La responsable de la Atención al Mayor de la Comunidad de Madrid cobra 7.800 euros brutos al mes
Begoña Cortés Ruiz tiene rango de directora general y lleva ocho meses en el cargo
La enfermedad Covid-19 está siendo especialmente dura con las residencias de mayores. Solo en la Comunidad de Madrid han fallecido casi 3.400 ancianos que vivían en estas instalaciones. El ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso decidió intervenir cinco que se encontraban en una situación “crítica”. La consejería del ramo, encargada de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, tiene 10 cargos políticos en nómina, que cobran un sueldo público que supera, en todos los casos, el fijado para el presidente del Gobierno de España en 2020.
En la cúspide de la máxima responsabilidad está la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso, del Partido Popular, tiene una retribución de 103.090 euros brutos anuales, es decir, 12 pagas de 8.591 euros. Tal y como reconoció Esperanza Aguirre cuando mostró su nómina en 2011 ante los medios de comunicación, los altos cargos de la Comunidad de Madrid no perciben pagas extraordinarias. La tabla de Excel del Portal de Transparencia regional solo informa de cantidades brutas anuales, no incluye trienios de antigüedad ni desglose mensual.
En la declaración de bienes y rentas fechada en octubre de 2019, Ayuso declara que el año anterior percibió como “retribuciones dinerarias. Importe íntegro” 83.927 euros. Es licenciada en Periodismo y Diplomada de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en departamentos de comunicación de varias empresas y también en digitales y emisoras de radio. Fue elegida diputada de la Asamblea de Madrid en 2011 y antes de ser presidenta ha ocupado diversos cargos en el gobierno autonómico.
Imagen (Change.org).
Ignacio Jesús Aguado Crespo es vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno madrileño. Pertenece al partido político Ciudadanos, la otra ‘pata’ de la coalición de gobierno. Su retribución anual es de 104.929 euros. Son 8.744 euros al mes. Cobra un poco más que la presidenta porque durante la Gran Recesión, Aguirre, siguiendo al resto de la clase política española, aplicó en junio de 2010 -tras el decretazo de Zapatero- una reducción de los salarios y el suyo sufrió un recorte más elevado, el 17%, mientras que el del vicepresidente, un 12%. Desde entonces, esa anomalía, de unos 1.900 euros, persiste. En su declaración de bienes y rentas, Aguado refleja que percibió como “retribuciones dinerarias. Importe íntegro” 69.485 euros.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la misma universidad y licenciado en Ciencias Políticas por la UAM. Ha trabajado en un despacho de abogados en Liverpool y en una multinacional del sector energético.
La consejería que se encarga de las residencias es la de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y al frente de ella está Alberto Reyero Zubiri. Como consejero autonómico tiene una retribución anual de 100.556 euros que se traduce en 8.380 mensuales. En su declaración de bienes y rentas, fechada en octubre de 2019, declara que percibió 50.292 euros como “total ingresos íntegros computables”.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido diputado en tres legislaturas en la Asamblea de Madrid. Primero con UPyD y desde 2015, con el partido naranja. También ha trabajado en la empresa privada.
El viceconsejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo Vicente. Cobra 97.227 euros al año. Son 8.108 euros mensuales. En su declaración de bienes y rentas aparece que recibió 67.630 euros en concepto de “retribuciones dinerarias”. También ha sido diputado con Ciudadanos, solo unos meses, hasta que asumió el cargo de viceconsejero. Es diplomado en Magisterio y su experiencia laboral se basa actividades relacionadas con el apoyo a la inclusión y con organizaciones que trabajan con la discapacidad. Ha trabajado en diferentes fundaciones.
Begoña Cortés Ruiz es la directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia. Militante de Ciudadanos. A todas luces, es la responsable política más directa sobre la atención que reciben los ancianos de la Comunidad de Madrid, entre ellos, los que viven en residencias.
"Corresponden a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia las atribuciones relativas a la coordinación y gestión, en su caso, de los servicios y prestación de la atención social de las personas mayores y de las personas dependientes".
La página web del Gobierno de la Comunidad de Madrid enumera y explica hasta ocho atribuciones relacionadas con el bienestar de los mayores que puedes leer en este enlace. Con todo, algunos partidos de la oposición culpan de esta situación a los anteriores gobiernos del PP, con sucesivos recortes y privatizaciones en el sistema sanitario de los madrileños. Así, Cortés no sería más que una recién aterrizada -lleva ocho meses en el cargo- y se ha encontrado con este berenjenal.
