Imagínate que no tienes un duro y el que te prestan para funcionar lo tienes que emplear en pagar tus deudas y en costear los servicios de una empresa involucrada en asuntos turbios, contratos públicos y adjudicaciones sospechosas, escuchas telefónicas y vigilancias policiales. Así están las cuentas del Ayuntamiento de Alicante.

El Consistorio prevé un gasto para el año que viene que ronda los 240 millones de euros. La cifra escandalosa viene ahora. De esos 240 millones, 44,5 irán a parar a las empresas de Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel. Es decir, un 18,5 por ciento del dinero de los vecinos de Alicante va a parar a las arcas de una persona con varias causas judiciales pendientes. También es verdad que de esos contratos dependen los salarios de cientos de familias.

El próximo miércoles se debaten los presupuestos en un Pleno extraordinario y Ortiz sigue teniendo una relación mercantil con varios contratos: el de basura, limpieza viaria, limpieza de dependencias, limpieza de colegios y cementerio. El concejal de UPyD en el Ayuntamiento, Fernando Llopis, sostiene que "en comparación, la cantidad destinada a pagar deuda e intereses es de 30,3 millones y lo que invertimos en la ciudad son 6,9 millones de euros”.

El modelo del PP para cuadrar el presupuesto de 2015 consiste, según UPyD, en que por cada euro en inversión, el equipo de Sonia Castedo, imputada y fuera de la línea roja de Fabra, gasta 4,4 euros en pagar deuda e intereses y 6,5 euros en pagar al empresario Enriquez Ortiz”. Es como si los implicados en Gürtel siguieran haciendo negocios con la Generalitat o el Partido Popular. A día de hoy, el Consistorio alicantino está atado de pies y manos y romper los contratos con el empresario supondría un gasto inasumible.

La formación magenta destaca que la inversión por habitante está en 19,86 euros y la cantidad destinada al pago de intereses y préstamos es de 90,48 euros por habitante.

Fuente de la fotografía. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.