Hace algo menos de un año, el ente público de Radio Televisión Valenciana (Canal 9) me invitó a una entrevista matutina para hablar de Gobierno Abierto. Por desgracia no os puedo poder en video (el lector de este artículo es, de sobra conocedor, de la extinción de Canal 9 y de la incierta propiedad de toda la documentación audiovisual de esta entidad). Pues bien, en aquella entrevista, que en principio iba a tratar sobre las relaciones entre políticos y ciudadanos, se trataron temas que hoy se encuentran en la agenda política y sociales de muchas formaciones y entidades. Estoy hablando del «lobby» o los «lobbies».

Ya hace más de tres siglos que los miembros del Parlamento inglés bautizaron esta forma de hacer política. Los diputados, en aquellos tiempos, eran “asaltados” en la entrada del hemiciclo justo antes de que empezaran los debates por grupos interesados que buscaban influir en sus decisiones en el interior. Por eso, hoy en día hacer “lobbing” o “política de vestíbulo” significa hacer presión política para conseguir intereses particulares.

En nuestro país existen asociaciones que defienden a los profesionales encargados de realizar estas prácticas, hasta ahora legítimas. Es el caso de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales APRI (en twitter @Lobby_ES)

Hoy la palabra “lobby” estará en muchos time lines de España, ya que la organización Transparencia Internacional España acaba de presentar el “Estudios sobre los Lobbies en España”. Ya hace años la organización publicó un estudio titulado «Dinero, Política y Poder: Un riesgo de corrupción en Europa»,donde distribuyó una nota de prensa titulada “La clase política española debe ser más transparente y rendir cuentas de sus acciones” y donde se remarcaba que la influencia de los partidos políticos ponía en riesgo la eficacia de los órganos de control públicos”.

En particular, el Informe analiza los aspectos de la transparencia, la integridad y la igualdad de acceso en las prácticas de lobby en España y presenta casos en distintos sectores como energía, salud, sector inanciero, telecomunicaciones o construcción. Asimismo realiza una serie de recomendaciones y propuestas a responsables públicos y representantes del sector privado y no gubernamental, para mejorar la transparencia, promover la integridad y equilibrar el campo de juego.

Este informe detecta puntos débiles en la actividad de lobby, así como vacíos legales y legislación inadecuada, centrándose en tres aspectos esenciales: la transparencia, la integridad y la igualdad de acceso a los responsables públicos. En estos tres aspectos, España está muy por debajo de la situación deseable. Obtiene un rotundo suspenso (21%).

El aspecto que peor puntúa y, por tanto, requiere más claramente una mejora es la transparencia del lobby (10%), tanto por parte de los poderes públicos (acceso a la información, planteamiento de un registro obligatorio de lobistas y de sanciones, huella legislativa), como por parte de quienes ejercen lobby (divulgación de información).

La integridad del lobby obtiene una puntuación del 35%. El análisis pone de manifiesto que España dispone de leyes relativas a restricciones pre y post empleo público y de códigos de conducta para representantes políticos y altos cargos, pero no se cumplen en todas las ocasiones. Por otra parte, no hay un código de conducta oficial para lobistas y la autorregulación está en desarrollo pero es todavía escasa.

Con respecto a la igualdad de acceso a los representantes públicos por parte de los ciudadanos y grupos de interés, España obtiene un 17%. Este aspecto hace referencia a la consulta y participación pública en la toma de decisiones, así como a la composición equilibrada de los órganos de expertos y asesores. La realidad formal permite, con límites, garantizar la influencia de organizaciones reconocidas legalmente en ciertos ámbitos de la toma de decisiones, pero al mismo tiempo pervive una gran informalidad en la influencia de otros grupos mucho más sectoriales y focalizados, dedicados a la defensa de intereses empresariales muy específicos. Y es en esta última actividad de influencia donde se producen la inmensa mayoría de los casos de influencia indebida e, incluso, de corrupción.

Las conclusiones del informe son bastante claras y extensas.

En lo que respecta a la participación política de los grupos de interés, debido al marco normativo, la influencia de los grupos se ha traducido en España en modelos semi institucionalizados que incorporan distintos criterios de representatividad y participación. Ciertas entidades -como sindicatos, patronales, colegios profesionales o cámaras de comercio– tienen una función cuasi pública de configuración del interés general junto a las instituciones del Estado.

Además, hay un grado de informalidad en el que cientos de lobistas profesionales, empresas y diversos grupos de interés tratan de influir a los poderes ejecutivo y legislativo sin reglas unívocas para regular su acceso, información sobre sus contactos, límites éticos de su trabajo o, simplemente, un acta de las reuniones mantenidas. Y la ausencia de normativa que permita conocer quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace.

Para mejorar la legitimidad de los gobiernos y reducir la percepción de corrupción hay varias medidas políticas en marcha. Una de ellas es la regulación del lobby. Por desgracia, la propuesta actual es extremadamente conservadora y no parece enfrentar los problemas y riesgos esenciales relacionados con el lobby, pues se centra en un registro en el Parlamento, no incluye informes de actividad de los lobbies y deja en la indefinición el establecimiento de un código de conducta para lobistas. Habrá que esperar a los debates parlamentarios para ver qué surge finalmente del poder legislativo.

Además la organización TI España cita una serie de recomendaciones (15 puntos) basándose en tres ejes (registro y medidas de divulgación de información, medidas para la promoción de la integridad en el sector público y partidos políticos.) Ver en la página 9 del informe completo (descargar aquí)

El Lobby en Europa

Pero sin lugar a dudas, si Washington es la capital del lobby mundial, Bruselas lo es a nivel europeo. La UE creó en 2011 el Registro de Transparencia de los grupos de interés y funciona sobre la base de un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

Con referencia a ello, el 15 de abril de 2014 la Comisión Europea emitió una nota de prensa donde afirmaba que se estimaba que el 75% de todas las entidades relacionadas con las empresas y en torno al 60% de las ONG que operan en Bruselas están actualmente registradas. A día de hoy (24/09/2014) el número total de organizaciones registradas se sitúa en 6.887 (ver todas aquí)

En este sentido, y según afirma la Comisión Europea en su web, el nuevo registro se pondrá en marcha a más tardar el 1 de enero de 2015 y ya se ha empezado a trabajar en la secretaría común del Registro de Transparencia para aplicar las mejoras.