“Este Convenio tiene por objeto regular la forma en que las partes cooperarán en la organización, ejecución e impartición del curso «Evaluación de Políticas y Programas Públicos», cuyo objetivo es facilitar, al personal al servicio de las Instituciones de Control Externo que lo suscriben, la especialización adecuada en materia de evaluación, sus diversas metodologías, enfoques técnicos y herramientas, necesarias para contribuir al logro de un sistema de gestión pública más moderno y eficaz”. Este párrafo lo puedes leer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles.

El Tribunal de Cuentas, la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (ASOCEX), el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) han aprobado un Convenio que promueve la realización de actividades de formación por parte del personal que trabaja en el Gobierno y en su sistema interno.

Oficinas de una delegación de la Agencia Tributaria.

Tanto la ASOCEX, como el IEF y el INAP son organizaciones públicas, que tienen entre sus funciones impulsar la educación de los empleados que trabajan para la Administración. De esta forma, lo que establece este acuerdo es la cooperación entre estas asociaciones para impartir el curso: Evaluación de Políticas y Programas Públicos. 

La financiación del proyecto

El curso tiene un coste de 25.700 euros que será sufragado por las cuatro entidades que han firmado el Convenio. El Tribunal de Cuentas aportará 3.198 euros; la ASOCEX financiará 10.662 euros; el INAP, 6.200 euros; y el IEF proporcionará 5.640 euros.

El presupuesto que adjunta el Convenio establece dos tipos de gastos: de docencia y de gestión. Los primeros suponen un total de 15.035 euros, que contemplan la puesta a disposición del material didáctico (3.375), la docencia de los ponentes (9.060) y los trabajos finales (2.600). Por otra parte, los gastos de gestión suman 10.665 euros con el campus virtual (1.230), la gestión administrativa y secretaría (1.035), la dirección y coordinación académica (2.200), imprevistos (300), aulas (2.400), desplazamientos de ponentes (1.500) y comunidad virtual de evaluación (2.000).

El contenido del Convenio

El reparto de competencias deja al Tribunal de Cuentas y la ASOCEX el nombramiento, la cooperación y el traslado de los integrantes del curso, así como de cubrir los gastos que este genere (dirección, secretaría, docentes y otros gastos). El IEF dirige y coordina la actividad, enfocándose en el desarrollo virtual del ciclo. Y, el INAP proporciona los medios para el desarrollo de las clases presenciales.

Los responsables del seguimiento, vigilancia y control serán los representantes elegidos por cada organización: del Tribunal de Cuentas, la consejera del Departamento del Área de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social; de la ASOCEX, su presidente o persona en quien delegue; del IEF, el director de la Escuela de Hacienda Pública y el jefe de Estudios de Formación responsable del Programa; y del INAP, el subdirector de Aprendizaje.

Da la casualidad de que hace tres años se desmanteló un proyecto de 40 millones de euros para evaluar las políticas públicas. Así, en 2017, como ya informamos en Sueldos Públicos, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió eliminar la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL). Un organismo creado por el que era ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, del equipo de gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero.

El objetivo de la AEVAL era mejorar la coordinación entre las administraciones públicos y luchar contra el malgasto. La inversión que se realizó desde su creación en 2006 fue de 40 millones de euros. El proyecto resultó un fracaso ya que los informes que se realizaban eran cuestionarios que se pasaban a la población sobre su percepción de los servicios públicos y la actividad de las agencias estatales.

La vigencia del Convenio es de un año desde su publicación, es decir, hasta el 26 de agosto de 2021. En caso de que se cumpla la finalidad del acuerdo durante el periodo establecido, este se extinguirá. También supondrá el cese del contrato si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones. Cualquier incidencia o cuestión debe ser resuelta por “la jurisdicción contencioso-administrativa”.

La duración del ciclo es de nueve semanas a través de la plataforma virtual más seis sesiones que podrán ser presenciales, en función de la situación sanitaria provocada por la Covid-19. El Convenio aborda aspectos como la visibilidad de la cooperación entre las instituciones en “los elementos gráficos y de imagen”, como las apariciones en prensa, comunicados o folletos, entre otros; el tratamiento y protección de datos, que serán “de carácter identificativo y financiero”.