El puesto de director general es uno de los mejor remunerados del Gobierno de España, el tercero mejor pagado en un ministerio, después de los secretarios de Estado y subsecretarios, y por encima de lo que cobra un ministro o un vicepresidente del Gobierno y, con frecuencia, gana más que el presidente. Es el último escalón dentro de los altos cargos que son nombrados por libre designación. Por debajo, los subdirectores generales han pasado por unas oposiciones y son funcionarios de carrera.

Hablamos de retribuciones que rondan los 80.000 y 100.000 euros, gracias al complemento de productividad. También hay directores generales que superan esa cantidad, como el director general de la Policía, unos 120.000 euros en 2019, aunque acumula trienios de antigüedad.

Actualmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuenta con 26 directores generales, 24 nombrados “a dedo” y dos que todavía no han sido elegidos. Para ocupar el cargo de director general es necesario ser funcionario según la ley del Régimen Jurídico del Sector Público ya ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General. 

Sin embargo, en uno de sus puntos se establece que si no se encuentra a nadie en la Administración General puede elegirse una persona que no sea funcionaria.  Uno de ellos es el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres. No pertenece al Cuerpo Nacional Veterinario, tal y como adelantó El Español. Su nombramiento es potestad directa del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Torres cobra un sueldo público desde que fue nombrado director general en enero de 2020.

Torres no es el único alto cargo que ocupa un puesto que no tiene nada que ver con lo que ha estudiado. Un ejemplo es el del presidente de Enusa, la Empresa Nacional de Uranio, José Vicente Berlanga Arona, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. También es licenciado en Filosofía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que accedió al cargo sin experiencia previa alguna en materia sanitaria.

Sueldo de un director general

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de enero de 2020 se establece que el sueldo de un director general es de 14.235 euros brutos más el complemento de destino, que asciende a 14.991 euros y el complemento específico de 25.936 euros. Además, las pagas extraordinarias de junio y diciembre incluyen, junto con la cuantía mensual del complemento de destino, 813 euros. Hablamos de una cantidad que ronda los 60.000  euros a los que se les incluye el complemento de productividad que lo concede quién les nombra. En el caso de los funcionarios también se añaden los trienios de antigüedad, Torres, sin embargo, no es funcionario. Con estas sumas pueden llegar a alcanzar los 80.000, 90.000 o 100.000 euros anuales.

No obstante, la retribución exacta de Torres la conoceremos durante el primer trimestre de 2021, cuando el Portal de la Transparencia del Gobierno acostumbra a actualizar los ingresos de los altos cargos del Gobierno a año vencido. Eso sí, nos tendremos que conformar con una cantidad global anual, sin el desglose de lo que Iglesias concedió a García Torres como complemento de productividad. Por ejemplo, si aparece publicado que cobró 80.000 euros, se puede deducir que el vicepresidente le concedió unos 20.000 euros de plus. Pero este dato siempre es opaco, el Ejecutivo jamás informa de si se cobra al final del año o en cada nómina.

Como recordarás, la dirección Podemos propuso eliminar el límite salarial que tenían fijado todos los cargos públicos de la formación morada hasta ahora. Un tope fijado en la suma de tres salarios mínimos que se convirtió en seña de Podemos. El documento que presentó Iglesias para revalidar la Secretaría General del partido eliminaba el Salario Mínimo Interprofesional como indicador y lo explicaba de la siguiente forma: “El SMI deja de ser un marco de referencia válido para la limitación salarial de nuestra organización. A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas”. Las donaciones que ha de hacer un director general oscilan entre el 15 y el 35%. Por lo tanto, con estas medidas, el sueldo de Torres como director general no quedaría limitado con el SMI de 950 euros como referencia si no que parte de su salario tendría que ser donado.

Activista por los derechos de los animales

Sergio Antonio García Torres nació en 1979. Es técnico superior en Artes Aplicadas a la Escultura por Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos La Palma. También tiene la titulación homologada de la Comunidad de Madrid como formador en posicionamiento y manejo de redes sociales, expedida por la federación Regional de Enseñanza de CCOO.

