Redacción/Agencias (EFE).- La
palabra clave de esta noticia es ‘pignorar’ esto es, ofrecer como garantía de
un crédito un bien que no es inmueble. En
este caso, la empresa privada Acciona ha usado como garantía de ese crédito ante
el
Banco de Santander dinero, pero no el de su hucha particular, sino los
ingresos que obtiene de gestionar la empresa pública
Aigües Ter-Llobregat. Es
decir, el dinero de los usuarios catalanes que pagan el agua que sale de sus
grifos, mangueras y piscinas.
Pero si rascamos un
poco más, nos damos cuenta de que Acciona tiene una deuda financiera de 6.715
millones de euros. ¿Cómo es posible que una empresa priva con tal magnitud de
agujero esté gestionando el agua de una parte importante de los vecinos del área
metropolitana de Barcelona? ¿No son las cuentas saneadas un requisito para
explotar un ente público? ¿Qué criterios ha adoptado la Generalitat de Cataluya
para concederle a Acciona este ‘caramelo’?
Y
lo peor de todo es que esta pignoración vulnera la ley, puesto que los ingresos
producto del servicio de abastecimiento de agua de la red Ter-Llobregat son
derechos económicos de naturaleza pública y constituyen un derecho de la
Generalitat de Catalunya, en concreto de su hacienda autonómica. Por lo tanto
Acciona no tiene derecho, sin pedir permiso a la Generalitat, de pignorar estos
ingresos. Y hasta la fecha, Acciona no ha pedido estos permisos.
Como siempre, en estos
casos, la competencia, vigilante, está al acecho. Lo explicamos. Aigües de
Barcelona, la empresa mixta que suministra el agua en el área metropolitana de
Barcelona, sostiene que Acciona, que gestiona la empresa
Aigües Ter-Llobregat
(ATLL), ha pignorado en favor del Banco Santander derechos de cobro de ATLL por
la prestación del servicio de abastecimiento de agua.
"Derecho público"
Esta empresa, participada por
Agbar y por el Área Metropolitana de Barcelona,
asegura que esos ingresos son "de derecho público" y duda que se
puedan ofrecer como garantía de un crédito ante un banco.
Por este motivo, ha comunicado a este banco que "no puede" efectuar
ningún ingreso en una cuenta a nombre de
ATLL Concesionaria para pagar lo que
le corresponde por los servicios que recibe de ATLL, sino que se inclina por
pagar a la administración de la forma habitual.
Así consta en una carta, remitida por
Ana Maresca, la directora jurídica de
Aigües de Barcelona, la empresa metropolitana de gestión del ciclo integral del
agua, al Banco Santander, la entidad en la que ATLL Concesionaria pidió que se
hiciera el pago.
La empresa metropolitana sostiene que no puede hacer este ingreso "sin
como mínimo conocer" que la concesionaria, en manos de Acciona, tiene
"autorización" de la Generalitat para ser titular de un ingreso de
estas características, una postura que avaló el consejo administración de la
sociedad en la última sesión.
Esta discrepancia formal se enmarca en la pugna abierta en Cataluña entre Agbar
y Acciona por el control de la gestión de la empresa pública Aigües
Ter-Llobregat, la mayor privatización llevada a cabo por la Generalitat y que
ha desencadenado una auténtica batalla legal entre ambas compañías en los
tribunales.
En la mencionada carta, remitida mediante un burofax, la empresa suministradora
del agua al área metropolitana sostiene que el pasado 3 de febrero ATLL
Concesionaria, en manos de un consorcio liderado por Acciona, se dirigió al
Área Metropolitana de Barcelona para pedirle que abonara el 61% de la tarifa
por poder abastecerse de agua a través de la red de instalaciones de ATLL a
esta cuenta abierta en el Santander.