¿Cómo es posible que una empresa privada, que participa en concursos públicos y hace negocios con la Administración, con el dinero de todos los contribuyentes, pague hasta 7,4 millones de euros a una empresa de su propiedad ¡qué no tiene trabajadores!?

Llevamos meses haciéndonos eco de los asuntos turbios que envuelven a la operación de Acciona de hacerse con la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Es evidente el dolor de cabeza de la Generalitat de Cataluña con el agujero que tiene que pagar porque el Gobierno de Mas esperaba ingresar 1.000 millones de euros por esta concesión -que se ha demostrado irregular- de los que cobró en su momento 300 y tenía previsto ingresar los otros 700 a lo largo de los 50 años de concesión.

Pues bien, este mismo jueves, el sindicato CGT tiene previsto denunciar en la Oficina Antifraude, una serie de irregularidades en las cuentas de la empresa privatizada Aigües Ter-Llobregat. Resulta que Acciona, que tiene el control de la compañía, pagó, según el digital El Critic, a través de ATLL 7,4 millones de euros a una empresa de su propiedad.

Los pagos fueron en 2013 en concepto de facturas por servicios de mantenimiento. ¿Todo correcto? No señor. Lo raro de este asunto es que la empresa receptora no tiene trabajador alguno en nómina ni la autorización de la Generalitat para ser contratada. Por su parte, según el digital, ATLL ha asegurado recientemente que canceló esta operación y volvió a facturar los 7,4 millones de euros a otra empresa del grupo Acciona. ¿A qué se debe tanto centrifugado de dinero? ¿Y qué dice la Generalitat? Niega conocer estos contratos. Eso sí, el Ejecutivo catalán tiene un representante en el Consejo de Administración de ATLL.