El Estado de la Ciudad del Vaticano es el país más pequeño y con menos población de Europa, en concreto son 0,44 kilómetros cuadrados con 825 habitantes. Sin embargo, pese a su extensión, concentra una de las instituciones más importantes a nivel global, la Santa Sede, que pertenece a la Iglesia Católica. Según la Central Intelligence Agency, el 34,2% de la población mundial es cristiana, siendo la religión con más seguidores.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) calcula que en nuestro país hay 17.337 sacerdotes, 70 diócesis y 22.997 parroquias. El máximo representante del Vaticano y de la Iglesia Católica es el Papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio. Es conocido por sus políticas reformistas y de carácter social dentro de la Iglesia.

El pasado mes de octubre, la institución publicó en su propio medio de comunicación, Vatican News, sus cuentas anuales de 2019, tras cuatro años sin hacerlo. En ellas se refleja unos ingresos de 307 millones de euros y unos gastos de 318 millones, es decir, obtuvieron un déficit de aproximadamente 11 millones de euros. También indica que el patrimonio neto de la Santa Sede es de 1.402 millones. La deuda se ha reducido desde las cuentas de 2016. Además, se ha conocido que el coste de las embajadas es de 43 millones de euros.

La Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano (RTVE).

Los gastos son mayoritariamente del coste del personal, tres millones de euros, y de la depreciación y otras pérdidas de valor, valoradas en 31,5 millones de euros. Mientras, las ganancias provienen de la Administración del Estado (32%), ingresos financieros (21%), donaciones externas (18%), comerciales (11%), contribuciones de entidades relacionadas (14%) y de servicios (4%).

El pasado mes de junio, el Papa aprobó una ley titulada “Reglas sobre la transparencia, el control y la competencia en los contratos públicos de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano”, conformada por 86 artículos. El objetivo de este documento es el uso sostenible de los fondos internos, la transparencia en los procedimientos de adjudicación, y la igualdad de trato y no discriminación entre los licitadores.

El Vaticano se ha visto inmerso en esta última década en diferentes polémicas, la más reciente fue este mes, cuando el Papa desmontó la Secretaría de Estado por la supuesta implicación del número tres de la institución, Angelo Becciu, en una red de diplomacia paralela a la de la Santa Sede. Becciu tenía acceso a ilimitado a los fondos del organismo eclesiástico.

La semana pasada, el papa Francisco, en una audiencia general, que es una catequesis para los fieles, señaló: “La Iglesia no es un mercado ni un grupo de empresarios que sacan adelante una nueva empresa. Es obra del Espíritu Santo”. También quiso aclarar que la entidad tampoco es un partido político.

Retribuciones

Según Ahoramismo, el Papa no tiene una retribución dado que la institución le proporciona todo lo que necesita (uso personal, transporte, alojamiento, etc.). Además, Bergoglio renunció a muchos de sus lujos cuando fue nombrado, como el coche oficial o al apartamento en el Palacio Apostólicos.

El antecesor en el cargo, Benedicto XVI, tiene una retribución de alrededor de 2.500 euros mensuales, más todos los gastos de su alojamiento y seguridad. En España los sueldos de sacerdotes y obispos es de 900 y 1.250 euros al mes (14 pagas, anuales) respectivamente, según recogió Eldiario.es en 2019.

Conferencia Episcopal Española (CEE)

En la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica de España, elaborado por la CEE, consta que en 2018 se destinó la cantidad más elevada en diez años a la Iglesia, en concreto 285 millones de euros. Alrededor de 8,5 millones de contribuyentes deciden aportar en su declaración del Impuesto Sobre las Personas Físicas (IRPF) un 0,7% de su cuota.

En este informe consta que se destinan 18 millones a pagar la Seguridad Social del clero; 2,3 millones de euros para pagar las retribuciones de los obispos; 3,7 millones para fondos de el canal de televisión Trece TV; y otros gastos en empleo que suman 252 millones, es decir, el 88% de lo que aportan los contribuyentes.