Esta semana hemos conocido que la Generalitat de Cataluña ha materializado la reforma del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC). Y dirás ¿Qué narices es esto? Fue el órgano fiscalizador que anuló la concesión por el Govern de Aguas del Ter Llobregat a un grupo liderado por Acciona ¿Te acuerdas? Lo dirigía, casi de manera personal, Juan Antonio Gallo. Pero parece que el nuevo invento burocrático, consentido desde el Departamento de Presidencia, tiene entre sus objetivos neutralizar a Gallo, como acorralarlo, nunca mejor dicho para un ave doméstica.

Bueno, pues el OARCC ha acabado enterrado y la Generalitat se ha sacado de la manga un tribunal, como si fuera una seta del bosque que crece con las lluvias otoñales. Se llamará Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. ¿Acaso tiene mala conciencia el quipo de Artur Mas que no se fía de las instituciones fiscalizadoras que ya hacen correctamente, o no, su trabajo, para que no haya chanchullos en las adjudicaciones de contratos millonarios? ¿Tenemos que poner en duda, ahora, que la obra pública o la gestión de hospitales de estos últimos años no se ha hecho correctamente y hay que lavar la cara al Govern con medidas de transparencia insulsas y de cara a la galería?

¿Cuántas personas conformarán ese tribunal? ¿Qué requisitos se necesita para ser miembro? ¿Quién los elige? ¿Cuántas veces se van a reunir? ¿Tendrán un sueldo o cobrarán dietas de asistencia? ¿Cuánto durarán esas reuniones? A esto le llaman austeridad algunos. Otros solo ven cómo arrinconar a Aguas de Barcelona con esta operación repentina.

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