Más de un millón de empleos se han perdido en España durante los meses más duros de la pandemia de la Covid-19, según la Encuesta de Población Activa del segundo semestre realizada por el INE. La tasa de paro se ha disparado al 15’3%, casi dos puntos más que los niveles de febrero de este mismo año.

Con estas cifras, en España hay, aproximadamente, 3,3 millones de parados, sin incluir a aquellos que aun se encuentran afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esta cifra no coincidirá con el dato del paro de junio que se hará público la semana que viene. Con todo, estos números sorprenden si los comparamos con los 3,25 millones de nóminas públicas que se han contabilizado en el primer trimestre de 2020.

Los datos no son alentadores. Por ello, el INE ha señalado que los resultados de la encuesta “continúan reflejando la situación derivada de la pandemia”. Aunque también hay que prever que puede haber mayor número de despidos y que los ERTES se conviertan en ERES, en función de cómo se desarrolle la crisis y sus consecuencias económicas.

Empleados públicos (El Economista).

La situación en el ámbito público no ha sido la misma. Durante abril y mayo, mientras en el sector privado se estaban haciendo todo tipo de ajustes, los salarios de los funcionarios aumentaron hasta el 4,6%, según Vozpópuli. En las Administraciones Públicas no se ha realizado ERTES, despidos ni reducción de sueldos.

Por otro lado, el pasado mes de enero habían más de 2,5 millones de empleados públicos, la mayoría de ellos trabajando para comunidades autónomas y gobiernos locales, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Este dato supone un incremento del número de empleados del 0,08% respecto a julio de 2019. La mitad de estos trabajadores son funcionarios de carrera, seguido del personal laboral.

De hecho, el crecimiento salarial no solo se ha producido en este periodo de tiempo, sino que hace un año ya estaba por encima del sector privado. Mientras la masa salarial de los funcionarios aumentaba en un 5,9%, la pública lo hacía al 5,4%. Estos datos no hacen más que reflejar la dualidad laboral público-privada en España.

Además, cabe añadir el aumento a casi 33 millones de euros de déficit público en 2019, un 2,64% del PIB, según el INE. El gasto público estatal del año pasado estuvo condicionado por la celebración de dos elecciones generales sumado a los sueldos públicos de las Administraciones. Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y el Estado suponen un desembolso de las arcas públicas de 134.063 millones de euros, esta cifra es equivalente a los ingresos por la recaudación del IRPF (86.892 millones de euros) y más de la mitad del IVA (71.538 millones de euros).

El incremento en las autonomías se debe, en gran medida, a las contrataciones de personal sanitario, liderado por Andalucía con un 9,8% y Navarra con 9,5%. Por otro lado, las comunidades que mayor crecimiento han experimentado en cuanto al número de efectivos son Castilla-La Mancha (27,2%), Melilla (19,9%) y Cataluña (19,3%).

A la espera de crear y aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que subirá los impuestos, siguiendo la recomendación del Banco de España. También mantendrá las pensiones y el sueldo de los funcionarios, según informa El Economista.

Los sueldos públicos de los políticos tampoco han sufrido ningún cambio. Actualmente, hay unos 74.000 cargos electos en España. Unos 66.000 son alcaldes y concejales, pero la mayoría no cobra un sueldo público, tan solo dietas de asistencia. Según el documento de las retribuciones económicas del Congreso de los Diputados, el salario base de un diputado es de 3.050 euros brutos al mes, esto son más de tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI), a los que hay que sumar las indemnizaciones y ayudas por gastos que sean “indispensables”, como el transporte que no han utilizado la mayoría al estar confinados. No obstante, algunos grupos parlamentarios anunciaron donaciones. 

También hay sectores como el de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) que, desde 2018, se les ha ido aumentado el salario para igualarlo al de las policías autonómicas, como los de los Mossos, cuyo proceso no ha terminado. Eso ha provocado una especie de ‘efecto mariposa’ con sectores como el militar.

En la crisis económica iniciada en 2008 ya se observó la misma situación en la que la sobrecontratación en el sector público, que creció hasta haber más de 3,3 millones de funcionarios en 2009, contrastaba con la tasa de desempleo del 18,9%. Esta llego al 26% cuatro años después.