaciones de cara a la mejora del actual sistema.
La presentación se ha realizado en el marco de la jornada online Avances y retos en transparencia e integridad en el Congreso de los Diputados y el Senado de España, en la que el equipo de TI-España y diputados de siete grupos parlamentarios de la Cámara Baja debatieron sobre transparencia e integridad parlamentaria y los puntos de mejora que deben aplicarse para que las declaraciones de bienes y rentas sus señorías puedan cumplir adecuadamente su propósito. Todos los grupos fueron convocados para participar en el evento. Sin embargo, algunos no pudieron asistir debido a compromisos previos.
Un documento sin verificar
Las declaraciones de bienes y rentas de diputados y senadores en España se publican desde el mes de septiembre de 2011, dando a conocer sus patrimonios al adquirir y al cesar su condición, así como cuando existe alguna modificación en sus circunstancias. No obstante, tanto la página web del Congreso de los Diputado como la del Senado solo difunden el documento presentado al inicio de la legislatura y posibles errores y modificaciones posteriores, pero no el documento al cesar en el cargo.
En declaraciones en exclusiva a Sueldos Públicos, la investigadora del proyecto, Constanza Cervetti, explica que el reglamento del Congreso no establece plazo ni sanción y no es necesario presentar la declaración para adquirir la condición plena de diputado, a diferencia del Senado, cuya presentación sí es uno de los requisitos exigidos para adquirir la perfección de la condición de Senador y establece un plazo de 30 días naturales siguientes para la presentación de esta cuando cesa el cargo o haya alguna modificación de las circunstancias inicialmente declaradas.
Los diputados carecen de sanción por la no presentación de la declaración ya sea al inicio o al cese de su cargo así como cuando existan modificación de las circunstancias. Por su parte, los senadores tienen la sanción de no adquirir la perfección de la condición de senador si no presentan la declaración al inicio de su mandato, aunque no se establecen sanciones en caso de no presentar la declaración al cese del cargo o cuando exista alguna modificación de lo ya declarado.
Sin embargo, en el reglamento del Congreso no existe ningún plazo, solamente, la obligación. “Al no haber sanción en caso de incumplimiento de publicación al cese del mandato, esto puede llegar a ser muy laxo. Ninguna de las dos cámaras establece sanciones. Y el Congreso no establece un plazo para presentarlas”, advierte Cervetti.
La investigadora subraya que, a los diputados y senadores, en sus declaraciones, “se les excluye de tener que escribir cuál es el sueldo que reciben de su cargo como diputado o senador. Para poder saber sus sueldos, tienes que entrar manualmente al régimen económico y “sacar la cuenta””. Este digital ya informó de esta circunstancia. Solo empezamos a conocer lo que cobran los diputados, con exactitud, porque hace nueve años, cuando nació este digital, solicitamos copias de las nóminas de los parlamentarios y UPyD fue el primer partido que las colgó en su página web. Pero se sigue necesitando una calculadora para conocer el sueldo bruto de los representantes de la soberanía nacional.
Sobre las recomendaciones para mejorar la transparencia y el acceso a los datos de estos documentos, el coordinador del proyecto, David Martínez García, apunta a que es necesario que publiquen todas las declaraciones, desde que se adquiere el cargo hasta que cesa, con las modificaciones de sus circunstancias. “Normalmente, solo se publica la última declaración. Recomendamos que se deje toda esta información en su ficha individual con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos toda la información. Si bien queda publicado en el BOE, resulta complicado comparar”.
Fuentes del Congreso consultadas por este digital reconocieron en su momento que nadie de la Cámara revisa ni da cuenta de que lo que rellenan los diputados se corresponde con la realidad. Es un documento que carece de validez jurídica. No es una herramienta útil para comprobar si un cargo electo se ha enriquecido de manera ilícita durante el ejercicio de su cargo.
El artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) afirma que:
1. Los diputados y senadores, con arreglo a las determinaciones de los respectivos Reglamentos de las Cámaras, están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en esta Ley Orgánica y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias.
2. Las declaraciones sobre actividades y bienes se formularán por separado conforme a los modelos que aprobarán las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta y se inscribirán en un Registro de Intereses, constituido en cada una de las propias Cámaras bajo la dependencia directa de sus respectivos presidentes, a los efectos del presente artículo y a los que determinen los Reglamentos de las mismas Cámaras.
El coordinador hila más fino y destaca que el reglamento del Congreso no establece plazo ni sanción y no es necesario presentar la declaración para adquirir la condición plena de diputado, a diferencia del Senado, cuya presentación sí es necesaria para adquirir la condición plena de senador junto con la declaración de actividades.
Para el coordinador “es de vital importancia poner en marcha sistemas de formación continua y actualización periódica para los parlamentarios en materia de ética, integridad, transparencia y buen gobierno, en aras de ir asentando una cultura de cumplimiento y de gestión responsable e íntegra al servicio del interés general”. Es algo que este digital ha advertido en otras ocasiones: Decenas de diputados no saben rellenar correctamente el formulario ni hay rectificación alguna posterior.
Batet, durante la jornada de este martes, con videollamada.
Además, añade que “no olvidemos que “datos” no es igual a “información”. Cumplir adecuadamente con el principio de publicidad activa no es sólo poner en la página web un conjunto de datos, sino que es necesario que se garantice que la información sea accesible, clara, reutilizable, estructurada, relevante, completa, coherente, confiable y actual”.
Recomendaciones
- Modificar el formato de publicidad de las declaraciones por formatos de datos abiertos, reutilizables e interoperables, según viene recomendando por el Grupo de Países del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) en su último informe de evaluación en relación a las declaraciones financieras de los parlamentarios.
- Actualizar el marco normativo y regulatorio en materia de transparencia parlamentaria.
- Mejorar y actualizar el formulario con categorías claras, completas y detalladas y elaborar y publicar una guía con directrices concretas para cumplimentar adecuadamente el modelo de declaración, por ejemplo, como el modelo griego.
- Crear una autoridad independiente de control, seguimiento y monitoreo de las declaraciones de bienes y rentas de los parlamentarios (tal y como han hecho en Francia y Letonia), con el objetivo de verificar: que el formulario fue completado de la manera correcta; la veracidad de la información y cruzar la información con los registros oficiales para poder detectar posibles irregularidades.
- Tomar todas las medidas necesarias para asegurar la plena implementación del Código de Conducta de las Cortes Generales que se podrían recoger en un Plan Integral de Implementación para lograr un efectivo cumplimiento de este.
La jornada contó con la intervención de la presidenta de TI-España, Silvina Bacigalupo, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Participaron diputados de EH-Bildu, PNV, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Popular, Unidas Podemos y PSOE.
Bacigalupo puso en valor la preocupación por la transparencia en la Unión Europea, que ha concebido este proyecto para intensificar su compromiso hacia la transparencia, especialmente en el poder legislativo. “En España, aun debemos avanzar y fortalecer las políticas para alcanzar la transparencia. Pero, para lograr un balance, es necesario clarificar su concepto: la transparencia no puede ser identificada con un panóptico. Es un principio de buena gobernanza de quienes administran bienes ajenos. De allí que se exija en el sector público y privado. Se trata de rendir cuentas de las decisiones adoptadas”, explicó.