MADRID (EUROPA PRESS).- La etarra Inés del Río Prada, que debe 19 millones de euros al Estado en concepto de indemnizaciones a las víctimas de sus atentados, podría cobrar un subsidio de hasta 7.668 euros al que pueden acceder todas las personas que han permanecido más de seis meses en prisión y salen sin haber realizado un trabajo remunerado dentro y sin tener empleo fuera, entre otros requisitos.

Se trata de un subsidio mensual de seis meses de duración, pero que puede ser prorrogable "por otros dos periodos de igual duración, hasta un máximo de dieciocho meses". La cuantía de este subsidio mensual es de 426 euros. Corresponde al 80 por ciento del Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IMPREM) vigente, que actualmente es de 532,51 euros, según establece en su web el Ministerio de Empleo.

Según estos criterios, todo recién excarcelado que quiera acceder a este subsidio debe estar desempleado, inscribirse como demandante de empleo en el plazo de un mes desde su salida de prisión y "no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional desde la inscripción como demandante de empleo".

Además, el solicitante debe carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente (645,30 euros). Del Río se declaró insolvente para no pagar sus indemnizaciones que asumió la Administración. Esta deuda asciende a 19 millones de euros sólo en lo que afecta a sus víctimas, informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.

Por su parte ETA prohíbe a sus presos desempeñar trabajos remunerados en prisión, una instrucción que, como todas las demás, Inés del Río obedeció de manera fiel durante sus 26 años en la cárcel. La banda terrorista tan sólo permite actividades intelectuales y no remuneradas al defender que su estancia en prisión se debe a motivos políticos y no sociales.

Ley de enjuciamiento civil

En relación a la compatibilidad entre este subsidio y la enorme deuda de Del Río, un portavoz del Ministerio de Empleo remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil como el mecanismo que se tiene en cuenta a la hora de embargar subsidios. A lo largo de todo el redactado de esta Ley no se hace ninguna excepción para casos de condenados por delitos graves o terroristas.

Esta Ley de Enjuiciamiento Civil aclara en cambio en su artículo 607 sobre "embargo de sueldos y pensiones" que "es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional". En este caso el subsidio para los liberados de prisión es de 426 mensuales, por debajo de los 645,30 euros del salario mínimo y por tanto inembargable según este criterio.

En su sentencia en la que derogó la aplicación de la doctrina Parot, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, condenó a España a indemnizar con un total de 31.500 euros a la histórica integrante del comando Madrid de ETA condenada por 24 asesinatos.

No obstante, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, rechazó de plano esa posibilidad apelando a la deuda que aún mantiene la terrorista con el Estado. "No recibirá ninguna cantidad de dinero de las instituciones españolas", llegó a decir en la rueda de prensa posterior a la publicación de la sentencia.

Debate en el Congreso

Por su parte, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) va a exigir este miércoles al Gobierno en el Congreso que los terroristas excarcelados no puedan cobrar este tipo de ayudas si no se arrepienten, colaboran con la Justicia y piden perdón a sus víctimas. La formación magenta va a plantear esta reivindicación a través de una interpelación al Gobierno, lo que le permitirá someter a votación, en la tercera semana de noviembre, una moción para que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre su propuesta.

En texto que ha registrado en el Congreso denuncia que los terroristas pueden beneficiarse de esta norma sin necesidad de haber mostrado arrepentimiento, voluntad de reinserción o de colaboración con la Justicia. De hecho, añaden, los condenados por terrorismo puede llegar a cobrar simultánea o consecutivamente, distintas ayudas laborales o sociales del Servicio Público Estatal de Empleo y de una comunidad autónoma.

La formación que lidera Rosa Díez apunta, además, que organizaciones cercanas a ETA como Harrera Elkartea asesoran a los miembros de la banda sobre cómo aprovecharse de esas ayudas, aconsejándoles, por ejemplo, no empadronarse en el domicilio de los padres o familiares. Al igual que del Río varias decenas de etarras podrían salir de prisión en los próximos meses tras la derogación de la 'doctrina Parot'.

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