El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo del Estado. Con la nueva regulación, se refuerzan los controles sobre las indemnizaciones por cese, la situación patrimonial al final de su mandato y los posibles conflictos de intereses. 

Con ello, el objetivo del Gobierno es asegurarse de la idoneidad de los altos cargos seleccionados y controlar sus actividades una vez concluya su función en la Administración General del Estado.

Las principales medidas que recoge son:

• Exigencia de requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relativos a determinados delitos, como por ejemplo el terrorismo.
• Exigencia de una declaración responsable para ser nombrado alto cargo.
• Regulación del régimen retributivo, protección social y compensación tras el cese de los altos cargos.
• Control sobre los gastos de representación.
• Creación de un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses.
• Control de la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato.
• Refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses.

No obstante, la norma únicamente afecta a los altos cargos de la Administración General del Estado, por lo que los asesores nombrados tanto por las comunidades autónomas como por los ayuntamientos y las empresas públicas. De ahí que muchos expertos señalen que la regulación se queda corta.