En la sección de Transparencia de la página web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) sigue apareciendo la fotografía y el currículum de Esther Arizmendi, la última presidenta de este ente público que falleció en noviembre de 2017. Son visibles unas líneas a modo de despedida con palabras hermosas, cariñosas y llenas de dolor del equipo humano que trabajó codo con codo con ella.

Este organismo independiente es el encargado de “promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno”. El CTBG tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada.

La institución se estructura en la presidencia y en cuatro subdirecciones: la subdirección de Transparencia y Buen Gobierno, la de Reclamaciones, la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales y la unidad de Apoyo. Además, existe una puesto de nivel 30 de vocal asesora. Todos estos cargos, incluidos el de vocal asesora cobraron entre 80.000 y 89.000 euros cada uno en 2016, como ya informó este digital.

Actualmente, la web no ofrece el dato del sueldo de la presidenta porque nadie ejerce el cargo. Hace dos años, Sueldos Públicos reseñó que Arizmendi cobró 65.309 euros brutos de retribución básica y 37.710 euros de complemento. En total, 103.019 euros. Como era funcionaria y tenía derecho a sus trienios de antigüedad y a una paga extra de 2012 retrasada, su retribución final en 2016 fue de 110.962 euros. En ese momento, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenía un sueldo de unos 78.900 euros en 12 pagas. Ahora Pedro Sánchez cobra casi 83.000. Por otro lado, la ley establece que la condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (siete personas más el presidente) no conlleva dedicación exclusiva ni el cobro de una remuneración.

“Algunas deficiencias”

Hace dos semanas, el 29 de noviembre, el ente publicó su Memoria de actividades 2018. Se analiza el cumplimiento de la ley de transparencia y las principales actividades del Consejo. Así, “todavía persisten algunas deficiencias organizativas” y el cumplimiento de la ley de transparencia es “incompleto en determinadas áreas y sectores de las instituciones y las Administraciones Públicas pero ya prácticamente todos los organismos públicos disponen de un Portal de Transparencia específico o generalista”.

No obstante, una cosa es tener el portal y otra dotarlo de contenido, actualizarlo periódicamente y ofrecer la información al usuario de la web de manera clara y rápida, sin esconderla o presentándola en tablas incomprensibles. Según la Memoria “puede decirse que, aunque el avance sea más lento de lo deseado, se ha conseguido consolidar la transparencia en la agenda de los organismos públicos de modo y que ya no tiene marcha atrás”.

Por otro lado, el Consejo de Transparencia reclama la elección de un presidente del organismo, más recursos humanos para la organización y la reducción del número de recursos judiciales que interponen los organismos públicos sobre sus resoluciones. De esta manera, sin presidente, se “ha obligado a limitar el proceso de toma de decisiones” y “ha condicionado la representatividad institucional y la capacidad de interlocución de este, especialmente a la hora de solicitar de las autoridades competentes mayores dotaciones de recursos presupuestarios y humanos”.

El documento incide en la falta de recursos del Consejo de Transparencia. A 31 de diciembre del año pasado el número de empleados era el mismo que al inicio de su actividad en 2015. En el ente público hay 22 personas en nómina. “La carga de trabajo se ha incrementado pero no se ha traducido en un aumento de su plantilla”, señala el texto. En 2016, los empleados públicos del CTBG tuvieron derecho a cobrar 204.491 euros en complementos de productividad y otros 15.000 euros en “gratificación servicios extraordinarios”. En total, 219.491 euros en “incentivos al rendimiento”.

La Memoria de 2018 también alerta de las nocivas consecuencias de seguir litigando frente al CTBG e insta a “reducir los recursos judiciales que los organismos públicos interponen frente a las resoluciones que dicta el Consejo de Transparencia reconociendo el derecho a acceder a la información cuando no están de acuerdo con ellas”. A finales de 2018, el Consejo había sido demandado en 88 ocasiones por organismos y entidades estatales que tienen que ejecutar sus resoluciones. En todas estas ocasiones “el Consejo ha tenido que acudir a letrados y procuradores privados para ser representado en juicio”. Esto ha supuesto un coste de 287.160 euros.

El Consejo también recomienda al Portal de la Transparencia del Gobierno que mejore el acceso de la información de contratos y subvenciones o se facilite el currículum de los subdirectores generales de la Administración General del Estado.

En 2018 se presentaron 1.338 reclamaciones al CTBG:  755 fueron dirigidas al Estado y 583 a las Administraciones Territoriales con las que el Consejo tiene firmado convenio para la resolución de sus reclamaciones. Es un 25,4% más que en el ejercicio anterior. También se ha producido un aumento del 10,4% de las denuncias por incumplimientos de la ley de transparencia: 74 durante el año pasado. Entre enero y agosto de 2109 la cifra es de de 1.192 reclamaciones y 39 denuncias.

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