El reglamento no está en vigor; las respuestas ofrecidas no son de buena calidad, sigue habiendo muy pocas solicitudes de información y solo una de cada cuatro la registra una mujer. En definitiva, La Ley de Transparencia sigue sin ser prioritaria para los políticos, pero los ciudadanos de a pie tampoco le prestan mucha atención.

Cinco años después de la entrada en vigor de la norma, Access Info, una organización dedicada a la promoción y protección del derecho a la información, insta al Gobierno español a dar pasos más audaces hacia el cumplimiento de las normas internacionales sobre este derecho fundamental, y a garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información sin los múltiples obstáculos que en la actualidad están dando lugar a una grave infrautilización de la ley.

A pesar de los avances legislativos logrados desde que en diciembre de 2014 entrase en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el número de solicitudes de acceso a la información sigue siendo muy bajo: menos de 5.000 al año a nivel nacional, con un escandaloso 69% de las solicitudes presentadas por hombres, sólo un 26% por mujeres y el 5% restante por personas jurídicas (empresas u ONG).

Tres obstáculos clave explican esta situación. El primero es que para realizar una solicitud en línea se requiere un certificado digital, algo que la mayoría de los ciudadanos no tienen, por lo que las solicitudes tienden a ser realizadas por un pequeño número de periodistas y empresas. En segundo lugar, existe una estructura legal enormemente compleja, con diferentes leyes -y diferentes sistemas de solicitud- en las 17 comunidades autónomas de España, a lo que se suman algunas ordenanzas a nivel municipal. En tercer lugar, la falta de concienciación de los periodistas y las ONG sobre este derecho, por no hablar de la población en general.

Otro problema es la mala calidad de las respuestas, que sólo en 2018 provocó un aumento del 25% en el número de quejas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Además, existe una tendencia creciente entre los organismos públicos a recurrir a los tribunales para impugnar las decisiones del Consejo o simplemente ignorarlas, lo que resulta en el incumplimiento de más de la mitad de las resoluciones del CTBG. Es más, el 75% de los recursos contra resoluciones del Consejo proceden de la propia Administración, según un artículo de El País. "La falta de voluntad política para cumplir con las decisiones del Consejo de la Transparencia es escandalosa, y no hace más que agravar el desordenado e incompleto estado de respeto de este derecho en España", comentó Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info.

"La prioridad de los gobiernos entrantes debe ser fortalecer tanto los poderes como los recursos del Consejo de Transparencia, para que pueda desempeñar su papel clave en la defensa de este derecho democrático. El próximo gobierno también debería reconocer este derecho fundamental, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eliminar los requisitos de identificación para que sea fácil para todos solicitar información", concluyó Darbishire.

Access Info destaca que, en diciembre de 2016, más de 50 de los principales expertos constitucionales, abogados y académicos españoles ya firmaron una carta abierta pidiendo al Gobierno español que reconociera el acceso a la información como un derecho fundamental en línea con la jurisprudencia internacional que vincula el derecho a la información con la libertad de expresión.

Construyendo una Cultura de Transparencia

España es miembro de la Asociación de Gobierno Abierto (Open Government Partnership) de 80 países, así como el único país en el mundo con dos entidades subnacionales miembros del OGP - el Ayuntamiento de Madrid y el gobierno del País Vasco.

El trabajo de gobierno abierto de España se ha estancado recientemente, sin que se haya producido ningún avance en el IV Plan de Acción del OGP -que debería haber finalizado a mediados de 2019- debido a la falta de un gobierno tras una serie de elecciones generales inconclusas.

Access Info y los miembros de la plataforma de la sociedad civil Coalición Pro Acceso, que cuenta con casi 100 miembros, han pedido que se incluya una serie de medidas en el próximo Plan de Acción del PPO, entre ellas:

Adoptar una ley de regulación de lobbies y establecer un registro exhaustivo de estos grupos de presión para que la influencia de las empresas en la toma de decisiones sea transparente.

Adoptar una ley completa de protección de denunciantes, en línea con la nueva Directiva Europea.

Comprometer más recursos y poderes al Consejo de Transparencia.

Aprobar el Reglamento de la Ley de Transparencia, que debería haber sido adoptado en el primer trimestre de 2014, antes de que la ley entrara en vigor en diciembre de 2014.

Abrir el Registro Mercantil, un conjunto de datos vitales para la lucha contra la corrupción.