Ya hace mucho que Don Quijote de la Mancha, mientras cabalgaba a caballo junto a su fiel servidor Sacho Panza, le comentó aquella mítica frase que decía “Ladran Sancho, señal que cabalgamos'. Algo muy similar está sucediendo desde hace varios años en nuestro país cuando hablamos de Gobierno Abierto (open government, en inglés).

Somos ya muchos los que debatimos, investigamos, publicamos o compartimos conocimiento en torno al OGOV. Alientados por los múltiples casos de corrupción, opacidad y desafección ciudadana los españoles estamos percibiendo al Gobierno Abierto como antibiótico de la crisis democrática y política española (nada que ver con la económica).

En los últimos años se han puesto en marcha en muchas partes del mundo iniciativas y estrategias de “Gobierno Abierto” orientadas a mejorar la transparencia de los gobiernos, fomentar la participación de los ciudadanos en el diseño e implementación de políticas públicas y mejorar la colaboración entre administraciones y entre éstas, la sociedad civil y el mundo empresarial.

Las políticas de Gobierno Abierto tienen como objetivo mejorar la calidad de los sistemas democráticos, mejorando la confianza de los ciudadanos y mejorando la eficiencia y la eficacia de la acción del gobierno, aprovechando las ventajas que ofrecen Internet y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Es por ello, como decimos, que el concepto de Open Government, o Gobierno Abierto, como mecanismo de transparencia y control de la actividad de los gobiernos, está ocupando un lugar cada vez más destacado en las agendas y programas de las formaciones políticas, y se presenta como una herramienta que permite reforzar la confianza en el aparato de gobierno, fundamental en cualquier sociedad, pero especialmente relevante en el caso de España donde el último barómetro del CIS refleja que una de las principales preocupaciones de los españoles es la clase política, sólo por detrás del paro y de la situación económica.

En España se han puesto en marcha recientemente algunas estrategias por parte del Gobierno central relacionadas con la reutilización de información pública (Proyecto APORTA) y con la transparencia (Proyecto de Ley de Transparencia) y por parte de algunas Comunidades Autónomas (como el País Vasco y Cataluña) y Entidades Locales.

En la Facultad me enseñaron que antes de iniciar cualquier tipo de investigación o proyecto hemos de diagnosticar donde nos encontramos. Es por ello que con este artículo pretendo difundir la situación del Gobierno Abierto en España. Para ello me basaré en el Estudio de la Demanda y uso de Gobierno Abierto en España 2013 que publicó hace unos meses el ONTSI, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Durante algo más de 250 páginas se recogen numerosas gráficas, datos y conclusiones que nos pueden ayudar mucho a conocer la situación del Gobierno Abierto en nuestro país. Repasaremos algunas de estas conclusiones dividiéndolas en conclusiones generales y específicas. Comencemos por las primeras:

• Los investigadores del estudio afirman, con carácter general, que existe una preocupación por la falta de transparencia de los Gobiernos y las Administraciones Públicas, así como interés en participar en los asuntos públicos. Datos muy relevantes dado que la transparencia y la participación son dos de los fundamentos de las políticas de Gobierno Abierto.

• Dado que el Gobierno Abierto está íntimamente ligado a las nuevas tecnologías y a las oportunidades que ofrece Internet, del estudio se desprende que la elevada confianza y satisfacción que en general genera el uso las TIC e Internet tiene un efecto positivo sobre el uso y las demandas de servicios de transparencia y participación. Sin embargo el estudio destaca que esta exigencia traspasa los límites de lo estrictamente tecnológico y los ciudadanos consideran que debe satisfacerse más allá de estas herramientas, con el fin de no excluir a los colectivos menos habituados a su uso, los afectados por la llamada “brecha digital”.

• A pesar del gran interés por disponer de información completa sobre las actividades del Gobierno y las Administraciones Públicas que muestran los ciudadanos, se ha detectado una importante barrera que conviene tener en cuenta a la hora de diseñar y ofrecer servicios de Gobierno Abierto, que es la desconfianza que muestran los ciudadanos en los datos o en la información pública que los poderes públicos pueden facilitar. Esta desconfianza puede traducirse en un menor uso de servicios o proyectos que se pongan en marcha si los ciudadanos consideran que los organismos públicos no van a facilitar toda la información de manera objetiva y transparente.

Una vez examinadas las conclusiones generales existen varias específicas que merece la pena recoger y analizar, esto es:

• VARIBLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y USO DEL GOBIERNO ABIERTO. En este sentido se concluye que las variables con más impacto en la demanda y uso del Gobierno Abierto son el nivel de ingresos y el nivel educativo, seguido por la edad. Además también se corrobora que los hombres mayores de 40 años con estudios superiores e ingresos elevados son los ciudadanos más interesados en el desarrollo de iniciativas de Gobierno Abierto.

• RELACIÓN ENTRE EL USO DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES, LA ACTIVIDAD POLÍTICA Y LA DEMANDA Y VALORACION DE ACTUACIONES DEL GOBIERNO ABIERTO. En este sentido se partía de las hipótesis que los internautas son más activos social y políticamente (internet-actividad política) y que los internautas, y en particular los usuarios de redes sociales, son más proclives a utilizar los servicios de Gobierno Abierto y son más exigentes a la hora de demandar más servicios y de mayor calidad. (Internet-demanda de Gobierno Abierto). Con referencia a ello se concluye que, si bien estas hipótesis se confirman (según el perfil socio demográfico realizado los más interesados en participar son aquellos ciudadanos a quienes la política interesa mucho (89,4%)), hay que introducir para el caso español una corrección ligada al actual contexto de crisis política e institucional en España, que es la relativa a que los internautas y los usuarios de redes sociales votan menos que el resto de los ciudadanos españoles, aunque en general se muestran más interesados en la política.

• RELACIÓN ENTRE USO DE LA E-ADMINISTRACIÓN Y SATISFACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS. En este epígrafe se extraen las siguientes conclusiones: 1) El nivel de satisfacción con los servicios públicos digitales es mayor que el de los servicios tradicionales. 2) Los que utilizan los servicios públicos digitales tienen una mejor percepción de los servicios públicos en general. 3) Internet es una de las formas preferidas por los ciudadanos para interactuar con las Administraciones Públicas.

• RELACIÓN ENTRE CONFIANZA Y GOBIERNO ABIERTO. Las hipótesis contrastadas en este sentido son varias. En primer lugar se confirma que  los ciudadanos que más confían en las AA.PP. utilizan más los servicios de e-administración y viceversa. Además el estudio también concluye que los ciudadanos más satisfechos con los servicios de e-administración confían más en las AA.PP. Y por último, se puede extraer del estudio que los ciudadanos que conocen y usan las herramientas de participación y consultan datos públicos confían más en las instituciones y en los políticos.

Como conclusión final del informe, podemos decir que en España empieza a surgir una demanda importante de transparencia y de participación en los asuntos públicos con perfiles todavía no muy bien definidos, pero que puede concretarse cuando aparezcan los servicios y proyectos de Gobierno Abierto más alineados con las inquietudes ciudadanas y siempre que se definan y se establezcan con criterios objetivos y con los medios técnicos adecuados. Al igual que en la obra de Cervantes, en España ya se ha comenzado a trabajar en la materia. Tiempo al tiempo, voluntad política y recursos económicos para poder regenerar el valor y la importancia de la democracia, tan denostada en los últimos años.