Nada. No busques. 50 páginas y ni rastro de una sola línea que haga referencia a la intención o buena voluntad para abordar los disparates que sufrimos desde hace décadas por los sueldos públicos que cobran una parte de los políticos y asesores en España. PSOE y Unidas Podemos han llegado a "un nuevo acuerdo para España" bajo una "coalición progresista" que seguirá dejando en evidencia la ridícula retribución del presidente del Gobierno y de sus ministros.

Además, seguiremos teniendo como presidente de la empresa estatal de uranio a un filósofo sin experiencia en la materia o al responsable de Loterías del Estado cobrando más de 214.000 euros brutos anuales, casi 2,6 veces más que Pedro Sánchez. Las cosas seguirán igual: decenas de secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores generales y asimilados o jefes de Gabinete de los ministros cobrando más de 90.000 o más de 100.000 euros anuales gracias al opaco complemento de productividad, mientras que el Congreso y el Senado no podemos conocer los nombres, la formación académica y los sueldos de los asistentes parlamentarios.

Sánchez e Iglesias (El Economista. EFE).

Cabe destacar que, debido al ‘minifundismo municipal’ de España, con alrededor de 8.130 municipios, la mayoría de los casi 58.000 concejales y 6.900 alcaldes no cobra un sueldo público. Tan solo perciben dietas por asistir a los órganos colegiados como los plenos, las comisiones o las juntas de gobierno.

Para las elecciones del pasado 28 de abril, Sueldos Públicos analizó los programas electorales de los cinco principales partidos estatales en materia de transparencia y retribuciones de los cargos electos. Solo Unidas Podemos recogía algunas propuestas en esta materia que, desgraciadamente, no se han incluido en el acuerdo gubernamental con el PSOE.

Concretamente, los ‘morados’ proponían una bajada de sus retribuciones, de manera que en ningún caso fuera superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado y la revisión de sus complementos económicos. No se hacía referencia a los cargos de libre designación que perciben el opaco complemento de productividad.

También plantearon establecer mecanismos de control de las dietas y los desplazamientos. De las decenas de iniciativas, programas, impuestos y normas que recoge el documento acordado por el PSOE y Unidas Podemos, este digital quiere destacar los puntos que afectan a la regeneración democrática y a la transparencia:

• Acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Búsqueda de los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional.
• Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal. También incluirá la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos.
• Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante. Se incluirán atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia. Regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas.
• Regulación más efectiva de las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, y endureceremos las sanciones por su incumplimiento.
• Reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobación de su Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada.
• Reforma de la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público.
• Acciones para reforzar la lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia.
• Integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial (organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales).
• Pacto de Estado para la Modernización de la Administración de Justicia, que persiga una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes judiciales.
• Modernizar el sistema de acceso a la carrera judicial. La inspiración venderá de los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes.
• Establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional Europeo, un Seguro Europeo de Desempleo y la consolidación efectiva del Pilar Social de la UE.