En la declaración de bienes y rentas publicada en el Portal de Transparencia aparece que cobró 25.331 euros como “retribuciones dinerarias”. Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido educadora en diferentes centros sociales y ayuntamientos y también ha ejercido en la empresa privada.
Por último, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social es Óscar Álvarez López. Tiene nivel orgánico de director general y, por lo tanto, también cobra 93.855 euros, es decir, 7.821 euros al mes. En la declaración de bienes y rentas percibió 83.268 euros como importe total de “retribuciones dinerarias”. Es doctor en Ciencias Sociales y de la Salud por la Universidad Católica San Antonio de Murcia; licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Católica San Antonio de Murcia; y diplomado en Enfermería por la Universidad de Alcalá de Henares. Es funcionario de la Escala de Gestión de Organismo Autónomos, del Ministerio de la Presidencia. (actualmente en excedencia) y personal laboral fijo de la Comunidad de Madrid. Ha trabajado como enfermero en hospitales y residencias de mayores.
En la consejería que dirige Reyero hay 10 cargos políticos: un consejero, un viceconsejero, un secretario general técnico, seis directores generales y un gerente con rango de director general. El gasto mensual en sueldos públicos de estos cargos es de 79.279 euros brutos, una cifra similar a la retribución estipulada para cada uno de los cuatro vicepresidentes del Gobierno en todo 2020. Al año, la cifra asciende a más de 951.000 euros. No se han computado en este cálculo los trienios de antigüedad correspondientes a los cargos que son funcionarios ni los costes de la Seguridad Social.
Conclusión: Casi un millón de euros destinan al año los contribuyentes madrileños a pagar el sueldo de los 10 cargos políticos del departamento encargado del bienestar de los más vulnerables, de las familias y las personas mayores de su región. Más 15 eventuales.
Eventuales
La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid tiene 15 empleados eventuales. Así, el consejero tiene un jefe de Gabinete, que cobra 70.769 euros al año. Y el departamento cuenta con nueve asesores con sueldos anuales que oscilan entre los 49.374 euros (prensa) y los 62.548 euros del asesor parlamentario. El consejero también tiene un técnico de apoyo a la Secretaría que gana 42.623 euros al año y dos secretarias perciben 36.965 y 31.639 euros, respectivamente. Además, esta consejería tiene dos conductores con una retribución anual de 34.531 euros cada uno.
Empresa externa
La Comunidad de Madrid ha colocado a Encarnación Burgueño, hija del popular Antonio Burgueño, a coordinar la respuesta a la situación crítica que sufren las residencias como consecuencia de la Covid-19. Ayuso ha contratado a una ‘empresa colaboradora’ como reconoció Burgueño hija a El País.
Ayuso fichó hace tres semanas a Antonio Burgueño como asesor externo para hacer frente a la crisis del coronavirus y de paso, quitarle las competencias a Ciudadanos. Ahora, la hija del artífice de la privatización de la sanidad madrileña se desmarca del trabajo de su padre diciendo que su empresa, Cardio Líder, presentó un proyecto a la Dirección General de Coordinación Sanitaria y “gustó”. Un puesto ocupado por Carlos Mur y que está retribuido con 7.821 euros al mes. Burgueño no tiene experiencia relevante en este sector y su intervención ha provocado malestar entre los profesionales sanitarios.
Aunque sería motivo de otro artículo, si buscáramos responsables políticos por la alta mortandad en las residencias de ancianos de Madrid, la oposición llamaría a la puerta de la Consejería de Sanidad. En este sentido, habría que citar al consejero de turno, Enrique Ruiz Escudero, del PP, que lleva en el cargo desde septiembre de 2017; dos cargos de viceconsejero, un secretario general técnico y hasta 11 directores generales. 14 nombramientos políticos. Además, este departamento cuenta con 21 eventuales: 11 asesores, con sueldos que oscilan entre los 54.189 y los 62.548 euros anuales, incluido el jefe de Gabinete del consejero (70.769 euros) y un asesor de protocolo, (54.189 euros) dos técnicos de apoyo; cinco personas en Secretaría y dos conductores.
Llama la atención que la Consejería de Sanidad tenga asesor de protocolo, con un sueldo de 54.189 euros, pero la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, no.
