Este martes, el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña ha publicado la retirada de la solicitud de una comisión informativa de Interior para explicar las noticias aparecidas en los medios de comunicación relativas a un posible caso de corrupción de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM). El pasado mes de octubre, este ente público fue registrado por la Policía Nacional por un posible caso de corrupción mediante desvío de fondos. ¿Quién está detrás de este ente? ¿Qué funciones tiene? ¿ Cuántos sueldos públicos de carácter político se reparten?

La ACM pertenece a la “Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya” (Red de equipamientos cívicos de Cataluña), una organización dependiente del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya que dirige el conseller Chakir El Homrani. Este cobró más de 115.000 euros brutos en 2019.

En el Portal de Transparencia de la Asociación aparecen las retribuciones que reciben los altos cargos y el Comité Ejecutivo. Su presidente, Lluís Soler, tiene asignado un sueldo de 65.533 euros brutos anuales que se distribuyen en 14 pagas anuales de 4.682 euros por una dedicación parcial “durante las horas necesarias para el ejercicio de sus funciones directivas”.

Por su parte, la secretaria general, Joana Ortega, percibe 97.300 euros brutos anuales en 14 pagas de 6.950 euros. y un plus por objetivos de 8.000 euros. Si comparamos, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cobrará este año 12.445 euros menos. Exactamente, 84.845 euros en 12 pagas de 7.070 euros. Aunque como diputado también percibe 14 pagas de 917 euros libres de impuestos en concepto de indemnización pese a que vive en un palacio con todos los gastos pagados.  

Ambos políticos

Lluís Soler es presidente de la ACM desde septiembre de 2019. En 2007 entró en política como concejal del Ayuntamiento de Deltebre. Después ocupó el cargo de vicepresidente del Consejo Comarcal del Baix Ebre. Entre 2011 y 2015 fue portavoz de la oposición en el consistorio. En mayo de 2015 consiguió la alcaldía y revalidó la mayoría cuatro años después.

Joana Ortega (El Economista).

Joana Ortega es secretaria general la ACM desde octubre de 2019. Su gestión, por lo tanto, es posterior a las investigaciones policiales. Empezó su carrera política en el Ayuntamiento de Barcelona como consejera técnica del Distrito de las Cortes en 1992 y como regidora ejecutiva del distrito del Ensanche. También fue concejal del consistorio de la ciudad condal. Durante los mandatos de Jordi Pujol fue presidenta del Instituto Catalán de la Mujer y del Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña. Artur Mas, como presidente de la Generalitat, la nombró vicepresidenta del Gobierno y fue la primera mujer en ocupar este cargo. También fue consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales y diputada autonómica.

En marzo de 2017, fue condenada a nueve meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una multa de 30.000 euros por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como autora penalmente responsable de un delito de desobediencia por la llamada consulta del 9-N. En junio de 2019, este digital ya dedicó un artículo a Ortega por su ‘fichaje’ como asesora del Departamento de Empresa de la Generalitat, con un sueldo que oscilaba entre los 60.00’ y los 78.000 euros anuales. 

Con todo, en diciembre, el (TSJC) abrió una investigación contra Ortega por, supuestamente, haber incumplido la condena de inhabilitación. Fue contratada como asesora el 17 de mayo de 2019 y no podía ejercer cargo público alguno desde el 23 de enero. Según el TSJC, “la condenada ha burlado los efectos de la pena impuesta asumiendo cargo o empleo análogo a las funciones que tenía prohibidas”. Según La Vanguardia, Ortega cobró 32.000 euros como asesora ente mayo y octubre. La defensa de Ortega presentó un escrito argumentando que “no ha ejercido bajo ningún concepto funciones de gobierno” ya que fue contratada como “personal eventual”.

Comité Ejecutivo y cuentas

En cuanto a los miembros del Comité Ejecutivo, perciben una indemnización de 240 euros brutos por su asistencia a las reuniones que no cobran las personas con un contrato laboral con la Asociación. Los miembros que han de desplazarse para asistir a las reuniones perciben también una indemnización de 15 euros para comidas, 0,19 euros por kilómetro que recorran con su propio vehículo y el reembolso de los peajes y los aparcamientos. Además, la Asociación asume los billetes de tren, avión o autobús y también el alojamiento que necesiten los miembros para poder asistir a las reuniones.

Soler es alcalde del Deltebre, una localidad de la provincia de Tarragona de 11.500 habitantes. No puede cobrar dos sueldos públicos, pero si las dietas que le correspondan del consistorio. En la página municipal únicamente aparece la retribución que está estipulada para el alcalde. Son 19.600 euros brutos anuales. Por otro lado, los datos del sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA) que elabora el Ministerio de Política Territorial y Función Pública recoge que la retribución para el alcalde, sin dedicación, fue de 17.460 euros en 2018.

La ACM tiene publicado en su web el presupuesto de 2018. Obtuvieron unos ingresos de 1.950.000 euros de las cuotas; 2.110.000 euros por la prestación de servicios; 800.000 euros en subvenciones; 200.000 euros como concepto de reversión por deterioro de operaciones comerciales; dos euros por “otros ingresos de explotación” e “ingresos extraordinarios”; y 20.000 euros de ingresos financieros. En total, la ACM presentó unos ingresos de 5.080.002 euros en 2018. Las cuotas que abonan los asociados están estipuladas según el numero de habitantes o si se trata de un ayuntamiento o de una diputación, por ejemplo, un municipio de 1.000 habitantes paga una cuota de 154 euros y uno de dos millones abona 150.000 euros. (En Cataluña la ciudad más poblada es Barcelona, con 1,6 millones).

Los gastos que declara la ACM son de 1.950.000 euros en gastos de personal; 1.600.000 euros en gastos de explotación; 200.000 euros en tributos; 600.001 euros en aportaciones a otras entidades; 200.000 euros de pérdidas en el deterioro de operaciones comerciales; 300.000 euros de dotaciones de amortización; dos euros en gastos extraordinarios; 30.000 euros en gastos financieros; y 200.000 euros en impuestos. Por lo tanto, el presupuesto de gastos es idéntico al de ingresos, 5.080.002. Coincide que la cantidad de dinero que reciben de las cuotas de los asociados va destinado a los sueldos del personal.

Un ente municipalista

La ACM es un organismo que se encarga de defender el municipalismo local frente a otras instituciones supralocales; de asesorar a los entes locales; realizan análisis sobre lo que afecta a los municipios catalanes; además, editan publicaciones propias que están relacionadas con el mundo local; forman y ofrecen recursos a las personas que trabajan en los organismos locales; y compran servicios para mejorar las condiciones económicas y administrativas de los entes locales.

Esta asociación se creó en 1981 por un grupo de alcaldes que se reunió en Vic para crear un organismo con el objetivo de conformar un punto de encuentro de todos los ayuntamientos de los municipios catalanes, independientemente de su ideología, para gestionar políticas colectivas. 

Con la colaboración de Carles Torrijos.