Una enfermera presidirá una empresa pública de tecnología naval con un sueldo de más de 100.000 euros brutos al año
También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Murcia
Sainsel es una empresa naval de titularidad pública participada por Navantia (empresa también estatal) al 51% e Indra (empresa semipública). La compañía lleva dos años sin presidente. En 2018, con el cambio de Gobierno producido por la moción de censura a Mariano Rajoy, se destituyó a Alejandro Ballestero, exdiputado del Partido Popular. Este llevaba cinco años en el cargo.
Ahora parece que ya hay sustituta para el puesto. Según adelantó El Confidencial y ha confirmado el director de la firma, José Antonio López, a Sueldos Públicos este lunes, Susana Hernández ha sido la elegida para ocupar el cargo. Exsenadora del grupo socialista, perdió su escaño en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre.
Si repasamos algunas cifras de la mercantil, comprobamos que la partida de gastos de personal de la empresa en 2019 fue de dos millones de euros: 1,57 en sueldos y salarios y 397.000 en Seguridad Social. Ese ejercicio finalizó con un saldo de 14,7 millones de euros. Durante el mandato de Ballestero, la empresa pasó de cerrar 2012 con pérdidas de 113.000 euros a lograr 1,2 millones de beneficios en 2018.
Salario y declaración de bienes
Hernández estuvo ocho meses en el cargo de senadora por Murcia en 2019, pero la repetición electoral la dejó sin escaño en la Cámara Alta. Si todavía fuera parlamentaria en el Senado cobraría 4.185 euros brutos al mes (3.055 de sueldo base y el complemento por ser vicepresidenta de Comisión de 1.134 euros). Además, 1.958 euros libres de impuestos de indemnización por ser de una circunscripción distinta a Madrid. En junio y diciembre, con una paga extraordinaria completa, los ingresos se duplicarían a 8.370 euros y 3.916 de indemnización.
Según el último sueldo disponible en el Portal de Transparencia de Sainsel, el presidente Ballestero percibió 156.723 euros. Sin embargo, en esta cifra está incluido el finiquito y el variable. Al no especificar las cifras, no sabemos en qué medida se aproxima al sueldo que percibirá Hernández.
En su declaración de bienes y actividades de toma de posesión del escaño de 2019, la exsenadora incluyó el dato de la nómina del Ayuntamiento de Murcia de 48.158 euros y una cantidad de 11.456 euros pagada de IRPF. En cuanto a bienes patrimoniales, el documento refleja un piso con plaza de garaje y trastero en Murcia adquirido en 2009.
Desconocemos si la exsenadora y exconcejal rellenó correctamente el documento ya que hay que poner cantidades netas, no brutas y decenas de señorías se equivocan. Así, el actual alcalde de Murcia tiene un sueldo público asignado de casi 76.400 euros anuales y los concejales delegados con dedicación exclusiva, cerca de 67.700 euros cada uno. En cambio, los concejales delegados con dedicación parcial perciben 44.258 euros, cantidad similar a la reflejada por Hernández.
También, declara 22.100 euros de saldo en cuentas corrientes, un plan de pensiones con un valor de 800 euros y un seguro de vida de 65.000 euros. Por último, tiene un préstamo hipotecario concedido en 2009 por el que le concedieron 112.000 euros y de los que le quedan pendientes 80.703 euros.
Enfermera y política
Susana Hernández Ruiz nació en 1976 (44 años) en Murcia. Es diplomada en Enfermería por la UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia y técnico en Oncología Radioterápica. Los primeros años de su carrera laboral los dedicó a la enfermería y en el mandato de 2011 fue elegida concejala de Derechos Sociales, Educación, Patrimonio, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia.
Los enchufes en política
Cabe recordar que el Gobierno del PP aprobó un real decreto para regular el sueldo de los directivos de las empresas públicas estatales en 2012, en plena crisis económica y con el ‘chip’ puesto en la famosa austeridad. La entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fijó que la remuneración tope sería de 105.000 euros anuales para las compañías de gran tamaño; en las medianas, 80.000 euros; y en las de menor tamaño, de 55.000 euros. Pese a que con estas limitaciones los abultados salarios se redujeron, en teoría, entre un 25 y un 35%, los directivos tenían derecho a percibir un complemento de puesto y un variable. Estos dos factores siguen permitiendo sueldos públicos ‘cienmileuristas’ o que superan los 200.000 euros, como el caso del responsable de Loterías del Estado.
Pero, no es la primera vez que vemos cómo los políticos colocan a los suyos en empresas de titularidad pública. Entre los casos más sonados están el de Ada Colau con la colocación de familiares y amigos en puestos de confianza.
Desde la cúpula nacional de Podemos, Pablo Iglesias y Pablo Echenique, lograron que Pablo Arrojo, exdiputado de Podemos, fuese nombrado relator especial del Derecho Humano al Agua y Saneamiento de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre.
El PSOE y el PP también ha llevado a cabo esta práctica en empresas públicas como Correos, Hunosa o Enusa, donde hay un filósofo como presidente de la empresa estatal de uranio.
