Los altos cargos de la Generalitat Valenciana tendrán un sueldo variable de hasta el 10%, según objetivos
La información que también se hará pública son los contratos, sus prórrogas y revisión de precios, los presupuestos y sus grados de ejecución, datos de financiación, gastos de caja fija, así como viajes y desplazamientos de altos cargos fuera de la Comunitat, estudios de opinión y el gasto de su elaboración.
VALENCIA (EUROPA PRESS).- El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha presentado este viernes el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno y Participación Ciudadana que ha redactado el gobierno valenciano, el que se prevé dar publicidad al registro de obsequios, así como el establecimiento de una retribución variable de los altos cargos en función del cumplimiento de objetivos*, hasta un diez por ciento de su sueldo. Esta medida será evaluada por una entidad experta e independiente.
Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha explicado que con esta norma, que no tendrá carácter retroactivo, "no hay refugio para la opacidad". Asimismo, ha indicado que el portal de transparencia de la Generalitat -'GVA Oberta'- será la plataforma donde se publicarán aquellos aspectos que sean objeto de regulación con esta ley.
El conseller ha apuntado que la previsión es que esta nueva ley sea aprobada a lo largo de esta legislatura pero su entrada en vigor será a en los seis meses posteriores de su publicación. No obstante, el apartado referido al Buen Gobierno, que incluye declaración de bienes, actividades y bienes patrimoniales, y la retribución variable de los altos cargos según objetivos, entre otras cosas.
"Es evidente que todo euro que salga de las arcas públicas de la Generalitat tendrá publicidad para que los ciudadanos sepan su destino", ha apuntado Císcar.
A preguntas de los medios sobre si de haberse aplicado esta ley se hubiera aplicado con el Gobierno del expresidente Camps, se hubiera evitado la presencia de una trama con la de Gürtel en la administración, ha comentado que si esta norma hubiera estado en vigor entonces, "cualquier obsequio como una caja de tomates o una pluma Montblanc se hubiera registrado". En este sentido ha afirmado que casos judiciales como los que se han dado por estos motivos "sería muy difícil que se pudieran dar".
Císcar ha precisado que "son admisibles los regalos que tengan que ver con una costumbre o el uso de cortesía". Los que no tengan cabida en este criterio "habrá que devolverlo". Así, en el registro del regalo constará su destino que, "puede que se devuelva". Así, por ejemplo, "a lo mejor la pluma la devolvemos" y "el cajón de naranjas lo damos a Cáritas o a la Cruz Roja. Ya se verá".
Las tarjetas de crédito, prohibidas
La información que también se hará pública son los contratos, sus prórrogas y revisión de precios, los presupuestos y sus grados de ejecución, datos de financiación, gastos de caja fija, así como viajes y desplazamientos de altos cargos fuera de la Comunitat, estudios de opinión y el gasto de su elaboración. También "prohíbe expresamente el uso de tarjetas de crédito", ha apuntado Císcar, que ha matizado que "hace tiempo que hace tiempo que no se usan".
Además, las entidades privadas o personas jurídicas que reciban ayudas o subvenciones públicas por importe superior a 10.000 euros, o cuyos ingresos anuales estén financiados en, al menos, un 40 por ciento con fondos públicos, tendrán la obligación de cumplir el principio de publicidad activa.
Participación ciudadana
Por otro lado, ha apuntado que, dentro de los aspectos de participación, el texto de este anteproyecto se publicará en el portal GVA Oberta para que ciudadanos y organizaciones puedan realizar sus aportaciones hasta el 25 de septiembre.
Asimismo, se introducen dos mecanismos de participación proactiva de los ciudadanos: uno sobre la consulta pública de proyectos a través de la plataforma Gva Oberta, y otro que permitirá a los ciudadanos, presentando 25.000 firmas acreditadas, proponer normas y procesos para que el Consell los valore y en su caso adopte.
El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana se divide en cuatro títulos, que cuentan con 33 artículos; además, nueve disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Císcar ha destacado que esta ley "supera a la ley estatal en varios aspectos", como la vinculación del salario de los altos cargos al cumplimiento de los objetivos; la publicación de los gastos de caja fija por órgano directivo; el registro de obsequios; la publicación de la información relativa a los estudios de opinión o la obligación de publicar el gasto anual en campañas de publicidad.
Los ejes básicos de actuación de la futura Ley son acercar la administración a la ciudadanía; garantizar la transparencia de la actividad pública; facilitar el acceso a la información pública; establecer las bases de los principios del Buen Gobierno; y arbitrar mecanismos de participación de los ciudadanos en la propuesta y elaboración de las normas.
Ámbito de aplicación
La Ley de Transparencia será aplicable, con diferentes obligaciones para cada uno, a la Administración de la Generalitat, Les Corts, la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu, la totalidad del sector público de la Generalitat, tanto administrativo como empresarial y fundacional, las universidades públicas valencianas y las corporaciones de Derecho Público.
