El pasado jueves, 29 de octubre, se aprobó el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, que supone un paso más hacia la transparencia de la Administración Pública. Este programa contiene puntos muy importantes como la reforma de la Ley de Transparencia, la revalidación del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, la regulación de lobbies y la protección de alertadores.

El acuerdo entre la sociedad civil y las administraciones ha supuesto la aprobación de este documento, cuyo proyecto se planea llevar a cabo en cuatro años. Este contiene 17 puntos en forma de compromisos. Cabe recordar que España ha realizado grandes avances desde que se aprobó la Ley de Transparencia en 2013.

La ley fue propuesta por el Partido Popular, que entonces estaba en el Gobierno e impulsada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Pese a que la medida fue aprobada en el Congreso de los Diputados, contó con el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís, Esquerra Republicana de Catalunya, entre otros.

Una de las organizaciones que ha contribuido a alcanzar el nuevo acuerdo es Access Info, que se dedica a fomentar el derecho a la información de los ciudadanos. Este organismo pretende convertir el acceso a la información en un “derecho humano fundamental”, así lo afirmó su directora Ejecutiva, Helen Darbishire, el día que se aprobó el Plan. El 22 de octubre, Access Info presentó sus propuestas, entre las que se encontraba la necesidad de que se creara un órgano independiente para supervisar la transparencia en la contratación pública y la apertura del Registro Mercantil. Ya en julio, miembros de la Coalición Pro Acceso, de la que forma parte Access Info, enviaron una carta a la Dirección General de Gobernanza Pública, donde expresan su preocupación sobre la exclusión del próximo Plan de Acción de Gobierno Abierto, de varias medidas que son esenciales para avanzar en transparencia, a pesar del apoyo de la sociedad civil a las mismas.

 En esa carta se alertaba de que el documento no abordaba cuestiones capitales como:

• Reconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información
• Transparencia en algoritmos/inteligencia artificial
• Firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos
• Transparencia sanitaria
• Asegurar el acceso libre y gratuito al Registro Mercantil
• Control parlamentario sobre gastos del presupuesto, incluyendo publicidad institucional
• Datos abiertos y licencias abierta
• Transparencia en las motivaciones para otorgar indultos.

Tras la salida adelante de este Plan, cuya información puedes ampliar en el Portal de la Transparencia del Gobierno, España se ha convertido en uno de los miembros principales de la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), del que también forman parte Aragón (desde 2020), Cataluña (desde 2020), el Ayuntamiento de Madrid (desde 2016) y el País Vasco (desde 2018).

Según la web de Transparencia del Gobierno, se recibieron propuestas para el plan de acción. Así, la mayoría, el 27%, fueron de la ciudadanía, seguido por la Fundación Ciudadana Civio, con el 18%, y Openkratio, con el 12%. La gran parte de las proposiciones (68%) tenían como objetivo la transparencia, seguido de la participación, la sensibilización y la integridad pública.

El proceso hasta la aprobación comenzó el 31 de enero de 2019. En febrero se publicó el calendario del plan de trabajo y desde el 18 de marzo hasta el 10 de abril se realizó una campaña de sensibilización sobre la apertura de plazo de consulta previa, al mismo tiempo que se recogían las propuestas. Durante los meses de mayo y junio se hicieron el análisis de las proposiciones y los talleres deliberativos.

Por último, en septiembre se desarrolló la fase de aprobación en la que se redactó el borrador del Plan y se envió a la Comisión Permanente del Foro de Gobierno Abierto para que realizaran las observaciones pertinentes. A finales de octubre se trascribió la versión final y se aprobó por el Foro del Gobierno Abierto.

El Consejo de Transparencia

En España, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el “encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno”.

Es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada, adscrito, a efectos puramente organizativos, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, cuyo responsable es Carolina Darias. El sueldo anual asignado para esta ministra es de 74.858 euros brutos en 12 pagas de 6.238 euros.

Según los Presupuestos Generales del Estado se destina una cantidad anual de 2,2 millones de euros. Recientemente, José Luis Rodríguez Álvarez fue nombrado presidente, quien tendrá un salario asignado de más de 100.000 euros al año.