Cuando Mariano Rajoy enciende un interruptor de La Moncloa para encender una lámpara con el objetivo de leer un libro o enchufa una batidora para hacerse un batido de fruta sabemos con seguridad que el presidente del Gobierno no conoce, ni por asomo, que las nuevas tarifas de las compañías eléctricas le aconsejan hacerse ese batido a partir de las dos de la mañana ya que a esa hora la demanda de luz es menor y su precio desciende. Es más, estamos seguros de que si pensara en ello caería en la cuenta de que su compañero de partido, José María Aznar y otros muchos ministros y altos cargos, han hecho todo lo posible para hacer de la factura de la electricidad un galimatías de tal calibre que el sentido común es incapaz de levantar cabeza.

Además, es muy probable que piense que su mejor retiro -tras la presidencia del Gobierno- es acabar en un consejo de administración de una empresa eléctrica, como si de una nueva ‘Riviera Maya’ se tratara: descanso, ocio y el bolsillo lleno. Empieza a ser tradición, como el propio Rajoy. Su inmovilismo y su conservadurismo le atan. No moverá un dedo. Todo seguirá igual. Y usted seguirá pagando la factura de la luz en el marco de un mercado liberalizado que no es más que un oligopolio con anuncios en la tele para aparentar. 

Un conocido blog publicaba en diciembre un gráfico muy ilustrativo en el que explicaba que hasta 23 personas que habían cobrado un sueldo público como político y ahora estaban percibiendo una retribución de empresas del sector eléctrico. Felipe González, hasta 126.000 euros anuales de Gas Natural -aunque recientemente se le ha acabado el maná por escasa actividad- y José María Aznar, cerca de 200.000 en Endesa. Alcaldes, ministros o presidentes, casi todos del PP o del PSOE.

El 24 de abril, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Andrés Betancor, -propuesto por el PP- compareció en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para argumentar que es insuficiente la regulación sobre el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado propuesta por el Gobierno. El profesor subrayó la conveniencia de extender las medidas de control a los altos cargos autonómicos y locales, ya que es en éstos ámbitos donde se producen más casos de corrupción.

Respecto del fenómeno de la conocida como 'puerta giratoria' (revolving door), el tránsito del sector público al privado, Betancor apuntó que hay contabilizados 43 antiguos altos cargos que han acabado en empresas energéticas, y llamó la atención sobre el hecho de que, si bien el proyecto del Gobierno (futura Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado) plantea un régimen más restrictivo, no aplica el mismo para todo el colectivo de altos cargos.

Nos encontramos con el dilema de si es éticamente correcto que una persona cobre un sueldo de una empresa privada a cambio de un trabajo de influencia, favores, presión, contactos e información procedente de su experiencia laboral previa en la Administración Pública como presidente del Gobierno, ministro, presidente de una comunidad autónoma o alcalde. Todos tenemos derecho a ganarlos la vida de manera digna. Es evidente que los 78.185 euros brutos al año que percibe el presidente del Gobierno se nos antojan insuficientes. Como el propio Rajoy reconoce, él cobraba más como jefe de la oposición ya que el partido le ha llegado a pagar más del doble de lo que cobra ahora como inquilino de La Moncloa.

Tras la promulgación de la Ley de Liberalización del Sector Eléctrico, a finales de los noventa y con Aznar de presidente, todos pensábamos que con más competencia, la factura de nuestro consumo de electricidad descendería y el servicio mejoraría. El Gobierno de entonces decidió, por cuestiones políticas, aplicar varios descensos en el precio. Hace ya algunos años que nos dimos cuenta de que aquello fue un error porque estábamos subvencionando algo de manera artificial y más tarde o más temprano las eléctricas pasarían el cestillo para reclamar lo suyo.

La transparencia no es lo fuerte de estas grandes compañías. Es evidente que opciones diferentes, competitivas y alejadas de las puertas giratorias y los pasillos del poder pueden ayudar a mejorar el mercado eléctrico en nuestro país. Desde 1999 existe una compañía no vinculada a grupos energéticos que obtuvo la autorización por parte del Ministerio de Industria. Factor Energia tiene que competir con Endesas, Iberdrolas y demás peces gordos. Que un político -mediocre o no- acabe en un consejo de administración de una empresa perteneciente a un sector tan estratégico como el de la electricidad demuestra que siguen habiendo muchos fallos en los engranajes del sistema.

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