El Tribunal de Cuentas aprobó el 24 de julio el informe de fiscalización de los procesos del cese de entidades en las comunidades autónomas como consecuencia de la reestructuración del sector público. El estudio, que abarca de 2010 a 2016, es resultado de la reunión entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX). Cabe recordar que hasta 2014 no se dio por superada la Gran Recesión (2008-2013).

En ella se evaluó la conveniencia de analizar las medidas y procedimientos a través de los cuales las comunidades autónomas realizaron la gestión de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativo y empresarial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público. El objetivo es facilitar a las Cortes Generales una valoración técnica de la planificación y gestión autonómica desarrollada, mediante un documento que recoge los resultados de los trabajos efectuados por cada comunidad.

En un comunicado, el Tribunal de Cuentas explica que una de las conclusiones del informes es que la reestructuración del sector público ha supuesto 767 bajas y 186 altas de entidades para el conjunto de comunidades autónomas en un periodo de siete años (2010-2016). Así, se ha producido una reducción de 581, lo que supone un 34% del total existente inicialmente. Respecto al total de bajas, el 34,4% corresponde a sociedades, el 22,9% a fundaciones y el 20,9% a consorcios.

Algunos de los entes que se han suprimido son el Instituto de Realojamiento e Integración Social y el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor que se han integrado en OOAA (Agencia de la Vivienda social y Agencia Madrileña de Atención social) ya existentes que tienen atribuidas funciones semejantes.

Con detalle, han causado baja 53 organismos autónomos, 113 entes públicos, 263 sociedades, 177 fundaciones y 161 consorcios. Mientras, nuestros políticos regionales crearon 16 organismos autónomos, 59 entes públicos, 47 sociedades, 41 fundaciones y 23 consorcios. Según el Informe, la mayoría de las entidades extinguidas ejercían actividades administrativas y servicios auxiliares (119), actividades inmobiliarias (93) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (85). La minoría son industrias extractivas (3), transporte y almacenamiento (3) e industria manufacturera (8).

Sin embargo, a lo largo del periodo siguen destacando las empresas de naturaleza privada, sociedades y fundaciones, frente a las entidades propias de naturaleza pública, a excepción de los consorcios que aun participando de esta última naturaleza son también mayoritarios hasta 2012.

Respecto a los órganos o compañías que asumen las actividades de los entes suprimidos, la investigación señala que todas han sido asumidas por las correspondientes consejerías u otros órganos de la Administración autonómica o por las entidades absorbentes. Con excepción de aquellas entidades que se extinguen por separación o desvinculación de la comunidad autónoma de la entidad.

En el análisis de los procedimientos de extinción, la inspección ha detectado que en el desempeño de actividades que estaban atribuidas a algunas de las entidades extinguidas existían duplicidades respecto a otras existentes. Esto iba en contra de los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El Tribunal de Cuentas señala la imposibilidad de verificar la información aportada por las administraciones autonómicas al Ministerio de Hacienda durante el periodo estudiado. Sobre todo, en relación con la suma de los costes asociados a los procesos de reordenación, la reducción de personal y el ahorro conjunto correspondiente al coste anual de dicho personal. Esto es, las cuantías contrastadas en las fiscalizaciones respecto de estos tres aspectos son inferiores a las informadas.

En el mismo Informe, el Tribunal aporta una serie de recomendaciones en relación con cuatro aspectos: la instauración de un sistema que supervise las entidades dependientes para comprobar que se cumplen las condiciones de creación y financiación; la existencia de un plan estratégico para los procesos de gestión del sector público autonómico; la incorporación de memorias que justifiquen y expliquen el cese de entidades; y la actualización de la información que se aporta al Ministerio de Hacienda.

La colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX ya se ha llevado a cabo durante otros ejercicios y han dado lugar a otros documentos aprobados con anterioridad sobre aspectos relevantes como la actividad de todas las universidades públicas y los encargos de gestión en el ámbito autonómico.

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