En las primarias de 2019 de Podemos iba en la lista de Sí Madrid 2019, Sí Equipo Errejón y detallaba que “desde muy joven he sido activista por los derechos sociales y ambientales, y he trabajado en todos los empleos imaginables, como mucha gente de mi generación (como escultor y pintor artístico, camarero, encuestador, marchante de arte, auxiliar de arqueología, dirigiendo equipos de comunicación de ONG…). En la actualidad soy coordinador técnico de la Oficina Municipalista de Podemos en la Comunidad de Madrid, espacio de asesoramiento y acompañamiento de las Candidaturas de Unidad Popular de la Comunidad de Madrid”.

Torres ha sido responsable de Relaciones Institucionales de ONG internacionales. También ha sido coordinador de varias plataformas estatales de ONG de derechos animales y portavoz estatal de Podemos Animalista. Durante el 15M era representante de la plataforma antitauromaquia La Tortura no es Cultura, que formó parte de la elaboración de propuestas electorales en las candidaturas de unidad popular surgidas del movimiento. Después empezó a trabajar con diversos ayuntamientos para poner en marcha diversas propuestas relacionadas con los derechos de los animales, como por ejemplo las actividades de San Antón, patrón de los animales, con el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, u ordenanzas como las que acabaron con los animales en los circos.

El director general de Derechos de los Animales fue candidato de Podemos por Madrid al Senado. Torres dejó claro que su lucha política era desarrollar una Ley Marco de Protección Animal, para endurecer las penas y sanciones por maltrato y unificar las normativas de todo el Estado. Con su nuevo cargo, no se sabe si está ley se llevará a cabo, pero sí habrá una Ley de Bienestar Animal, tal y como pactaron Podemos y PSOE en su acuerdo de cara a la formación del Gobierno de coalición.

Torres no consiguió escaño en el Senado y pasó a la Asamblea de Madrid donde estuvo en el equipo de la diputada María Espinosa. Sin embargo, no trabajó en ninguna comisión concreta. Además, regenta un bar vegano en el barrio madrileño de La Latina llamado “Pura Vida”. Dos extrabajadoras del local le acusaron en Facebook de haberlas despedido durante una baja médica, acogiéndose a la reforma laboral de 2012, aprobada por el Partido Popular.

Sin embargo, no es esta la única polémica protagonizada por Torres. En junio de 2018 afirmó que la “leche no es necesaria” y que los humanos “somos el único mamífero que roba leche a otra especie”. En un mensaje en la red social Twitter, que borró poco después, Torres aseguraba que “hace siglos las calorías y las grasas podrían valer, pero ahora es absolutamente innecesario” y añadía, además, que consumir leche “solo supone un maltrato animal, para que haya leche tienen que quitársela a un ternero”.   

Funciones

La dirección general de Derechos de los Animales se creó el pasado enero y es un órgano directivo de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Se encarga de las políticas del Gobierno en lo relacionado con los derechos de los animales y su bienestar, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos, como el Ministerio de Cultura y Deporte, que posee las funciones relativas a la tauromaquia y otras actividades taurinas. En esta dirección general no aparecen subdirecciones generales dependientes, según el organigrama ministerial publicado.

Según el Real Decreto 452/2020 de 10 de marzo tiene las siguientes funciones: la formulación de políticas en materia de protección de los animales; impulsar las medidas necesarias para incluir la protección de los derechos de los animales en el ordenamiento jurídico actual; el desarrollo de las medidas de difusión necesarias para que la sociedad conozca y respeto los derechos de los animales y su protección.

También debe velar por la coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales, la Fiscalía General del Estado, las administraciones públicas y el resto de entes públicos, como los agentes sociales para que se reconozcan los derechos y la protección de los animales; y la cooperación con las restantes entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en materia de derechos de los animales y su protección, sin perjuicio de las funciones de dirección y coordinación de la Subsecretaría del Departamento en el ámbito de la cooperación internacional.