Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Fue propuesto por el Consejo de Ministros a finales de septiembre y aprobado en el Congreso de los Diputados, pese al rechazo del Partido Popular y Vox.

Esta institución es relativamente joven ya que nació en diciembre de 2014 con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En los casi seis años que lleva en activo han ocupado el puesto Esther Arizmendi (2014-2017), Javier Amorós (2017-2020), que estuvo en funciones tras el fallecimiento de esta, y el recién nombrado, Rodríguez. La remuneración para este puesto supera los 100.000 euros brutos anuales, aunque la cantidad exacta se desconoce porque todavía no está disponible en el Portal de Transparencia del organismo. En 2016, tal y como recogimos en Sueldos Públicos, la retribución de la entonces presidenta, Esther Arizmendi, fue de 103.019 euros anuales.

Los presupuestos de este año son los mismos que en 2018, ya que se llevan prorrogando desde entonces porque el Gobierno de Sánchez sigue sin conseguir los apoyos suficientes para sacar adelante unas cuentas propias y, por lo tanto, siguen vigentes las de Cristóbal Montoro. Así, en los ejercicios de 2018, 2019 y 2020 constan unos gastos de 2,2 millones, de los que el 60% va a destinado al personal, concretamente con 1,3 millones de euros. De esta cifra, se destina 105.800 euros (7,6%) a los altos cargos (presidente), 974.120 euros (70,6%) a funcionarios, 172.630 euros (12,5%) a incentivos de rendimiento y 126.180 euros (9,1%) a cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.

En los presupuestos de 2016 se detallan unos gastos en personal de 1,2 millones de euros. El 8% era para los altos cargos, la misma cifra que el sueldo de la expresidenta, Arizmendi. El 61,9% (775.349 euros) se destinaban a funcionarios, el 17,5% (219.419 euros) incentivos de rendimiento y el 12,2% (152.000 euros) a cuotas, prestaciones y gastos sociales.

De las cuentas anuales de 2017, que no están disponibles en el Portal de Transparencia, pero a las que ha tenido acceso Sueldos Públicos, destaca un gasto de personal de 1,1 millones de euros: 92.200 euros (8,2%) para los altos cargos, 705.580 euros (63,4%) para los funcionarios, 226.150 euros (20,33%) para incentivos al rendimiento y 88.310 euros (7,9%) para cuotas, prestaciones y gastos sociales.

La Memoria Anual de 2017 del Consejo de Transparencia señala que había 18 funcionarios que debían evaluar a 18.000 unidades entre ministerios, administraciones autonómicas, entidades locales… La evidente falta de personal hizo que del análisis de las entidades locales, que son 13.000, se hiciese a través de una muestra representativa de 13 organismos. En la Memoria Anual de 2018 el número total de efectivos era de 20 personas.

El gasto presupuestado en incentivos desde 2016 hasta diciembre de este año roza el millón de euros: 963.459 euros: 172.630 euros anuales en 2018, 2019 y 2020, más 226.150 euros de 2017 y 219.419 euros de 2016.

Trabajó con un ministro socialista

José Luis Rodríguez Álvarez nació en Madrid en 1962 (58 años). Es licenciado en Derecho y ejerce de profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Ha ocupado cargos a lo largo de su carrera laboral como coordinador del área de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, y director gerente de la Fundación Democracia y Derecho Local (2002-2004).

En abril de 2004 fue nombrado director de Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y, en 2008, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Un año después, le nombraron director de Gabinete del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Y su cargo más reciente en la administración fue como director de la Agencia Española de Protección de Datos (2011-2015).

¿Qué es el Consejo de Transparencia?

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada, adscrito, a efectos puramente organizativos, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, cuyo responsable es Carolina Darias. El sueldo anual asignado para esta ministra es de 74.858 euros en 12 pagas de 6.238 euros.

Según su página web, es un ente “encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno”.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al igual que la Administración General del Estado y otros entes públicos no revela los criterios, motivos y método de cobro (mensual, al final de año…) del incentivo al rendimiento o en otros casos, complemento de productividad.