La Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo estudiará, según un auto dictado el 4 de febrero, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado a raíz de un recurso por parte del Partido Popular donde argumenta la incompatibilidad de su cargo actual con su pasado como ministra de Justicia. Hace un año ya te contamos la retribución de Delgado como ministra y de José Manuel Maza como fiscal general del Estado. Delgado  accedió al cargo el 26 de febrero del año pasado. En poco más de dos semanas cumplirá un año en el puesto.

Según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, publicados en el BOE, el cargo de fiscal general del Estado tiene una retribución asignada de 124.647 euros brutos anuales en doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias. A esta cifra se añaden 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios. En 2020 cobró la parte proporcional de 123.535 euros, más trienios, ya que accedió al cargo a finales de febrero.

El Portal de la Transparencia del Gobierno recoge el dato del sueldo de Delgado en 2019 como ministra del primer gobierno de Pedro Sánchez, el surgido tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018. Percibió 83.330 euros, incluidos nueve trienios de antigüedad por su condición de funcionaria. Son casi 7.000 euros al mes. Para ese año, el salario de ministro estaba fijado en 71.424 euros en 12 pagas.

Por otro lado, cabe añadir que, como diputada por Madrid, cobró la indemnización exenta de tributación para gastos de manutención y alojamiento entre mayo de 2019 y enero de 2020. Actualmente son 14 pagas anuales de 1.959 euros. Su director de Gabinete cobró unos 96.000 euros. De esa cantidad, unos 36.000 euros corresponden al complemento de productividad.

Funcionaria desde 1989

Dolores Delgado García nació en Madrid en 1962. Tiene 58 años. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1980-1985) y ha cursado un máster en Derecho comunitario por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid (1985-1986). Lleva cobrando sueldos públicos como funcionaria desde 1989, unos 32 años, cuando ganó una oposición de la Carrera Fiscal. Su primer destino fue la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 1990, adscrita a los Juzgados del Prat de Llobregat.

También formó parte de las nuevas áreas de menores, antidroga y medio ambiente. En 1993 fue destinada a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, donde dirigió operaciones contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al blanqueo de capitales. Se incorporó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional donde trabajó en los casos de terrorismo (1993-2004) y en 2007 fue designada coordinadora contra el terrorismo yihadista y miembro del denominado “Cuatripartito”, un grupo de fiscales antiterroristas de las fiscalías de Marruecos, Francia, Bélgica y España. En 2011, colaboró con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el denominado “Caso Libia” en la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la “primavera árabe”.

Además, es vocal por la Unión Progresista de Fiscales en el Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado (2018). En junio de 2018 tomó posesión como ministra de Justicia de España, responsabilidad que desempeñó hasta enero de 2020. Además, fue diputada de mayo de 2019 a enero de 2020. Tan solo unos días después de su cese como ministra ocupó el cargo como fiscal general del Estado.

De su declaración de bienes y rentas, publicada en 2019, reflejó tres viviendas al 50%, dos en Madrid adquiridas en 1999, otra en Huesca de 2004 y un vehículo comprado en 2000. Además, pagó 26.372 euros de IRPF en 2018. Disponía de dos cuentas corrientes con un total de 89.500 euros. En cuando a las deudas, declaró un crédito hipotecario de 518.000 euros del que aun debía 477.000 euros. Por último, en esta declaración también contaba con el 25% de una empresa llamada Finca Sahona, valorado en 1.000 euros.

Retribuciones de los fiscales jefe

Los PGE de 2021 también detallan otras retribuciones de la carrera judicial. Así, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, nombrado el pasado mes de enero, percibirá un salario de 119.131, compuesto por un sueldo en 14 mensualidades de 29.862 euros y otras remuneracione: 89.268 euros en 12 mensualidades. El fiscal jefe Inspector, Fausto Cartagena, el fiscal jefe de la Fiscalía Constitucional, María Ángeles Sánchez, y el fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, cobran 117.559 euros: un sueldo de 28.291 euros en 14 mensualidades y “otras remuneraciones” en 12 mensualidades por 89.268 euros.

En cuanto a los fiscales jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres; de la Secretaría Técnica, Álvaro García; de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Francisco Moreno; y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la criminalidad organizada, Alejandro Luzón, todos ellos perciben un salario de 116.031 euros, que resultan de un sueldo de 28.291 euros en 14 mensualidades y “otras remuneraciones” por 87.740 euros en 12 mensualidades.

Imagen: ED.