Las irregularidades contables y el saqueo al erario público en Andalucía no terminan con el caso de los ERE fraudulentos en la Junta. En este sentido, no hay que confundir este asunto con el caso Faffe, sobre el saqueo de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, cerrada desde 2011, aunque tiene nexos con él y hasta con el escándalo de la UGT.

La Faffe era una fundación destinada a la formación de los parados en una de las comunidades autónomas españolas con mayor tasa de desempleo. Pero, en realidad, ha pasado a la historia como el ente público en el que sus dirigentes se gastaban fondos públicos en prostíbulos, viajes o comidas de lujo, además de por funcionar como una agencia de colocación de políticos socialistas, familiares y amigos, como hemos visto que sigue ocurriendo en diputaciones o ayuntamientos. Según los investigadores de la Guardia Civil, fueron 200 los enchufados que, tras la extinción de la Faffe, han pasado a ser empleados públicos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El caso más conocido es el de Antonio Torres, exalcalde de Lebrija, que estuvo en nómina durante ocho años y cobró medio millón de euros sin pasar por el despacho. Pero, además, según El Mundo, se pagó un máster con los fondos de la fundación, que hizo durante su supuesto horario laboral. 

Francisco Aguilera, exalcalde socialista de Montellano, fue otro de los ‘afortunados’ que consiguió un puesto en la Faffe, en el que leía la prensa y se echaba alguna que otra cabezadita. También trabajaban en la fundación la mujer, el cuñado y el sobrino del propio director, Fernando Villén, quien llegó a pagar con una tarjeta de la fundación 15.000 euros en un prostíbulo y 23.000 euros en asuntos personales, según afirmó, en julio de 2018, Javier Carnero, consejero de Empleo por aquel entonces.

Carnero (Es Eficiencia).

El pasado viernes, 8 de noviembre, en el Parlamento de Andalucía, se celebraba una comisión de investigación sobre la Faffe, en la que el propio Manuel Chaves, expresidente de la Junta, y cuatro exconsejeros decidieron acogerse a su derecho a no declarar. Uno de ellos fue Carnero, exconsejero de Empleo y ahora diputado en el Parlamento andaluz, quien afirmó que había “comparecido en esta cámara otras cuatro veces por este mismo asunto” y que PP, Cs y Vox estaban utilizando la comisión para “enturbiar, enmarañar, retorcer la verdad e intoxicar, montando un circo mediático a 48 horas de las elecciones”. Ahora, la propia comisión considera que estos cinco ex altos cargos socialistas se podrían enfrentar a un delito de desobediencia, por lo que serán denunciados ante la Fiscalía.

12 años cobrando sueldos públicos

Hay que tener en cuenta que Carnero no se ha visto implicado en ninguno de los dos casos mencionados, sino que está rindiendo cuentas durante la investigación porque ha sido el último socialista que ha ocupado la Consejería implicada en el caso Faffe. Carnero lleva 12 años cobrando sueldos públicos en política. Se afilió al PSOE en 1998, pero no fue hasta 2007 cuando ocupó un cargo público y lo hizo como alcalde de Benalmádena (Málaga). Entre 2007 y 2009 (no llegó a acabar la legislatura), cobraba 58.904 euros brutos al año, según el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPM). Entre 2009 y 2011 pasó a formar parte de la oposición y ejerció como técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) en el Parque Tecnológico de Málaga.

En 2011, volvió a ocupar la Alcaldía de Benalmádena, pero esta vez durante solo un año y con una dedicación parcial mínima de seis horas y un sueldo que disminuyó hasta los 12.210 euros anuales. Entre el mismo periodo, entre 2011 y 2012, Carnero fue diputado en el Parlamento, aunque no hay ni rastro de más datos sobre esta etapa en la web de la cámara. Entre 2012 y 2015, ha sido el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga. Solo a partir de 2016 hemos comprobado que hay datos disponibles. Así, entre ese año y 2017, el puesto estaba remunerado con 46.069 euros al año; en 2018, con 46.530; y, para este ejercicio, con 48.529 euros anuales. Entre 2015 y 2017, fue consejero delegado de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte en Andalucía.

Entre junio de 2017 y enero de 2019, ha sido el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Según el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, su sueldo en 2017 era de 63.429 euros anuales y, en 2018, de 64.063 euros. En su declaración de actividades, bienes e intereses, publicada en la web del Parlamento de Andalucía señaló unos ingresos de 65.184 euros brutos como consejero en 2018. Sin embargo, en su declaración del IRPF, constan 68.758 euros brutos y le salen a devolver 284 euros. En 2019, un consejero de la Junta cobra 66.230 euros.

Carnero declara dos viviendas de pleno dominio al 50% en Málaga valoradas en 107.621 y 173.422 euros, además de otro bien inmueble valorado en 16.346 euros. A fecha 21 de enero, tenía 9.832 euros en cuentas bancarias; acciones y participaciones en Uniplan (12.366 euros) y en Plan CAIXA (4.814 euros), además de dos créditos hipotecarios al 50%: uno de 15.422 euros y otro de 115.863 euros.

Ahora, como diputado en la cámara andaluza, ingresa 3.198 euros al mes, como todos los parlamentarios, además de un complemento de 520 euros al mes por el cargo de portavoz en la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Son 3.717 euros al mes. Según sus nóminas mensuales, son 2.704 netos y, en junio, cobró 6.324 euros brutos por la paga extra (4.738 netos).

Pero, además, según el régimen económico de los diputados para 2019, tienen derecho a una indemnización libre de impuestos que varía en función de la distancia entre el Parlamento y la residencia habitual del diputado. Fuentes parlamentarias nos han confirmado que no tienen acceso a ese dato, pero que teniendo en cuenta que es diputado por Málaga se pueden hacer los cálculos. Es decir, Carnero recibiría la cantidad semanal de 340 euros, para distancias de entre 201 y 300 kilómetros. Son unos 1.360 euros netos más al mes.

Abogado y político

Javier Carnero Sierra nació en Málaga en 1969 y se licenció en Derecho por la Universidad de Granada. También ha hecho un curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales en el Instituto de San Telmo y otro de Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente en el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Barcelona. 

Ejerció como abogado en un despacho propio hasta 2004 y durante los tres años siguientes fue responsable técnico de la Escuela de Empresas de Coín. Ese año, empezó su carrera política como alcalde de Benalmádena.